Entrevista a Pablo Javier Becerra/Profesor-investigador de la UAM-Iztapalapa

Nora Rodríguez Aceves

Las leyes secundarias en materia político electoral aprobadas por el Congreso de la Unión no estuvieron hechas para garantizar mejores elecciones o mejores diputados o mejores partidos políticos; estuvieron hechas para ajustarse a la visión que de entrada le dieron a la reforma constitucional, la de centralizar los procesos electorales y convertir el Instituto Nacional Electoral (INE) en el gran factor decisivo del sistema electoral, porque fuera de eso, si revisamos con detalle los requisitos para candidatos, los derechos, las obligaciones de los partidos, son los que ya teníamos, se modificaron pocas cosas, por ejemplo, se modificó el umbral de entrada para conservar el registro del 2 al 3 %; eso no garantiza que haya mejores partidos; garantiza, tal vez, que los más pequeños que lograron sobrevivir todavía en 2012 no sobrevivan en el proceso electoral de 2015, afirma Pablo Javier Becerra Chávez, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de México. Unidad Iztapalapa (UAM-Iztapalapa).

De ahí que tenga la impresión de que lamentablemente estas nuevas leyes “no tenían el objetivo deliberado de conducirnos a un sistema electoral superior en calidad al que ya teníamos sino básicamente de ajustarnos a la reforma constitucional publicada en febrero pasado, que descansó en el supuesto de que se debían centralizar los procesos en manos de un Instituto Nacional Electoral, porque se partía de la idea de que en los estados los gobernadores controlaban los institutos electorales y los tribunales electorales. Creo que después de la elección de 2015 de nuevo veremos el tema de la discusión sobre nuevas reformas electorales”.

De igual forma, esta reglamentación tampoco disminuirá el costo de las elecciones. “Cuando nos vendieron la idea de la reforma electoral, cuando desde el Pacto por México el PAN y el PRD insistían en que debían desaparecer los institutos locales, nos vendieron la idea de que las elecciones serían más baratas porque, como desaparecerían esos cuerpos organizativos de los procesos electorales en los estados, las elecciones podrían ser más baratas. No ha sido así, el INE ya hoy está planteando que solicitará una ampliación presupuestal dada la gama de nuevas funciones que tendrá que resolver y en los estados los institutos electorales no desaparecieron, solamente cambiaron de nombre, se convirtieron en Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), pero seguirán ahí, y los tribunales electorales tampoco desaparecieron, seguirán ahí y seguiremos teniendo prerrogativas para los partidos a nivel federal y prerrogativas para los partidos a nivel local.”

Elecciones más caras

Por lo tanto, “en 2015 y en 2018, más que ver un abaratamiento de las elecciones, lo que veremos será un aumento del presupuesto que demandan tanto el INE como los institutos locales electorales ahora convertidos en Oples, como el tribunal y los tribunales electorales locales; y si el haber de retiro se mantiene, es obvio que esto impactará sobre el presupuesto que demande el tribunal electoral. El planteamiento de que los procesos electorales serían más baratos no lo veremos convertido en realidad, será al revés, los procesos serán un poquito más caros”.

De acuerdo con el análisis que Pablo Javier Becerra hace para Siempre!, “en lo fundamental, el marco legal que ya se tenía cumplía con expectativas de democracia, lo que ahora se ha elaborado ya como el paquete de leyes secundarias en materia electoral más bien tiene que ver con adecuar el sistema electoral que se tenía, el cual, en mi opinión, ya garantizaba elecciones limpias e imparciales. Las leyes que se aprobaron son: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), es una ley abundante, voluminosa, porque en lo fundamental es el anterior Cofipe —Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales—; la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), Ley General de Delitos Electorales; ya llevamos tres, nos quedaron a deber una, la ley que debía regular el artículo 134 de la Constitución que tiene que ver con la propaganda gubernamental, para variar aún no se ha aprobado; y nos siguen debiendo otra los legisladores, desde la reforma de 2007-2008, la que tiene que ver con reglamentar el derecho de réplica, ahí se van acumulando faltantes. Afortunadamente, no se acumularon más, sí se aprobaron estas tres leyes básicas, la Legipe, la LGPP, la Ley General de Delitos, y, además, se hicieron pequeñas adecuaciones a la Ley de Medios de Impugnación —que ya teníamos una Ley General del Sistema de Medios de Impugnación—, solamente se añadieron algunas adecuaciones sobre todo en materia de en qué condiciones se puede declarar la nulidad de una elección, que es algo que se añadió al artículo 41 constitucional”.

