La bancada del PAN en el Senado presentará este miércoles un paquete de reformas para garantizar mecanismos de combate a la corrupción de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuando sean transformadas en empresas productivas del Estado.

En la iniciativa se establece la facultad para aplicar la Ley Anticorrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuando sean transformadas en empresas productivas del Estado.

En la iniciativa se establece la facultad para aplicar la Ley Anticorrupción en las contrataciones públicas de carácter federal que realicen las empresas, la cual será ejercida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) hasta que se dé creación al nuevo órgano autónomo de combate a la corrupción.

En el documento, que será llevado a la tribuna de la Comisión Permanente, se advierte que es necesario realizar las modificaciones, ya que la propuesta del Ejecutivo en materia energética resultó omisa.

De no llevarse acabo la adecuación que se propone, se generaría un vacío que podría ser inaplicable esta ley en las empresas productivas del Estado, por la ausencia de autoridad competente la materia”, refieren los panistas.

Para no generar vacíos en aplicación de la Ley Anticorrupción, detallan, también que quedarán incluidos los órganos reguladores del sector, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.

Dicha propuesta incluye cambios a las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica para que la legislación aplique a los contratos y permisos otorgados por Pemex y CFE.

También se establecen de manera literal que las sanciones en materia de corrupción podrán aplicar contra el cohecho administrativo, realizar actos de simulación para evadir requisitos a reglas, fungir como interpóstia persona de una inhabilitada y tráfico de influencias.

Por otra parte el PAN propone modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como a la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo, para regular la impugnación de actos irregulares cometidos por las empresas en los concursos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras.

A diferencia de la propuesta del Ejecutivo, la impugnación de licitaciones estará a cargo del Tribunal Federal, que aplicará un procedimiento sumario, con el objetivo de agilizar las resoluciones.

La iniciativa detallas que la demanda deberá presentarse entre los 10 días siguientes a la notificación del fallo y la respuesta deberá darse, también en un plazo máximo de 10 días.

Para la instrucción se contempla un periodo que no rebase los 40 días y las sentencias deberán cumplirse en un plazo de 10 días a partir de que sean notificadas, a menos que se conceda la suspensión por amparo.

“Esto provoca un efecto inhibidor de la comisión de actos corruptos, al limitarse la discrecionalidad o falta de honradez con que pueden conducirse los servidores públicos graves como de un entorno empresarial competitivo en el sector de las compras públicas”, indica.

En el régimen transitorio establece que el Tribunal deberá establecer una sala especializada para conocer las impugnaciones que se promuevan contra Pemex y CFE en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras.