Entrevista a Gustavo Leal Fernández/Investigador de la UAM-Xochimilco

Viridiana Vega

Como cada 5 de junio, los padres de las víctimas del incendio de la Guardería ABC —ocurrido en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio 2009— en el que murieron 25 niñas y 24 niños y más de 70 resultaron heridos, salen a las calles para exigir justicia con la esperanza de que las autoridades correspondientes esclarezcan el caso y actúen para evitar que ocurra de nuevo; lo que los padres no saben es que la tragedia se encuentra, de manera directa, relacionada con el modelo de subrogación y que mientras continúen operando con ese sistema las guarderías del país, los niños seguirán en riesgo.

De acuerdo con el doctor Gustavo Leal Fernández, investigador en temas de salud y seguridad social de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco —desde 1973—, esa tragedia fue causada por el modelo de subrogación propuesto por el entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Santiago Levy Algazi (2000-2005), avalado por la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y aprobado en el gobierno de Vicente Fox, que persiste bajo intereses particulares, como son: ahorrar costos en relación con la disminución de la cuota por niño, reducción de empleados, tipo de alimentación y horario de servicio, además de que dejaron fuera prioridades de calidad del servicio de una guardería, como lo es la consolidación del desarrollo psicomotor, dando mayor importancia a los aspectos relacionados con las medidas de protección civil.

Afectación de la calidad

Ese modelo de subrogación, explica el investigador Leal, afectó en su esencia la calidad de las guarderías, ya que “al subrogar se empieza a operar por criterios de rentabilidad y se sacrifica la calidad del servicio”; y entonces el concepto de guardería deja de coincidir con una estancia, porque una guardería, como las pertenecientes a las del IMSS ordinario o a las del ISSSTE, son funcionales por los profesionales involucrados en el proceso de atención que fomentan el desarrollo psicomotor, además de que cuentan con instalaciones adecuadas, mientras que una estancia carece de ese profesionalismo en su personal que un niño requiere durante la etapa de primera infancia —de cero a cinco años—, aunado a que se ha optado por habilitar casas para que funjan como guarderías.

Para el doctor Leal, es de suma importancia esa etapa de desarrollo para los niños porque en este proceso “intervienen funciones motoras, sensitivas, sensoriales, intelectuales y afectivas”, ya que en ella se va conformando una plasticidad que le va a dar al infante el derecho a ser una persona integral, “va a consolidar su libertad para ser, a partir de ese ambiente, lo que le puede ser”, lo que tiene que ver con la calidad del proceso que atienden los profesionales que están en una guardería, y no sólo con las medidas de protección civil y seguridad.

Insiste en que “el centro del problema no es sólo que las instalaciones sean seguras, sino que tengan la capacidad de generar un ambiente de calidad que consolide el desarrollo psicomotor”.

Fundamentadas en el modelo de subrogación de Levy, surgen —en el sexenio de Felipe Calderón y persisten en el actual gobierno— las “estancias infantiles” de la Secretaría de Desarrollo Social, a las que el doctor Leal llama estancias changarro, similares a las subrogadas por el IMSS e ISSSTE porque tampoco cumplen con los fines de una guardería, pero que se busca mantener mediante el argumento de que si las quitan “se atentaría contra la situación laboral de las mujeres y contra sus derechos”.

“Lo que tenemos a cinco años en el centro del problema es el debate de esquemas de seguridad dentro de las guarderías, y se ha perdido el detonante principal de la letalidad de la tragedia de la Guardería ABC, que es ese modelo de subrogación”, señala el investigador; y “lo que Calderón hizo fue tratar de enfatizar en las medidas de protección civil y lo que no se revisó fue el modelo de subcontratación, que es el responsable de la tragedia”.

