Avances
Miguel Barbosa Huerta
Es tiempo de que el Congreso de la Unión culmine la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pendiente desde diciembre del año pasado.
El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República está listo para discutir el paquete de reformas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Se ha desinstalado el acuerdo que había entre el gobierno federal y el PAN para imponer un dictamen; se están creando las condiciones para avanzar en una discusión seria y ordenada del paquete de reformas en este importante tema. En este proceso de construcción con el gobierno, el voto del Grupo Parlamentario del PRD no está comprometido.
Hasta el momento que se escriben estas líneas, los avances más significativos en la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión son:
El establecimiento de reglas de competencia apegadas a la Constitución, en materia de preponderancia, interconexión y nuevos competidores.
En la propuesta del gobierno se pretendía modificar el concepto de preponderancia y diferenciaba criterios para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Hemos logrado que la redacción regrese letra por letra a la definición constitucional de este concepto, de modo que ambos sectores se rijan con los mismos criterios.
En materia de interconexión, la iniciativa presidencial carecía de un plazo para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolviera los posibles conflictos de interconexión, lo que permitía un espacio gris que podría beneficiar a alguna de las empresas en conflicto. Ahora se establecería un plazo de 90 días para evitar la evasión de responsabilidades y garantizar que los asuntos ingresados al Instituto sean atendidos en tiempo.
En materia de nuevos competidores, la iniciativa del Presidente señalaba que las comercializadoras podían adquirir capacidad sólo de una red pública. Ahora, podrán adquirirla en una o en varias redes. Esto beneficiaría la capacidad de adquisición de las comercializadoras, lo que permitiría mejorar la oferta y paquetes de servicios para los usuarios finales.
El fortalecimiento de la autonomía del IFT. En la iniciativa del gobierno se disminuían las facultades del Instituto. A contracorriente de las pretensiones gubernamentales, se regresa al texto constitucional, de modo tal que correspondería al IFT vigilar y sancionar los tiempos máximos de publicidad y las obligaciones de los concesionarios sobre derechos de las audiencias; supervisar que la programación y publicidad destinada al público infantil cumpla con la ley; ordenar la suspensión de la programación que no cumpla con los lineamientos que emitan las secretarías de Gobernación y Salud en el ámbito de sus competencias.
La ampliación de los derechos de las audiencias. La iniciativa gubernamental únicamente establecía un catálogo mínimo de los derechos de las audiencias y pretendía la autorregulación de los medios sin mecanismos para que los defensores de las audiencias atendieran las quejas. Tampoco establecía sanciones. Entre los avances logrados se amplían estos derechos, al establecer que la obligación de la autorregulación será en apego a códigos de ética que sigan lineamientos expedidos por el Instituto. Se establecen sanciones para los defensores de las audiencias que no cumplan con sus obligaciones legales y las derivadas de dichos lineamientos.
El establecimiento de los derechos de los usuarios. Desde la perspectiva del gobierno únicamente reconocía como estos derechos los establecidos en la Ley de Protección al Consumidor y a la Procuraduría Federal del Consumidor como único supervisor y sancionador. Se logró construir un catálogo de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones como la protección de los datos personales, la portabilidad del número telefónico, la bonificación o descuento por fallas en el servicio o cargos indebidos.
Accesibilidad a personas con discapacidad. La iniciativa del gobierno carecía de mecanismos de acceso a la radiodifusión y a las telecomunicaciones para personas discapacitadas. Ahora, se crearían dos capítulos en esta ley. Uno es sobre derechos de audiencias y el otro de derechos de usuarios con discapacidad.
Fortalecimiento de las concesiones de uso social e indígena en materia de regulación específica, reserva del espectro radioeléctrico y financiamiento.
Colaboración con la justicia. En el capítulo correspondiente, se vulneraba el derecho a la privacidad al permitir el bloqueo de señales. Entre los avances se elimina la facultad de la autoridad de bloquear, inhibir o anular las señales en eventos y lugares “críticos”; se regula la geolocalización; se evita la privatización de la censura y el bloqueo de contenidos.
Se determina con claridad la autonomía editorial del que ahora se denominará: “Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano”. Este sistema no estará sectorizado a la Secretaría de Gobernación y su Junta de Gobierno tendrá 7 miembros: 3 del gobierno (Segob, SEP, Salud), 3 ciudadanos y un presidente propuesto por el Ejecutivo federal y ratificado por el Senado.
Se fortalece la programación y producción nacional independiente. Se modifica la definición y se agregó una nueva, en la cual el productor nacional independiente no cuenta con una concesión de telecomunicaciones o radiodifusión, ni es controlado por un concesionario en virtud de su poder de mando.
Los senadores del PRD impulsaremos que en esta reforma se incluyan temas pendientes que se están llevando a las mesas de acuerdo, para que la sociedad cuente con medios de comunicación que proporcionen servicios de mejor calidad y precio. Además, nos opondremos firmemente a cualquier intento de retroceso o cambio que implique censura a la libertad de expresión.
Coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República.