El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está analizando otorgar permisos de trabajo a millones de inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos sin autorización, de acuerdo con la agencia The Associated Press, que dio a conocer que activistas y legisladores involucrados en el tema en la Casa Blanca aseguran que las autoridades tienen diversidad de opciones ante la crisis migratoria, incluidos los permisos de trabajos y cambios en las políticas de deportación.
Las medidas podría incluir la protección contra la deportación de los padres o tutores de niños que han nacido en Estados Unidos o de los padres de los jóvenes que ya forman parte del programa de Acción Diferida —que no son deportados si fueron traídos al país cuando eran niños—, lo que beneficiaría a unas 3,8 millones de personas y entre 500 mil a un millón de los protegidos por el DACA.
AP consideró que la medida puede traer riesgos políticos para Obama, al ser este un año de elecciones, al igual que por la reacción que se prevé de los conservadores republicanos que han amenazado hasta con demandar y destituir al presidente, aunque también podría incitar a los votantes hispanos que usualmente participan en menor número en el tipo de elecciones legislativas de medio término, como las de noviembre.
Propuestas indefinidas
La Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, que se habían negado a abordar una reforma migratoria este año —que han indicado que su posición se debe a la falta de credibilidad en el Presidente, así como que usará el poder de su oficina para decretar cambios en las políticas de inmigración—, presentaron un proyecto de ley para enfrentar la crisis inmigratoria mediante el envío de efectivos de la Guardia Nacional y la aceleración de las deportaciones de jóvenes centroamericanos.
El costo de la iniciativa republicana llega a los 659 millones de dólares para los últimos dos meses del actual año fiscal, mucho menos de los 3 mil 700 millones solicitados por el presidente Barack Obama para este año y el próximo, al igual que la propuesta de mil 500 millones de la comisión de gastos de la cámara.
Con lo anterior, se intenta ganar el apoyo de los más derechistas y aprobar algo antes del fin de semana, cuando inicia el receso anual de agosto, lo que les permitiría decir que trataron de resolver el problema humanitario, aunque el proyecto no tiene posibilidades de convertirse en ley, reportó la AP.
La propuesta incluye cambios rechazados por la mayoría de los demócratas, debido a que permitiría enviar rápidamente a decenas de miles de jóvenes centroamericanos de regreso a sus países sin la posibilidad de una audiencia judicial.
Aunque lo apruebe la cámara baja, el Senado con mayoría demócrata probablemente lo rechazará y seguirá adelante con su propio paquete para la frontera, con un costo de 2 mil 700 millones de dólares, que no incluye las modificaciones de la cámara baja, carece de apoyo entre los republicanos y es improbable que sea aprobado.
Gran parte de representantes republicanos han dicho últimamente que no quieren regresar a sus distritos a enfrentar a los votantes sin haber tomado una medida con respecto a los niños y adolescentes salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que han llegado a la frontera sin sus padres.
Más albergues abren sus puertas
Mientras en algunas estancias estadounidenses se niegan a ofrecer albergue a los menores, los estados de Massachusetts y Nueva York, ofrecieron políticas para dar la bienvenida a los niños.
El gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, planea ofrecer albergue temporal a más de mil niños, que aunque aún no hay nada oficial, dijo que podría hacerse cargo de estos niños por 30 o 45 días en dos posibles locaciones, una al oeste de Massachusetts y la otra en Chicopee.
Algunos grupos de niños ya fueron deportados tanto a Guatemala como a Honduras, pero se desconoce qué políticas se aplicarán a los miles de niños que todavía permanecen en el país y a los que todavía insiste en ingresar de manera ilegal, aunque las cifras han mostrado que ha disminuido el reporte de menores.
Respecto a la instalación de la Guardia Nacional en la frontera sur con México, el gobernador de California, Jerry Brown, criticó —durante su visita a México— la decisión de su homólogo de Texas de enviar mil efectivos, “el ingreso a E.U de niños no acompañados debe ser tratado como un desafío humanitario y que no deben intervenir las agencias de procuraduría de justicia o militares cuando hay menores de por medio.
Así, el gobernador Brown y el secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, coincidieron en que la justicia y las fuerzas armadas no se deben involucrar en asuntos con niños a menos que sean enviadas para ayudar.
Por su parte, los cancilleres centroamericanos, que terminaron su visita a Texas donde recorrieron algunos centros de detención para evaluar el tratamiento que reciben sus connacionales, aseguraron que ya empezaron a elaborar un protocolo regional de atención, asistencia y protección de la niñez migrante, pero reconocieron que la patrulla fronteriza no está en la capacidad de atender a los menores que ingresan por la frontera.
También encontraron que los niños aprehendidos necesitan atención sicológica inmediata y pidieron que los niños de 13 a 18 años no permanezcan más de 48 horas en los centros de detención de la patrulla fronteriza mientras que los menores de 13 sólo estén un máximo de 24 horas en custodia de las autoridades.