A Mireles debe juzgársele con plena transparencia
Alfredo Ríos Camarena
El emblemático tema de la inseguridad se refleja con mayor intensidad en el estado michoacano, aunque, claro está, las variables de este tema se correlacionan con las diversas condiciones regionales y las características de cada grupo criminal; Michoacán, desde el sexenio pasado, se convirtió en tierra de nadie, donde operaba libremente la organización denominada Los Zetas, más tarde La Familia y finalmente Los Templarios.
El gobierno federal de Calderón pretendió resolver el problema con una decisión no planeada de utilizar las fuerzas federales y posteriormente de hacer consignaciones sin el sustento jurídico adecuado.
El gobierno de Peña decidió atacar esta asignatura pendiente con un programa estratégico de desarrollo y de utilización de las fuerzas públicas comandadas por un comisionado. Para entrar al terreno se requería aprovechar las condiciones internas, y sobre todo, el enojo, la frustración y la ira de aquellos michoacanos que habían sido extorsionados, secuestrados y humillados, los cuales encontraron como única puerta de salida su organización en las llamadas autodefensas. Hizo muy bien el gobierno federal en utilizarlas para localizar y perseguir a los delincuentes, pero naturalmente surgieron los intereses y el apetito de poder de los nuevos protagonistas.
El gobierno decidió incorporar la denominada policía rural a estas autodefensas sin ningún sustento jurídico, pudiendo utilizar los mecanismos constitucionales que prevén la Guardia Nacional, la cual tiene carácter federal y está inscrita en nuestra Carta Magna en los artículos 31, fracción III; 35, fracción IV, y 76, que de acuerdo con este orden se estipula que una de las obligaciones de los mexicanos es alistarse y servir en la Guardia Nacional, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior, así mismo uno de los derechos es tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la república y de sus instituciones, y finalmente se establece como facultad del Senado dar su consentimiento para que el presidente de la república pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos estados.
Si el Estado mexicano hubiera utilizado este mecanismo, no sólo tendría una vigencia local en Michoacán sino en toda la república. Todavía es tiempo.
Como era de esperarse, con tantos grupos armados, con tantos intereses económicos y con una madeja tan enredada, el gobierno se enfrenta ahora al Frankenstein que creó, encarnado en el doctor José Manuel Mireles, quien en un acto equivocado de soberbia retó al gobierno de la republica amenazando con ingresar en Lázaro Cárdenas con nuevo elementos de autodefensas y probablemente llegar a hasta Morelia; el hilo se reventó por lo más delgado, por lo que el gobierno federal tuvo que consignar al mencionado galeno de discutible pasado y quien independientemente de cualquier consideración —efectivamente violaba la ley que impide la posesión y portación de armas de uso exclusivo del ejército—, a esta consignación agregó otra discutida, respecto a la posesión de sustancias prohibidas; en cualquier caso, el Estado mexicano no puede permitir que esta difícil situación michoacana, siga siendo presidida por la anarquía y la no existencia del Estado de derecho.
El tema es de importancia y trascendencia nacional porque sigue siendo una asignatura pendiente el combate a la delincuencia, en donde los tres órdenes de gobierno y los tres poderes tienen una tarea que realizar, la colaboración interinstitucional es fundamental y ya hemos visto ejemplos de que esta colaboración puede resolver el tema espinoso de la ausencia del derecho y el reino de los cárteles; el ejemplo más contundente se da en el estado de Chihuahua, y particularmente en ciudad Juárez, donde las autoridades municipales y estatales han cumplido a cabalidad su tarea; por eso, Chihuahua es un ejemplo claro, ya que esa entidad era hasta hace pocos años, el campo de batalla más sangriento de toda la república.
En Michoacán debe resolverse y se está haciendo un esfuerzo indudable, se ha combatido la corrupción política, se está tratando de regular la propiedad y la producción, se han afectado los intereses económicos de la delincuencia, particularmente en Lázaro Cárdenas donde la confiscación del tráfico ilegal de minerales ha tenido éxito, incluso se está impulsando el turismo y la cultura, pero habrá que tener mucho cuidado en las próximas semanas, pues el caso Mireles no sólo se trata de un individuo, sino de la actitud de un pueblo que se puso en armas para defender sus derechos, y después fue apoyado por el Estado nacional. Por eso, por la contradicción que representa el tema, en un estado donde se perdió el respeto al marco jurídico, debe preocuparnos hacia el futuro inmediato; el juicio de Mireles debe ventilarse con plena transparencia, para que no queden dudas en una sociedad que está abrumada por la desesperación y la pobreza.