Jesús Navarrete Castellanos/Fundador de la Coordinación Nacional de Electricistas

Por Nora Rodríguez Aceves

Aun cuando el cansancio físico y emocional de una lucha laboral de más de 10 años contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) por un despido injustificado, a Jesús Navarrete Castellanos se le nota -este cansancio- en su andar, en su cuerpo devastado por la enfermedad, en su rostro de semblante pálido y mirada triste, enmarcado con una sonrisa desdibujada en sus labios, pero con la fuerza que le da la fe y la esperanza, la energía que le dan sus ideales, en lo que cree, así como las ganas de no desfallecer en su lucha porque se haga justicia porque su cuarta demanda de reinstalación llegue a buen puerto antes de que la paraestatal desaparezca con la implementación de las leyes secundarias -que están por aprobarse en el Congreso de la Unión- de la Reforma Energética aprobada en diciembre del 2013.

De acuerdo a lo expuesto a Siempre! por el fundador de la Coordinación Nacional de Electricistas del SUTERM (CNE), constituida -por la disidencia sindical- en defensa del sector eléctrico nacionalizado y por la democracia sindical, la Reforma Energética y su reglamentación impactará no sólo en su caso sino en el de todos los trabajadores del sector, “ya que en los hechos este marco jurídico desaparecerá a la Comisión Federal de Electricidad, por eso las afectaciones a los trabajadores serán muchas, pues habrá desempleo, se perderán todas los derechos y prestaciones laborales que se habían logrado a lo largo de la historia de esta empresa paraestatal, pero sobretodo se perderá la prestación de la jubilación”.

Por eso, “lo que sí leemos en las leyes secundarias es que están programadas para que CFE y Pemex –Petróleos Mexicanos- desaparezcan realmente y los más afectados serán los trabajadores que laboran en la Comisión. De hecho, los primeros afectados serán los compañeros de confianza que saldrán de la empresa porque pertenecerán ahora a la SENER, a la Secretaría de Energía, o la CRE, a la Comisión Reguladora de Electricidad, según las funciones que vayan desempeñando. Esto es lo más duro porque nosotros, yo estoy peleando que me reinstalen y que me jubilen, pero a la mejor cuando esto se decida ya la CFE no existirá ni existirán esas prestaciones laborales, lo que sí sería una afectación directa para mí”.

En este sentido, Navarrete Castellanos va más allá y agrega que esta reforma al sector energético no sólo afectará a los trabajadores sino también a los “usuarios que verán afectado sus intereses por el aumento de las tarifas eléctricas, además de que las disposiciones de las nuevas leyes señalan que habrá penalizaciones para quienes no paguen la energía eléctrica, por lo tanto habrá como antes de la nacionalización mucha gente detenida por no pagar la luz”.

Es por todo esto que el impacto de la Reforma Energética “será fuerte para todos e impactará en la economía de todos, sobretodo de los trabajadores de la Comisión Federal Electricidad, ya que su objetivo es desaparecer las empresas estatales y desaparecer las prestaciones, esas serían las afectaciones para todos aunque más para mí porque aunque no esté adentro de la comisión trabajando sigo teniendo el derecho y podría aspirar a la jubilación, pero ya que no existan estos organismos no habrá jubilación ni nada para nadie”.

Un boletín de prensa de la Coordinación Nacional de Electricistas CFE-SUTERM, fechado el 3 de octubre del 2013, informa que “los electricistas de la CFE nos hemos opuesto a las reformas constitucionales desde 1999, y a los que previamente se habían hecho desde las reformas de Carlos Salinas, que incorporaron la figura de Productor Independiente de Energía (PIE), permitiendo la entrada de inversión privada en la generación de energía eléctrica. Por lo que nos constituimos en la Coordinadora Nacional de Electricista del SUTERM (CNE) en defensa del sector eléctrico nacionalizado y por la democratización sindical”.

Y precisamente fue esta oposición a la privatización del sector la causa del despido de Jesús Navarrete de la CFE -el lunes 7 de julio de 2003- y aunque no fue el único a quien despidieron “por luchar en contra de la privatización realmente solo quedó yo y otras dos o tres personas más, la mayor parte ya se jubiló o ya se resolvió su problema, pero en mi caso es diferente y se ha complicado más porque yo encabece los movimientos en contra de la privatización de los anteriores gobiernos”.