Asimismo, “también se hizo una pequeña reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para introducir nuevas salas, habrá una Sala Regional Especializada, además de las cinco salas regionales y la Sala Superior, y de igual forma se aprovecho esta reforma para introducir, medio de contrabando, el tema del haber de retiro para los magistrados de la Sala Superior; solamente quedó ahí en una línea que habrá un haber de retiro cuya lógica será determinada internamente para los magistrados de la Sala Superior, no para todos, sólo para los de la Sala Superior, que dio lugar al debate de las últimas dos semanas que de hecho ha opacado el debate sobre los otros temas, sobre los temas sustanciales de las otras leyes”.

Requisitos para ser consejero electoral

Entre los muchos temas que para el investigador de la UAM tendrían que haber tenido una discusión más profunda, hay uno en la Legipe, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales “que tiene que ver con los requisitos que deben satisfacer los consejeros del Consejo General del INE; eso apenas se aprobó en este extraordinario del mes de mayo, sin embargo ya se habían nombrado a los consejeros desde el mes de abril. ¿Qué requisitos tuvieron que cubrir los consejeros?, ahí sí que la Cámara de Diputados hizo una convocatoria con requisitos retomados del Cofipe anterior; en mi opinión, eso fue totalmente irregular porque los requisitos para consejeros del INE apenas se aprobaron y los consejeros del Consejo General del INE apenas deberían estarse nombrando, pero esos problemas a nuestro Poder Legislativo no se le da cómo resolverlos”.

Aunque, “el problema central es que hay un requisito para ser consejero del Consejo General del INE y luego se repite en los requisitos para Consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales, que es absurdo, se establece como requisito no haber sido miembro del servicio profesional electoral durante el último proceso electoral, ¡esto es absurdo!, porque ¿quiénes son los que saben de lo electoral sino también en parte los que son miembros del servicio profesional electoral?, y sin embargo aquí se rescató o se recogió una prohibición que viene desde el Cofipe reformado en 2007, que nadie sabe por qué está ahí, se prohíbe que puedan ser consejeros del Consejo General los que fueron miembros del servicio profesional que por definición son los que deberían saber de los temas electorales”.

Para Becerra Chávez, otro tema es el de los candidatos independientes, “en la Constitución quedó la figura de candidaturas independientes, de hecho eso había quedado ya desde la reforma que se publicó en el mes de agosto de 2012, la figura de candidaturas independientes, pero el problema central es que tal como queda en la Legipe es imposible de satisfacer; su regulación en la ley secundaria es tan absurda, tan excesiva, que será un milagro ver un candidato independiente en 2015”.

Regulación excesiva

De tal forma, “se regularon algunos temas en la Constitución para luego en la ley secundaria simple y sencillamente hacerlos nugatorios, imposibilitarlos, habrá que ver cómo ocurre, cómo se presenta en la elección de 2015, pero tengo la impresión de que estos temas se regularon de una forma excesiva. En parte puede ser por el temor de los partidos a que eventuales candidatos independientes les hagan competencia, y en parte puede ser también porque no permitieron una discusión seria; ¿qué discusión se puede dar sobre una ley que tiene más de 400 artículos y que debe ser resuelta en un par de horas? Solamente los temas que cada bancada decide reservar, pero dado que tenían el compromiso de que el extraordinario solamente duraría un día para el Senado y dos para la Cámara de Diputados todos los temas reservados se fueron resolviendo de inmediato”.

