Luego de que fue detenido este martes, hoy ha sido imputado el ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, por supuesta “corrupción activa”, tráfico de influencias y violación delsecreto profesional, dio a conocer la fiscalía tras quince horas que se mantuvo al ex mandatario declarando como detenido ante la policía y otras tres horas ante los jueces, medida inédita para un ex jefe del Estado francés.

El delito por tráfico de influencias, según el código penal francés, puede determinar una pena de hasta de 10 años de prisión y 150 mil euros de multa. Además, la condena puede suspender algunos derechos civiles.

Por la misma investigación que busca comprobar si Sarkozy y los de su alrededor crearon una red de informadores que les mantenía al tanto de los procesos judiciales que amenazaran al político conservador, ya fueron imputados también su abogado, Thierry Herzog, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert.

Los investigadores, que grabaron conversaciones telefónicas de Sarkozy y de algunos de sus ministros más cercanos, sospechan que su abogado recababa información de consejeros del Tribunal Supremo y le informaban de los avances en la investigación sobre la presunta financiación ilegal de la campaña que llevó al Palacio del Elíseo en 2007; asimismo el defensor de Sarkozy había prometido como contrapartida al magistrado Azibert que el ex presidente le ayudaría a conseguir un puesto que buscaba en la administración de Mónaco, aunque eso nunca sucedió.

La defensa de Herzog sostiene que esas escuchas son ilegales por violar el derecho a la confidencialidad entre abogado y cliente y no entran en el contenido de las mismas, pero uno de los elementos que pusieron en alerta a los jueces que llevan la instrucción fue el hecho de que Sarkozy abriera -bajo el pseudónimo de Paul Bismuth- una segunda línea de teléfono móvil.

Así surgió el “caso de las escuchas”, que deriva de una investigación original diferente, para determinar si la campaña presidencial del político fue financiada por el depuesto dictador libio Muammar Gadhafi.

Para la familia política del jefe del ex mandatario francés aseguró que la medida judicial de las acusaciones giran en torno a que Sarkozy pretende regresarar a la política con las elecciones de 2017; Nicolas Sarkozy se plantaba anunciar su retorno tras el verano, según “BFM TV”, a lo que el diario “Le Parisien” añade que el ex presidente planea cambiar el nombre de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido que le llevó al Palacio del Elíseo.

La delegada general adjunta de la UMP, Valérie Debord, declaró que “ Cada vez que habla de su eventual vuelta, sorprendentemente, se le acosa con un asunto judicial que inmediatamente se viene abajo”.

Por su parte, el portavoz del Gobierno y ministro de Agricultura, el socialista Stephane Le Foll, dijo que los magistrados deben “ir hasta el final” porque “Nicolas Sarkozy es un justiciable, como los demás”.

Sarkozy, -de 59 años- vinculado a siete investigaciones judiciales, ya había sido temporalmente imputado por el “caso Bettencourt”, que pretende esclarecer si la multimillonaria heredera de L’Oreal financió ilegalmente su campaña presidencial, como se sospecha de Gadhafi.

Luego de que fue detenido este martes, hoy ha sido imputado el ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, por supuesta “corrupción activa”, tráfico de influencias y violación delsecreto profesional, dio a conocer la fiscalía tras quince horas que se mantuvo al ex mandatario declarando como detenido ante la policía y otras tres horas ante los jueces, medida inédita para un ex jefe del Estado francés.

El delito por tráfico de influencias, según el código penal francés, puede determinar una pena de hasta de 10 años de prisión y 150 mil euros de multa. Además, la condena puede suspender algunos derechos civiles.

Por la misma investigación que busca comprobar si Sarkozy y los de su alrededor crearon una red de informadores que les mantenía al tanto de los procesos judiciales que amenazaran al político conservador, ya fueron imputados también su abogado, Thierry Herzog, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert.

Los investigadores, que grabaron conversaciones telefónicas de Sarkozy y de algunos de sus ministros más cercanos, sospechan que su abogado recababa información de consejeros del Tribunal Supremo y le informaban de los avances en la investigación sobre la presunta financiación ilegal de la campaña que llevó al Palacio del Elíseo en 2007; asimismo el defensor de Sarkozy había prometido como contrapartida al magistrado Azibert que el ex presidente le ayudaría a conseguir un puesto que buscaba en la administración de Mónaco, aunque eso nunca sucedió.

La defensa de Herzog sostiene que esas escuchas son ilegales por violar el derecho a la confidencialidad entre abogado y cliente y no entran en el contenido de las mismas, pero uno de los elementos que pusieron en alerta a los jueces que llevan la instrucción fue el hecho de que Sarkozy abriera -bajo el pseudónimo de Paul Bismuth- una segunda línea de teléfono móvil.

