El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) comenzó un proceso de investigación administrativa después de analizar quejas recibidas en contra de al menos cinco jueces federales en el país, quienes han otorgado amparos a favor de empresas dedicadas a la comercialización de auto de importación usados, antes conocidos como “ chocolates” y los cuales estarían fuera de la norma para poder circular por rebasar la antigüedad permitida en el decreto presidencial en la materia.
El CJF, consultando al respecto, mantendrá bajo reserva los nombres de los jueces federales investigados hasta que el proceso administrativo concluya, para evitar que éstos se burlen la ley, escondan pruebas de presuntos actos irregulares, se amparen, no vulnerar su imagen si al concluir la investigación no se encuentran datos que permitan comprobar acto ilícitos.
El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís declaro para el diario el “Universal” que dos jueces federales han otorgado 80% de los amparos que permiten la circulación en México de “ basura vehicular” y vinculó dicho otorgamiento a presuntos actos de corrupción de jueces de la Judicatura Federal, dijo está obligada a investigar y sancionar.
“De las importaciones de autos usados, alrededor de 90% (de 644 mil automóviles usados importados vendidos el año pasado), se llevó a cabo a través de suspensiones provisionales, de ese 90% que se importa a través de sus pensiones provisionales, 80% fueron otorgadas por dos jueces, los nombres son conocidos por el Consejo de la Judicatura Federal y nosotros estamos preocupados”, señaló Solís.
El Presidente de la AMIA explicó que cinco empresas en México concentraron el 80% de los amparos otorgados por los jueces en el país, de acuerdo con datos, el parque vehicular en el país es de 22 millones, delos cuales; 7.5 millones son vehículos de
importación usados.