Coches oficiales cargados de dinero público para que se ingresaran “directamente en bancos” de Ginebra y Zúrich, es según el Sindicato Manos Limpias, una de las acciones en el Gobierno de Jordi Pujol, señalaron miembros del sindicato tras una querella contra el ex presidente de la Generalitat, y su esposa Marta Ferrusola por siete presuntos delitos.
“Es totalmente insólito que esto ocurra con fondos públicos” expresó el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, quien además aseguró que dispone de “una información” que acredita estos viajes a Suiza.
Manos Limpias presentó una querella ante el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona en la que se acusó a Pujol de los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad en documento público, blanqueo de capitales y prevaricación; y a Marta Ferrusola de “complicidad y cooperación necesaria” en esos delitos.
Bernad agregó que estos presuntos delitos formaban parte de un “entramado político, financiero y económico” que contaba con la complicidad de la Fiscalía y los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, que para Bernad, “sabían de forma clara y determinante” todos los supuestos delitos que se cometieron, por lo que el sindicato también estudia ampliar la querella a la Oficina Antifraude de Cataluña por “haber mirado hacia otro lado” y no haber tramitado las denuncias de empresarios que alertaron sobre las presuntas prácticas corruptas durante los gobiernos de Pujol.
El secretario general también indicó que, a raíz de la presentación de la querella, Manos Limpias ha recibido la información de los coches oficiales y las denuncias ignoradas por Antifraude por parte de personas y empresarios que incluso habían “estado presentes en los vehículos de la Generalitat” que trasladaban el dinero a Suiza, de manera que “en días sucesivos” aportarán al juzgado las pruebas de estos supuestos delitos, insistió.
Sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante los gobiernos de Jordi Pujol, en el llamado “caso del 3 %”, Bernad aseguró contar con “testimonios de empresarios” que elevan las comisiones hasta el 20 %.
Según Bernad, el titular del juzgado puede llamar a declarar al matrimonio Pujol en cualquier momento a partir de este jueves, y según como se desarrollen las declaraciones en sede judicial y en la denominada vistilla ante la acusación popular que ostenta el sindicato, analizarán pedir una serie de medidas cautelares que incluirían la retirada del pasaporte, la comparecencia cada ocho días en el juzgado, una fianza de responsabilidad civil e incluso la prisión eludible bajo fianza “a pesar de la edad del matrimonio”.