La situación política, social y económica por la que ha atravesado Venezuela, desde los últimos años del gobierno de Hugo Chávez hasta la actualidad con Nicolás Maduro al mando, ha provocado que la crisis impacte de manera crítica en la población y en sectores vulnerables, como son los hospitales.
Las denuncias por las deficiencias en el sistema de salud pública de Venezuela han sido constantes e históricas, aunque en la actualidad está impactando también en el sector privado. Hoy se registra un déficit de insumos necesarios y básicos como guantes quirúrgicos o medicamentos para tratar enfermedades crónicas -hipertensión, diabetes y VIH-.
Debido al alto número de pacientes provenientes de hospitales públicos, la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales alertó sobre la sobrepoblación en los servicios de emergencia privados. Asimismo, aseguró que el sistema estatal cuenta con unas 45 mil camas de las cuales solo unas 12 mil 300 se encuentran operativas y que la regulación de precios por parte del Estado, sin tomar en cuenta la inflación ni las estructuras de costo, han impactado en los ingresos, atentando contra la posibilidad de reinvertir para ofrecer un mejor servicio.
Adeudos a compañías de aviación
El desequilibrio también a alcanzado a la industria de aviación, ya que muchas aerolíneas de este país, han tenido que suspender sus servicios y otras los reducen.
Organizada por la IATA, la asociación de aerolíneas que representa a 240 compañías, más de mil representantes de la industria de la aviación mundial asistieron recientemente a la capital de Qatar a la reunión anual en la que se debate sobre sus retos como industria, Venezuela era tema principal en la agenda de esta 70ª edición.
24 aerolíneas, incluida Iberia, están en conflicto con el Gobierno de Nicolás Maduro por la falta de un pago de 4 mil 200 millones de dólares, según el cálculo al 31 de mayo; Air Canadá es la aerolínea que más tiempo lleva esperando, el último pago que recibió fue en octubre de 2012. El director ejecutivo de IATA, Tony Tyler, mencionó incluso la crisis en su discurso inaugural y consideró inaceptables las condiciones bajo las que el Gobierno venezolano trata de imponerse en las negociaciones de las últimas semanas.
La crisis surgió en el régimen de control de cambio establecido por Hugo Chávez desde 2003. El desembolso de divisas a las aerolíneas se cumplió hasta 2012, año en el que el ex presidente ganó su última presidencia, y el gasto público del Gobierno aumentó exponencialmente a pesar del ingreso de una media de 100 mil millones de dólares al año por las exportaciones petroleras, por lo que Caracas empezó a tener dificultades para cumplir con sus compromisos en divisas.
Las aerolíneas internacionales venden sus billetes en bolívares, la moneda venezolana, y para repatriar esas ganancias a sus sedes deben cambiar los bolívares al valor de la tasa oficial controlada por el Estado, de manera que esa acción debe ser supervisada y aceptada por las autoridades del Estado, quienes además entregan las divisas.
El ministro de Transportes, el general Hebert García Plaza, representante de las negociaciones del Gobierno venezolano anunció en enero al menos dos acuerdos globales con los acreedores de la industria de la aviación civil, pero en ambos casos los pactos se estancaron por impago; desde entonces, García Plaza ha optado por forzar acuerdos parciales con aerolíneas individuales e informó de convenios con solo seis de las 24 compañías afectadas: Aeroméxico, Tame Ecuador, Avianca, Tiara Air, Insel Air y Aruba Airlines, y ha cancelado las deudas acumuladas en 2012 y 2013 con esas aerolíneas, excepto con Avianca, el resto son empresas cuyas deudas alcanzan montos menores.
La oposición pierde fuerza
Otra situación que ha movilizado e impactado es la de la opositora venezolana María Corina Machado, investigada por un presunto intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro ya declaró durante casi ocho horas ante un fiscal que de momento ha decidido no imputarla, un temor que varios analistas y parte de su equipo ven como una posibilidad, ya que Machado es la última representante de la facción opositora que desde febrero pasado reclama el fin anticipado del Gobierno de Maduro y que aún sigue en libertad.
Machado, por su parte, expresó que no hay indicios que la relacionen con el presunto intento de aniquilar al presidente venezolano y que no les permitieron a sus abogados presenciar el interrogatorio ni revisar el expediente.
Mientras, el gobierno venezolano ya pidió a la Interpol la captura de otras tres personas presuntamente vinculadas con el plan magnicida desvelado por capítulos por el Gobierno desde hace quince días, ellos son los abogados Pedro Mario Burelli y Ricardo Koesling y el ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas y ex candidato presidencial Diego Arria; Maduro ha denunciado durante su primer año de gobierno unos cinco planes de magnicidio y más de una decena de actos de sabotaje y complot.
Después de cuatro meses de protestas el movimiento opositor ha dejado de actuar debido a distintos factores, como el encarcelamiento del dirigente Leopoldo López, quien deberá enfrentar los cargos imputados por la fiscalía como responsable de los desórdenes del 12 de febrero pasado, que iniciaron la ola de protestas en Venezuela; la decisión de encarcelar a los dos cabecillas más entusiastas de la protesta y que ha funcionado como un escarmiento para las demás autoridades electas en los cantones opositores; y el desgaste de manifestantes que han sufrido las consecuencias de la dura represión comandada por la policía antimotines.