El respeto a creencias y convicciones
Miguel Barbosa Huerta
Las desafortunadas declaraciones del senador José María Martínez Martínez, como presidente de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República, el pasado 12 de junio, abrieron una polémica sobre la responsabilidad de los poderes públicos para proteger la institución fundamental de nuestra sociedad.
Dos precisiones necesarias.
Primero, que las palabras del senador José María Martínez en la instalación de esta Comisión y en posteriores entrevistas son estrictamente personales y de ninguna manera expresan el punto de vista de esta Comisión y, mucho menos, del Senado de la República.
Basta revisar el micrositio correspondiente, donde puede leerse que su misión consiste en “trabajar a favor de defender y hacer efectivos los derechos humanos de los integrantes de las familias, en coordinación con las diversas instituciones públicas, sociedades civiles y sociedad en general, con el propósito de sumar esfuerzos para lograr atender las necesidades de la familias mexicanas.”
Como puede leerse, la misión institucional de esta Comisión nada tiene que ver con el discurso del senador Martínez Martínez, que declaró: “Tenemos que cerrar la puerta ya a algunas entidades o algunos políticos que están pensando más en modas o en tendencias o incluso que nos han llevado a pensar en la muerte (…) Tenemos que trabajar en políticas que fortalezcan la familia, a la mujer y también a nuestros jóvenes. No queremos el aborto”.
Las declaraciones del senador José María Martínez Martínez se inscriben en una visión de un grupo de la derecha mexicana ultraconservadora, que se niega a aceptar los cambios innegables en nuestra sociedad, o en temas en que incluso el propio papa Francisco ha mostrado apertura, como cuando declaró que “si una persona es gay y busca al Señor con buena voluntad, quién soy yo para juzgarla”.
Segundo, que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), mediante el cual se creó la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano le otorga un carácter especial y no ordinario.
Esto significa, que carece de capacidad de dictaminación y que se extinguirá con la actual legislatura. El hecho de que en el acuerdo de la Jucopo aparezca como ordinaria es un error, que debe corregirse.
La sociedad mexicana es plural y diversa, por lo cual el Congreso debe crear leyes y normas que garanticen la plena vigencia de nuestros derechos y libertades.
En un siglo, la sociedad y las familias mexicanas se transformaron al ritmo de los vertiginosos avances tecnológicos, movimientos culturales y guerras. Al inicio del siglo XX, la sociedad mexicana era fundamentalmente rural y analfabeta.
A pesar de que México, en la segunda mitad del siglo XIX, se había definido como una república con plena separación entre el Estado y la Iglesia, persistía un fuerte sentimiento dogmático y secular.
A partir de la promulgación de la Constitución de 1917, poco a poco avanza la consolidación de un Estado laico, acorde con el desarrollo y la transformación de las principales instituciones sociales, entre éstas, la familia.
Existen excelentes estudios históricos, antropológicos y sociológicos; películas, novelas, canciones, que desde el cine, la literatura y la música, ilustran estas transformaciones.
Las estadísticas también aportan datos que no podemos ignorar como que 5.7 millones de familias se encuentran a cargo de mujeres, como lo reporta el INEGI. Un fenómeno que no es propio de un solo estrato social. Ahí se encuentran las esposas de migrantes que en condiciones de extrema pobreza tienen que asumir la responsabilidad de mantener a los hijos, o las mujeres profesionistas de clase media, que asumen la función de proveer los recursos necesarios para el sostenimiento del hogar.
También están diversos estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o del Colegio de México (Colmex), que identifican a miles de familias con padres solteros o divorciados o miles de hombres y de mujeres de la comunidad lésbico,homosexual, bisexual o transexual, que ejercen su paternidad o maternidad.
El PRD, la izquierda, está por la defensa plena de los derechos y libertades de las mujeres y hombres, tal y como lo establece el capítulo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consideramos que el reconocimiento a los varios tipos de familia que ahora existen y el libre ejercicio de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, constituyen avances sustanciales en la sociedad mexicana, que son acordes con la pluralidad y diversidad que ahora nos caracteriza.
El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado realizará las acciones necesarias para que la Comisión de la Familia y el Desarrollo Humano realice sus trabajos de manera institucional y de acuerdo con los fines y objetivos para la que fue creada y no desde la particular visión de quien la preside.
Los legisladores estamos obligados a ser sensibles a las demandas y anhelos de la sociedad y respetuosos de sus creencias y convicciones, y esto sólo es posible con el respeto pleno a la laicidad del Estado mexicano.
Coordinador Parlamentario del PRD
en el Senado de la República.