Sin aplicación, la Ley 5 de Junio

Respecto la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, también conocida como Ley 5 de Junio, impulsada en 2011 por un conjunto de padres de las víctimas y que entró en vigor desde agosto de 2012, con el fin de vigilar el funcionamiento de las estancias infantiles, para tener un control nacional de ellas, contar con estándares de calidad que cumplan con los derechos de la infancia, y sobretodo para evitar que vuelva a repetirse una tragedia como la de la Guardería ABC, el doctor Leal comenta que “es un gran avance en materia de protección civil, que resulta de una movilización organizada”, pero que sigue estando ese vacío que garantice el desarrollo psicomotor que se presenta en todos los modelos subrogados de las más de mil 500 guarderías del IMSS, las 246 del ISSSTE y las 9 mil 333 de las “instancias changarro” de Sedesol .

A casi dos años de su aprobación, la Ley 5 de Junio sigue sin ser aplicada en casi todo el país, y sólo los estados de Jalisco, Puebla, Sonora, Baja California y el Estado de México han adecuado sus leyes locales, pero aún carecen de reglamento para su aplicación.

Por su parte, Tabasco y el Distrito Federal están en el proceso de adaptación de sus leyes, ante lo que Abraham Fraijo, padre de Emilia Fraijo Navarro —una de las niñas que perdió la vida en el incendio de la Guardería ABC— comenta a Siempre! que “hay una falta de interés en los estados porque los funcionarios no están haciendo su trabajo, la balanza está desproporcionada: la ciudadanía hace cosas para que México mejore, pero la inacción del gobierno es la que está fregando el país”.

Asegura que el presidente Enrique Peña Nieto no ha tenido ningún acercamiento con ellos “a pesar de que, como promesa de campaña dijo que el caso de la Guardería ABC sería una prioridad… Él tiene un deber y le exijo que responda por lo que prometió, tiene un adeudo con nuestros hijos”, expresa.

Modelo en los años ochenta

El doctor Leal coincide con Abraham Fraijo y dice que “es absurdo que el gobierno invoque políticas de productividad y políticas a futuro para la educación superior si con las «estancias changarro» y con los modelos subrogados del IMSS y el ISSSTE están abaratando la consolidación del desarrollo psicomotor”.

“Si realmente se tratara del derecho superior de la niñez, el gobierno eficaz de Peña debería asumir como una de sus prioridades inmediatas el fortalecimiento del desarrollo psicomotor, tal y como se ejerce en los programas de las guarderías no subrogadas del IMSS e ISSSTE. Para ello debería reformar la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil y su Reglamento que regula las guarderías subrogadas —por Levy-Molinar Horcasitas en el IMSS y Yunes en el ISSSTE— y todas las estancias changarro de Sedesol.” [Fragmento del artículo Supervisando estancias changarro de Sedesol, de Gustavo Leal Fernández.]

El doctor Leal explica que en los años ochenta México tuvo presencia por sus modelos de guarderías, debido a la atención de calidad que se ofrecía en ellas. Incluso países como Chile se inspiraron en el modelo mexicano y los presidentes que visitaban el país traían a sus esposas para que vieran las guarderías y su atención a la niñez.

En la actualidad, sin embargo, “es increíble que en un servicio tan básico como es el cuidado de los niños de los trabajadores que hacen funcionar el país lo hagan un mercado, un negocio, son mercaderes de vida”, asevera Abraham Fraijo.

Además de las carencias que hasta ahora persisten en la calidad del servicio de las guarderías, hablando de las instalaciones, las medidas de protección civil y, sobre todo, en cuanto al desarrollo de los niños, es importante recordar el vacío existente en el ámbito penal que claramente se ha manifestado en el caso de la Guardería ABC.

