Más partidos: vivir de la política

 

Cuando todos están equivocados,

todos tienen la razón.

                                                     Pierre-Claude Nivelle de La Chaussée

José Fonseca

En 1996, hace dieciocho años, se hizo la reforma política que decidió el financiamiento público para los partidos políticos y sólo un pequeño porcentaje de aportaciones particulares.

Detrás de esa decisión estuvo la lección aprendida de lo ocurrido en aquella época en Colombia. Ernesto Samper fue acusado de recibir fondos de las bandas del narcotráfico para su campaña en la segunda vuelta electoral.

El gobierno mexicano indagó meticulosamente el asunto y encontró indicios de que la agencia norteamericana antidrogas, la DEA, había utilizado sus contactos colombianos para infiltrar fondos a la campaña de Samper. Y Estados Unidos puso a Colombia de rodillas.

Los colombianos aceptaron lo que siempre habían rechazado. Los aviones norteamericanos y sus buques de guerra operaron libremente por los cielos y mares colombianos.

Se decidió que, con tantas presiones políticas de Estados Unidos, el gobierno mexicano no podía arriesgarse a que le contaminaran sus procesos políticos y luego se le hicieran exigencias inaceptables.

Por eso el financiamiento público a los partidos, a diferencia de Estados Unidos, donde son las aportaciones particulares y de las grandes corporaciones quienes suministran los recursos a los candidatos a todos los puestos de elección, desde la más oscura alcaldía, hasta la Presidencia.

Esa práctica, en los primeros años de su aplicación se prestó a muchos abusos de los aventureros y aventureras de la política; pero, a pesar de los pesares, ha impedido que el dinero sucio sea el que decida los resultados de las elecciones.

Al paso del tiempo se han ajustado las exigencias y supervisión de los partidos, a veces simplemente como reflejo del rencor de los vencidos, pero la realidad es que ya no es tan fácil en la actualidad que las dirigencias de un partido se enriquezcan con los recursos provenientes del financiamiento público. En el mejor de los casos les permite vivir de la política.

Ahora que el Instituto Nacional Electoral concedió su registro a tres nuevos partidos y serán diez formaciones políticas las que participarán en las elecciones del año próximo, gran escándalo se arma por el monto de los recursos para el financiamiento público.

Sólo hay que preguntarnos si queremos que, como en Estados Unidos, sean los recursos de los que más tienen los que decidan el rumbo de las políticas públicas.

Es como si no nos bastara que hayan tenido que pasar doce años para que el Estado mexicano recuperara su capacidad de controlar a los poderes fácticos y empresariales de la nación.

Además, no es importante cuántos partidos hay. La decisión de la conservación del registro la decidirán los votantes en las próximas elecciones y en todas las que vengan.

Ésa es la democracia, con todos sus defectos, pero también con todas sus ventajas.

                                                     jfonseca@cafepolitico.com