Reforma energética
La expropiación petrolera y la reforma agraria
representan actos de afirmación de nuestra soberanía.
Lázaro Cárdenas
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Con la sobriedad que le distingue, el jefe de Gobierno de nuestra ciudad, el doctor Miguel Ángel Mancera, hizo un atento llamado al Senado, a la Cámara de Diputados y al propio gobierno federal, para recibir a las organizaciones campesinas contrarias al timo legaloide que atenta contra el principio que animó la defensa de la tierra impulsada por Emiliano Zapata y defendida por el general Lázaro Cárdenas a lo largo de su vida.
Los integrantes del Consejo Agrario Permanente, Consejo de Organismos Rurales y Pesqueros, Frente Indígena y Campesino, El Barzón y la Central Campesina Cardenista, expresaron al jefe de Gobierno la decisión de manifestarse en la ciudad, a fin de “expresar —ante legisladores y representantes del gobierno federal— la preocupación con respecto de la tierra y las implicaciones de la próxima reforma”, al tiempo de ubicar el tema en el ámbito de la seguridad alimentaria y los estragos que dicha modificación legal generará a este rubro sustantivo de la seguridad nacional.
Un somero análisis de la reforma aprobada por la mayoría del Senado, la madrugada del pasado viernes 18, da cuenta de que dicho documento constituye el acta de defunción de la Independencia y la Revolución del país que se construyó alentado por principios zapatistas y cardenistas, que encuentran su concreción en el espíritu originario del artículo 27 de la Constitución de 1917, y en el acto expropiatorio del 18 de marzo de 1938, firme resolución gubernamental apoyada de “forma plebiscitaria y entusiasta que no tiene precedentes en México”, como la calificó el general Cárdenas en su discurso del 27 de abril de ese mismo año.
A través de sofisticadas estratagemas legislativas, la reforma a la Ley de Hidrocarburos, enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación, debilita la firmeza de la Cláusula Calvo, que cimentó la determinación expropiatoria del cardenismo ante la negativa extranjera a sujetarse a las leyes nacionales.
Pese a las argucias legaloides por afirmar que el Estado es propietario de los energéticos, queda muy claro que lo único que pertenecerá a la nación es la “información geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica y, en general, la que se obtenga o haya obtenido de las actividades de reconocimiento y exploración”, como lo consigna inequívocamente el artículo 32 de la referida reforma.
Así mismo el “legislador” enmascaró semánticamente el término expropiación bajo el eufemismo “ocupación temporal”, poniendo con ello en riesgo no sólo la propiedad ejidal y comunitaria, sino el mismo patrimonio ecológico y cultural como amaga el segundo párrafo del artículo 96 de la iniciativa.
En síntesis, a través del articulado y sus transitorios, esta aberración legislativa sepulta los actos de afirmación de nuestra soberanía que enaltecieron al pueblo mexicano.