Cadena de irregularidades

Estos son los argumentos oficiales en voz de Navarrete, “cada vez que me despide la empresa tiene que levantar un acta y comprobar que me están despidiendo por x situaciones, sin embargo esta la última vez que me despidieron, en octubre del 2013, el argumento que me dieron fue que no obedecía instrucciones de trabajo y que andaba pegando propaganda dentro de las instalaciones y utilizan como testigos a los compañeros que ellos mismo designan y a los cuales les dan aumentos salariales por sus servicios de testificar falsamente”.

Por lo tanto, “cada despido lo tiene que comprobar la empresa en la Junta y aunque no lo pueden hacer lo intentan haciendo actas falsa, de las cuales nunca me informan a mí, y las presenta como pruebas para justificar el despido porque realmente no hay causas que puedan ellos comprobar. Por ejemplo, en la última demanda sí me llevaron a mi unidad de trabajo, en las anteriores nunca lo hicieron, esto es, nunca estuve dentro de la empresa por lo tanto no pude yo haber cometido ningún acta administrativa en contra de la empresa, sin embargo en esta última demanda, que está en proceso, sí utilizarán a dos compañeros de la misma área en donde laboraba para que se presenten a declarar en mi contra”.

De lo que se me acusa “es de pegar propaganda y repartir boletines en contra de la privatización del sector energético al interior de las instalaciones de CFE, pero es falso que sea dentro de la empresa, se hace fuera de ella porque sí es cierto que siempre estoy luchado contra la privatización, entonces en eso se basan los despidos, aunque el contrato colectivo y la ley señalan que, con más de 20 años de laborar en la empresa, solamente se me puede despedir por robo o fraude, de lo cual nunca me han acusado, claro no tienen pruebas ni las tendrán, por eso se alargan los juicios, por eso buscan la manera de que se alarguen los juicios, tal vez esperando que me pasé algo y así cerrar el caso, pero no hay nada que puedan comprobar realmente a pesar de que luego van los compañeros a declarar en mi contra se equivocan en sus respuestas ya que todo lo están inventando no se basa en la verdad y ya son cuatro demandas que tenemos ahí en la Junta”.

En el mismo boletín de la disidencia sindical, se recuerdan los sucesos previos al despido de Navarrete, “el viernes 4 de julio de 2003 se presentaron en su domicilio, una mujer y un hombre, forzaron la entrada golpeando y agrediendo a su hija menor de 16 años, exigiendo hablar con su padre, quien se encontraba en ese momento en el IMSS en donde le dieron una día de incapacidad laboral. El lunes 7 de julio, Navarrete se enteró de la causa de la agresión cuando le informaron que su contrato de trabajo estaba rescindido, acusándolo falsamente de haber injuriado a personal de la CFE. La supuesta agresión a la que aludió la causal de rescisión habría ocurrido el 4 de junio, cuando el doctor Román Hernández Cañez, Gerente de Relaciones Laborales en ese entonces y la licenciada María Eugenia Lanning Ancona quisieron obligar a Navarrete a firmar una reasignación contraria al Contrato Colectivo. Sin embargo, la rescisión se fechó hasta el 7 de julio. Ramón Hernández le dijo que la rescisión de contrato le había sido notificada en su domicilio el viernes pasado por licenciada Lanning Ancona, por lo que se comprueba que esa licenciada, acompañada por empleados de la CFE, fue quien se presentó al domicilió de Jesús Navarrete Castellanos y agredió a su hija haciéndola firmar un documento”.

