En el último año, la tasa de homicidios entre hombres de entre 13 y 29 años en Centroamérica se ha aumentado en un 70%. Algunos otros han preferido huir del abandono, la pobreza y la violencia a pesar que el camino es largo e inundado de corrupción, extorsionadores, narcotraficantes; los que logran llegar se enfrentan con un país que amenaza con no dejarlos entrar.

A unos horas de que el presidente Barack Obama viaje a la ciudad de Austin, Texas, para encabezar actos de campaña del Partido Demócrata, en donde además este miércoles analizará la crisis de los niños migrantes con dirigentes religiosos y autoridades locales, activistas proinmigrantes demandaron ayer al presidente Barack Obama no acelerar la deportación de los miles de niños que han llegado a Estados Unidos de Centroamérica y que les conceda de forma automática estatus de refugiados, tras los rumores de que el mandatario ha decidido no solicitar, por ahora, nuevos poderes especiales para acelerar la deportación de los más de 50 mil menores.

La agencia AP dio a conocer ayer que asesores legislativos -que pidieron el anonimato- aseguraron que Obama formalizaría su solicitud al Congreso de 2 mil millones de dólares adicionales para atender la “crisis humana”, que no estaría acompañada de la petición de poderes especiales para aprontar la deportación de los niños. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, también reiteró ayer que el gobierno deportará a la mayoría de los infantes parte de está situación.

La Casa Blanca pidió hoy al Congreso de EU 3 mil 700 dólares para agregar recursos a la frontera, más jueces de inmigración, abogados de la Oficina Aduana y Control Fronterizo, así como funcionarios para revisar peticiones de asilo; iniciativa con la que es probable que el mandatario pierda la confianza de sus aliados latinos en EU, quienes pretenden que actúe flexibilizando, no endureciendo las estrategias para solucionar la inmigración.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) desatenderá las solicitudes de las autoridades federales estadounidenses para mantener presos a migrantes que pueden ser deportados, señaló el alcalde Eric Garcetti, ante una gran cantidad de defensores de inmigrantes, y que “El gobierno federal está a cargo de hacer cumplir las leyes federales de inmigración, no nosotros a nivel local”, luego de un fallo de una corte federal en abril pasado, cuando responsabilizó a un condado en Oregon por daños contra un inmigrante, que fue retenido después de que concluyó su condena, para que pudiera ser transferido a la Oficina de Inmigración y Aduanas.

El jefe de LAPD, Charlie Beck, declaró que el nuevo enfoque mejorará la confianza de la comineada en la policía para alentar a más personas a denunciar los delitos y detalló que el índice de delincuencia ha ido a la baja en los últimos tres años en Los Ángeles, mientras el Departamento de Policía “redujo sistemáticamente” el número de solicitudes de detenciones.

Activistas proinmigrantes

Este lunes, activistas insistieron en su petición a Obama de ordenes ejecutivas que eviten la deportación de indocumentados en centros de detención para no propiciar la separación familiar; la respuesta de la administración de la Casa Blanca fue inmediata: la mayoría de los más de 50 mil niños que han llegado de Centroamérica desde octubre pasado, serán deportados.

“Basándonos en lo que sabemos acerca de estos casos, no es probable que la mayoría de estos niños califiquen para un estatus de ayuda humanitaria”, dijo Earnest, “Esto significa que no van a tener una base legal para permanecer en este país y por ello la mayoría serán devueltos”.

Un integrante de la organización Casa de Maryland -una de las que ayer protestaron-, Gustavo Torres, aseguró que “El presidente tiene el poder para concederle a estos niños, que buscan a sus padres o a familiares en Estados Unidos, un estatus de refugiados”, y que “Vamos a luchar por nuestras familias. No nos vamos a dar por vencidos hasta que las veamos unidas, libres de explotación y sin la amenaza de la separación”.

Lideres comunitarios recordaron que el presidente no puede ir contra las leyes que protegen a los menores de edad. La ley establece que los niños de naciones no contiguas a EU tienen que ser entregados al Departamento de Salud y Asuntos Humanitarios en un plazo de 72 horas para ser ubicados con familiares y se prohíbe su deportación inmediata.

El alcalde de Murrieta California, Alan Long, por su parte, indicó este martes que reforzar la vigilancia en la frontera sur de Estados Unidos para afrontar la situación de los niños que viajan solos, sería una solución temporal ya que el país requiere una reforma migratoria

En contra de el bienestar de los inmigrantes, la semana pasada decenas de personas bloquearon el paso a un convoy de autobuses que transportaba a niños inmigrantes a los albergues ubicados en Los Ángeles y San Diego, al sur de California.

Plan Frontera Sur

A partir de este martes comienza a funcionar la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur. La Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto a partir del cual impulsa dos programas destinados a la mejora de las condiciones legales de los inmigrantes guatemaltecos y beliceños en la frontera.

Acuerdo que fue pactado ayer. El presidente Enrique Peña Nieto, convocó a su homólogo guatemalteco, Otto Pérez Molina, a una reunión de emergencia en Catazajá, Chiapas, en el sureste mexicano. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció en el encuentro que al menos 34 mil 400 niños cruzaron la frontera “sin ningún tipo de acompañamiento” y de forma irregular, solamente a través de Chiapas. Algunos pequeños de unos cuatro o cinco años, de acuerdo con ONGs.

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, celebró la iniciativa mexicana llamada Plan Frontera Sur, que plantea la repartición de tarjetas de “visitante regional” y trabajador fronterizo, que el gobierno de México entregará a guatemaltecos que crucen la frontera para mejorar su estatus legal.

La tarjeta de “visitante regional” tiene una vigencia de cinco años y permitirá al ciudadano guatemalteco permanecer hasta tres días en cualquiera de los 81 municipios fronterizos de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. La de “trabajador fronterizo”, que también será accesible para todos los guatemaltecos -no solo los residentes en el área fronteriza- les permitirá acceder a un empleo legal en cualquiera de estos Estados con los derechos garantizados y acompañados por sus familias. Ambos programas llevan seis años en marcha.

El plan Frontera Sur también contempla la instalación de cinco centros nuevos de seguridad, mejorar los recursos de los pasos aduanales en los límites sureños de México (diez en Guatemala y dos en Belice), el aumento de unidades médicas en la zona, y la creación de la Coordinación Integral en la Frontera Sur que dependerá de la Secretaría de Gobernación, cuyas funciones específicas no se detallaron.

México comparte con Guatemala una frontera de cerca de mil kilómetros -casi el doble de la línea que divide a Francia de Alemania-; así la intención del programa, subrayó el presidente guatemalteco, es intentar contribuir a la solución de la crisis humanitaria por el imparable aumento de la migración de niños no acompañados hacia EU.