Sólo un detenido

Algunos de los servidores públicos a nivel federal, estatal y municipal involucrados y señalados por los padres como culpables —de homicidio y lesiones culposas—, como el exgobernador de Sonora Eduardo Bours; los exdirectores del IMSS Juan Molinar y Daniel Karam; los dueños de la Guardería siniestrada, Marcia Matilde Gómez del Campo, Gildardo Urquídez Serrano y Sandra Lucía Téllez Nieves, así como personal de la estancia infantil, han sido exonerados, y sólo está preso el exdirector de la Unidad de Protección Civil municipal de Hermosillo, Roberto Copado, detenido la noche del martes 3 de junio de este año, por haber firmado las revisiones que valuaban los dispositivos de seguridad de la Guardería ABC.

Anteriormente este exfuncionario había sido detenido el 19 de diciembre de 2009 y recluido en el penal de Hermosillo. Sin embargo, obtuvo su libertad con el pago de una fianza de 190 mil pesos, pero al dejar de firmar su libertad bajo caución, fue considerado desde 2009 prófugo de la justicia.

“Todos los años sucede lo mismo, y es lo que hablábamos, de las simulaciones; si dentro de dos semanas a mi de dicen que Roberto Copado va a pasar todo su proceso en la cárcel les voy a creer, pero a como están las cosas, en unos tres o cuatro días que pase todo esto va a salir libre, afirma el señor Fraijo.

Las razones para exonerar a los acusados son inciertas, basta con recordar que a principios de este año la excoordinadora de zona de estancias infantiles del IMSS, Irma Crecencia Díaz Gómez, fue exonerada al promover un recurso denominado “incidente de libertad por desvanecimiento de datos”; por esa misma razón quedó liberada de su responsabilidad en la tragedia, Delia Irene Botello Amante, personal de la Coordinación de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El exdirector de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Hermosillo, Jesús Davis Osuna, junto con el exdirector general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del estado, Fausto Salazar, obtuvieron su libertad tras pagar una fianza de 2 y de 2.5 millones de pesos, respectivamente, y en el caso de Salazar, llevó su juicio en libertad.

Otros servidores públicos no fueron juzgados penalmente, sólo recibieron sanciones administrativas. El exsecretario de Hacienda estatal, Gilberto Inda Durán, el extitular de Protección Civil, Wilebaldo Alatriste Candían, y el jefe del Departamento de Control de Vehículos de la Secretaría de Hacienda, Jorge Luis Melchor Islas, fueron inhabilitados en 2011 por 10 años para ejercer funciones en la administración pública.

“Demostré mi inocencia”: Molinar

Autoridades de medio o alto rango, no han sido citadas para declarar por su responsabilidad en la tragedia de la Guardería ABC; Juan Molinar Horcasitas —en junio de 2012— dijo que no había elementos para consignarlo por algún delito y mucho menos para culparlo de los hechos ocurridos en la guardería, “en mi caso no ha habido impunidad; ya fui acusado, investigado y juzgado en dos instancias. Ya demostré mi inocencia”, aseguró; mientras que los dueños de la guardería también fueron exonerados al considerar que ellos no tenían ninguna responsabilidad porque no estaban a cargo directamente de los niños. Algunos otros como Santiago Levy, ni siquiera son mencionados como parte de los responsables por la tragedia de aquel 5 de junio de 2009.

Para el señor Fraijo, “justicia sería que esto no vuelva a repetirse y la única manera con la que podemos asegurar que esto no se repetirá es que los involucrados paguen con cárcel”.

Las medidas de seguridad y de protección son parte de las características clave para garantizar calidad a los niños durante su estancia en las guarderías, pero además para certificar que los infantes serán personas integras y libres, a partir del desarrollo psicomotor, es también una prioridad e incluso ambas se complementan.

Sin embargo, si el gobierno sigue subrogando bajo el modelo de Levy, en donde los intereses particulares privan, dando mayor importancia a los aspectos materiales y no al desarrollo de los niños, asociado a que se subroga a particulares porque se ha vuelto provechoso —día a día aumenta el número de madres trabajadoras—, ha desembocado en un negocio que las autoridades permiten a costa de la vida, de la seguridad y desarrollo de los niños del país.