El Gobierno argentino evitó manifestar una postura oficial sobre la situación del vicepresidente Amado Boudou –quien se encuentra en una gira oficial en Cuba- y aseguró que el tema no ha sido objeto de conversaciones con la presidenta Cristina Fernández.

El jefe de gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, dijo al respecto – tras su rueda de prensa diaria- “no hemos tenido diálogo”, refiriéndose a la mandataria Cristina, y que “primero, en mi carácter de jefe de Gabinete, no soy abogado penalista para opinar sobre la situación procesal o la decisión de un juez. Segundo, todo lo que había que decir, ya se ha dicho”.

El viernes pasado, 27 de junio, el juez federal Ariel Lijo decidió procesar a Boudou por los delitos de “cohecho y negociaciones incompatibles” con su cargo, aunque sin prisión preventiva, al considerar que el Vicepresidente, durante su gestión al frente del Ministerio de Economía (2009-2011), intervino para salvar de la quiebra a la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica y, luego, contribuyó a dejar en manos de supuestos allegados la gestión de la empresa; la compañía fue nacionalizada tiempo después.

El juez dispuso el embargo sobre los bienes del Vicepresidente por unos 24 mil 600 dólares y los delitos que se le imputan tienen, cada uno, una pena de uno a seis años de prisión; Boudou tendrá que declarar, además, en otro proceso abierto por la presunta compra ilegal de un vehículo con documentación falsa.

Mientras, la defensa del vicepresidente confirmó que en los próximos días apelará la medida judicial, a la que consideró “un cuento de hadas contado de forma fantástica para que la prensa lo pueda reproducir”.

La mayoría de los dirigentes opositores al gobierno de la presidenta Cristina Fernández, por su parte, coincidió en la necesidad de que Boudou abandone su cargo hasta que se defina su situación legal, aunque no acordaron el modo en el que debería hacerlo: si por renuncia, licencia o el inicio de un proceso de juicio político en el Congreso.

Este asunto es uno de los mayores escándalos vinculados a la corrupción durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se ha negado a hablar sobre el caso, en tanto que varios de sus funcionarios han defendido el derecho de defensa del vicemandatario.