Aunque el especialista en Estado y sistema político en México, teoría de los sistemas electorales y teoría de los sistemas de partidos asegura que “los diputados y los senadores nos quedaron a deber con las leyes secundarias que aprobaron, debieron haber hecho una discusión más seria, no sé por qué el Legislativo solamente puede convocar a extraordinarios de uno o dos días; ¿en verdad los diputados y los senadores están tan ocupados en sus otras actividades que no pueden dedicarle más días a un periodo extraordinario?, porque así viene el de telecomunicaciones y así viene el de energética, querrán resolver toda una discusión que debería ser más seria en uno o dos días, y así fue esta discusión en este caso, por eso llegamos a absurdos como éste de que se aprobaron cosas que ya luego los grupos parlamentarios están pensando cómo revertir en una nueva reforma legal, ¡lo cual es absurdo!, porque eso debieron haberlo resuelto cuando discutieron la iniciativa de ley secundaria en cada uno de los temas, y no aprobar para luego decir: como no leímos esto, para la siguiente hay que hacer una nueva iniciativa que reforme lo que acabamos de aprobar”.

En este contexto, el también integrante del Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones de la UAM-Iztapalapa advierte que el escenario para aplicar este paquete de leyes reglamentarias en los comicios del próximo año “está complicadísimo, primero porque la propia reforma, la de Legipe, plantea para los institutos locales una serie de fechas que constituyen una presión inmediata, ya que el Consejo General de INE tiene de aquí hasta el 30 de septiembre para aprobar el nombramiento de los consejeros electorales de los nuevos organismos públicos locales electorales; esto es, tienen junio, julio, agosto y septiembre, pero los procesos electorales de 2015, los federales y los locales, deberán comenzar en la primera semana de octubre, entonces tenemos que los consejeros que sean nombrados de inmediato entrarán a aplicar esta normatividad electoral”.

Voto en el extranjero

Además, “hay otra cosa, hay muchos temas que la LGPP, la Ley General de Partidos, remite a la legislación local; por decir algo, se introduce el voto de los mexicanos en el extranjero para elegir presidente, senadores y gobernadores, siempre y cuando esto último, lo de los gobernadores, sea previsto en las leyes de cada estado, para lo cual se deben adecuar las leyes y las constituciones electorales locales a la reforma federal; el Consejo General tendrá 180 días para elaborar todos los nuevos reglamentos; la designación de los consejeros de los Oples deberá ser a más tardar el 30 de septiembre de 2014, pero, como sabemos, la jornada electoral de 2015 será el primer domingo de junio, a pesar de ello el proceso electoral arrancará la primera semana de octubre de tal forma que debemos tener ya todo, el nuevo marco legal de aquí a octubre porque debemos recordar que no puede haber reformas electorales tres meses antes —90 días antes— de que empiece el proceso electoral, entonces quiere decir que debemos tener todo el marco legal de todos los estados donde habrá elecciones el año que entra, que son 17, adecuado a más tardar a fines del mes de junio, o sea, que ya sólo nos queda mayo, unos días, una semana y todo junio para que en los estados se actualicen sus constituciones y sus leyes electorales locales para lo que se acaba de aprobar a nivel federal”.

Ahí “tenemos una serie de presiones de tiempo fuertísimos, simplemente para el voto en el extranjero se señala también que se establecerá por vía electrónica, pero siempre y cuando se hagan las pruebas necesarias que garanticen que será totalmente confiable; si no es así, esperaremos a 2018, y si de aquí a 2018 no hay un sistema de voto electrónico confiable, será hasta una elección posterior. En los transitorios se matizan muchos de los aspectos que se aprobaron en el texto de la ley, debe estar expedido el estatuto del servicio profesional electoral nacional a más tardar el 31 de octubre de 2015, ya montados en pleno proceso electoral, y se reconoce que aún no se ha expedido la ley en materia de réplica”.

La Cámara alta “también debe designar a los magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral con antelación, al inicio del siguiente proceso electoral local que corresponda, es decir, lo mismo que tendremos que hacer un maratón de nombramientos en el Consejo General del INE tiene que hacerlo el Senado para nombrar a los magistrados por lo menos de los 17 tribunales que están en los estados donde habrá elección el año que entra”.

“Lo que ocurre es que hay que meterse al texto de detalle de la ley, hay que revisarla cuidadosamente porque en verdad hay muchas cosas que están, uno no sabe si deliberadamente, mal redactas, o redactadas de una forma tan complicada que a primera vista es difícil entenderlas, y hay que revisarlas varias veces y hay que cotejarlas con la reforma constitucional, y hay que cotejarlas con la ley de medios para entender ¿qué es lo que quiere decir?…”