“La demandad presentada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA), a pesar de todas las dificultades Jesús Navarrete Castellanos ganó la reinstalación en su puesto de trabajo en Oficinas Nacionales, que debió ser efectiva el 18 de noviembre de 2009, pero la empresa se negó a la reinstalación. Después de cuatro meses, la Junta volvió a ordenar la reinstalación, volviéndose a negar. Un mes después la Junta emite un nuevo acuerdo de reinstalación para el 7 de mayo de 2009, este acuerdo tampoco fue cumplido, más de tres meses después la JFCyA emite un nuevo acuerdo para la reinstalación ahora para el 25 de septiembre de 2009”. Aun cuando la empresa acata la orden de la Junta, cuatro días después Navarrete es despedido, por lo que inicia una nueva demanda de reinstalación que gana y es reinstalado el 7 de septiembre de 2011, no obstante la empresa oficialmente acepta la reinstalación, pero no la ejecuta despidiendo nuevamente a Navarrete el 13 de octubre de ese 2011. Aunque la primera demanda ha sido concluida a favor del líder electricista, sigue pendiente la resolución de la segunda y se ha iniciado una tercera demanda de reinstalación”.

No obstante, el largo proceso laboral de más de diez años para lograr su segunda reinstalación la lucha de Navarrete por hacer respetar su derecho constitucional al trabajo y su libertad de expresión continúa y así lo cuenta él: “La primera reinstalación la hicieron el 25 de septiembre del 2009; la segunda demanda todavía no se concluye porque está en amparo el expediente; la tercera demanda todavía está en la Junta; y la cuarta demanda está ya en el proceso de las pruebas, pero ninguna de esas está terminada, es decir, tenemos cuatro demandas, la demanda del expediente 680 que esa fue la que se concluyó, la del expedientes 1,117 del 2009 que todavía no se termina, la del 2,197 del 2011 que tampoco se ha terminado y la tercera que es la 1,236 del 2013, esa todavía no me la aprendo bien, pero esa es la última que está en la Junta y que todavía está en proceso porque me reinstalaron la última vez el 3 de octubre y me despidieron el 22 de octubre del año pasado”.

Historia de agravios, presiones y hostigamiento

Para contextualizar esta lucha laboral, sindical y política hay que recordar que “en el año 2000, la CNE conformó una planilla democrática Cambio y Democracia Sindical encabezada por Navarrete Castellanos para competir en el proceso de elección sindical. Una intensa campaña en todo el país hizo que ganáramos el apoyo de la mayoría de las secciones. Sin embargo, el fraude en el Congreso Nacional del SUTERM permitió la reelección del hoy finado Leonardo Rodríguez Alcaine, en ese entonces líder del sindicado. Ante ello, aunque interpusimos demanda para impugnar las elecciones ante la Secretaría del Trabajo la dependencia ignoró los recursos”.

De acuerdo a la información proporcionada por el propio dirigente de la Coordinadora Nacional de Electricidad, a partir de esos hechos “la campaña de represión en contra de miembros de la CNE, iniciada en 1999 en todo el país, se recrudeció. La represión consistió en la negación de todo derecho contractual, despidos injustificados, encarcelamientos, amenazas de muerte, que pusieron en peligro la misma vida y libertad de los trabajadores de la CNE. Los compañeros despedidos demandaron su reinstalación y muchos han sido reinstalados o jubilados”.

En el caso específico de Jesús Navarrete Castellanos, con antigüedad de más de 37 años, quien fue uno de los fundadores de la Coordinador Nacional de Electricistas, “fue hostigado desde mayo de 1999. Se le congeló de todos los derechos sindicales y contractuales. Fue cambiado su lugar de trabajo en diversas ocasiones sin tomar en cuenta las especificaciones de su puesto de trabajo al ubicarlo en condiciones insalubres. No se le permitió tener línea telefónica ni equipo de cómputo. Además, fue agredido verbalmente por miembros del Comité Ejecutivo Nacional del SUTERM (CEN), estas agresiones fueron denunciadas ante los directivos de CFE. Aún con la denuncia continúo el clima de hostigamiento y los cambios de adscripción en su contra. Fue agredido también físicamente dentro de las instalaciones de las empresas por el entonces secretario de Trabajo Víctor Fuentes del Villar junto con 10 delegados sindicales y a pesar de haber puesto la denuncia en el Ministerio Público no se atendió el caso y el expediente fue extraviado”.