Así surgió el “caso de las escuchas”, que deriva de una investigación original diferente, para determinar si la campaña presidencial del político fue financiada por el depuesto dictador libio Muammar Gadhafi.

Para la familia política del jefe del ex mandatario francés aseguró que la medida judicial de las acusaciones giran en torno a que Sarkozy pretende regresarar a la política con las elecciones de 2017; Nicolas Sarkozy se plantaba anunciar su retorno tras el verano, según “BFM TV”, a lo que el diario “Le Parisien” añade que el ex presidente planea cambiar el nombre de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido que le llevó al Palacio del Elíseo.

La delegada general adjunta de la UMP, Valérie Debord, declaró que “ Cada vez que habla de su eventual vuelta, sorprendentemente, se le acosa con un asunto judicial que inmediatamente se viene abajo”.

Por su parte, el portavoz del Gobierno y ministro de Agricultura, el socialista Stephane Le Foll, dijo que los magistrados deben “ir hasta el final” porque “Nicolas Sarkozy es un justiciable, como los demás”.

Sarkozy, -de 59 años- vinculado a siete investigaciones judiciales, ya había sido temporalmente imputado por el “caso Bettencourt”, que pretende esclarecer si la multimillonaria heredera de L’Oreal financió ilegalmente su campaña presidencial, como se sospecha de Gadhafi.

Luego de que fue detenido este martes, hoy ha sido imputado el ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, por supuesta “corrupción activa”, tráfico de influencias y violación delsecreto profesional, dio a conocer la fiscalía tras quince horas que se mantuvo al ex mandatario declarando como detenido ante la policía y otras tres horas ante los jueces, medida inédita para un ex jefe del Estado francés.

El delito por tráfico de influencias, según el código penal francés, puede determinar una pena de hasta de 10 años de prisión y 150 mil euros de multa. Además, la condena puede suspender algunos derechos civiles.

Por la misma investigación que busca comprobar si Sarkozy y los de su alrededor crearon una red de informadores que les mantenía al tanto de los procesos judiciales que amenazaran al político conservador, ya fueron imputados también su abogado, Thierry Herzog, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert.

Los investigadores, que grabaron conversaciones telefónicas de Sarkozy y de algunos de sus ministros más cercanos, sospechan que su abogado recababa información de consejeros del Tribunal Supremo y le informaban de los avances en la investigación sobre la presunta financiación ilegal de la campaña que llevó al Palacio del Elíseo en 2007; asimismo el defensor de Sarkozy había prometido como contrapartida al magistrado Azibert que el ex presidente le ayudaría a conseguir un puesto que buscaba en la administración de Mónaco, aunque eso nunca sucedió.

La defensa de Herzog sostiene que esas escuchas son ilegales por violar el derecho a la confidencialidad entre abogado y cliente y no entran en el contenido de las mismas, pero uno de los elementos que pusieron en alerta a los jueces que llevan la instrucción fue el hecho de que Sarkozy abriera -bajo el pseudónimo de Paul Bismuth- una segunda línea de teléfono móvil.

Así surgió el “caso de las escuchas”, que deriva de una investigación original diferente, para determinar si la campaña presidencial del político fue financiada por el depuesto dictador libio Muammar Gadhafi.

Para la familia política del jefe del ex mandatario francés aseguró que la medida judicial de las acusaciones giran en torno a que Sarkozy pretende regresarar a la política con las elecciones de 2017; Nicolas Sarkozy se plantaba anunciar su retorno tras el verano, según “BFM TV”, a lo que el diario “Le Parisien” añade que el ex presidente planea cambiar el nombre de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido que le llevó al Palacio del Elíseo.

La delegada general adjunta de la UMP, Valérie Debord, declaró que “ Cada vez que habla de su eventual vuelta, sorprendentemente, se le acosa con un asunto judicial que inmediatamente se viene abajo”.

Por su parte, el portavoz del Gobierno y ministro de Agricultura, el socialista Stephane Le Foll, dijo que los magistrados deben “ir hasta el final” porque “Nicolas Sarkozy es un justiciable, como los demás”.

Sarkozy, -de 59 años- vinculado a siete investigaciones judiciales, ya había sido temporalmente imputado por el “caso Bettencourt”, que pretende esclarecer si la multimillonaria heredera de L’Oreal financió ilegalmente su campaña presidencial, como se sospecha de Gadhafi.