De hecho Amnistía Internacional documento el caso de Navarrete Castellanos el 22 de julio de 2002 e hizo pública un llamamiento a las autoridades correspondientes en ese entonces, Santiago Creel, Secretario de Gobernación; Carlos Abascal Carranza, Secretario de Trabajo y Previsión Social; Bernardo Bátiz Vázquez, Procurador General del Distrito Federal…”.

En la denuncia Temor por la seguridad y amenazas de muerte, del organismo internacional se lee: “los sindicalistas independientes Jesús Navarrete Castellanos y su hermana, Evangelina Navarrete, así como las familias de ambos, han sido víctimas de una campaña creciente de acoso y amenazas que las autoridades no han investigado ni impedido. Amnistía Internacional siente honda preocupación por su seguridad”.

En el documento, Amnistía Internacional indica que “Jesús Navarrete Castellanos y Evangelina Navarrete son dirigentes del sindicato Coordinación Nacional de Electricistas. Están haciendo campaña contra la privatización del sector de la electricidad y han desafiado el liderazgo tradicional del Sindicato Único de trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que representa a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), gestionada por el Estado…”.

Si bien a lo largo de los años este clima de violencia, agresiones, amenazas y “agravios ya ha disminuido porque hemos ido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de vez en cuanto ellos – los de la CFE-SUTERM- sí amenazan cuando se sienten amenazados realmente ya no están en ese plan de que venían hasta mi domicilio o me mantenían vigilado o agredían a mi familia pues se ha peleado en ese aspecto interponiendo denuncias en las dependencias correspondientes, por lo que ellos han disminuido este tipo de presión”.

La última vez que “me amenazaron fue cuando estaba por concluir la primera demanda, querían que renunciara a lo logrado, de hecho me dijeron: a ver si puedes disfrutar lo que te van a dar, pero fue un agravio verbal nada más, de ahí no pasó, aunque yo me prepare para resistir más lo bueno fue que no hubo ninguna presión porque al principio sí fueron personas duras, incluso, tuvimos que hablar con los abogados de la CFE para llevar la demanda de manera legal sin agresiones de ninguna índole porque también en la Junta de Conciliación y Arbitraje había agresiones verbales y físicas cuando íbamos a las audiencias, hoy tenemos un acuerdo de ir sólo por lo legal y hasta ahorita no han vuelto a presionar de otra manera”.

El llamado a la autoridad

De igual forma, el dirigente electricista expresa que con el cambio de gobierno “por lo menos se tenía la esperanza de que fuera diferente, realmente no ha sido así porque también hemos mandado cartas a las autoridades y no dan respuesta alguna, yo creo que ni las leen ya que las devuelven a donde corresponde, es más ni siquiera han intervenido para que se resuelva el problema y lo único que nosotros queremos es que se respete, que se cumpla los lauros que la misma autoridad emite porque en el primer lauro fue clara la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se ordena la reinstalación en el mismo puesto y la empresa no lo ha cumplido, por eso lo que pedimos es que por lo menos se cumpla la ley que es la que nos ha costado mucho trabajo hacerla valer”.

Por ejemplo, “en la última reinstalación teníamos todo legalmente y la empresa no lo respetó, bueno no es la empresa es el sindicato el que está presionando a los funcionarios de la compañía. La empresa ha hecho en todas las reinstalaciones un acta donde acepta mi reinstalación y luego les ordenan que me vuelvan a despedir por lo que ellos sólo dicen, nosotros ya cumplimos, pero ahora el sindicato no quiere, por lo tanto realmente en los hechos no han cumplido el primer lauro que emitió la Junta que era mi reinstalación en mi puesto de trabajo”.

Por lo tanto, “lo que nosotros pedimos a las autoridades es que cumplan con sus leyes, que respete sus propias leyes y sus propias decisiones si no estaremos siempre en una situación ilegal creada por ellos mismos porque nosotros no hemos recurrido a ningún acto de violencia siempre nos hemos conducido en el marco de la ley aunque vemos que no se respeta, por eso le pedimos a las autoridades que respeten la ley y que resuelvan este caso porque ya serían 37 años de antigüedad en la empresa, ya es una lucha de muchos años, ya me pase de la jubilación”.