Guillermo Gutièrrez
La tonadilla del clásico tango argentino “Sentir, que es un soplo la vida, que veinte años no es nada…” materializa a plenitud el dilema financiero que afronta Argentina desde hace algunas semanas respecto al pago que exigen añejos acreedores de su deuda externa y la posibilidad de que este país se declare insolvente para asumir esos compromisos igual que ocurrió en 2001.
Ese año representa el antecedente de la disyuntiva actual en Argentina, país donde al tocar fondo el modelo económico que replegó al Estado de la economía, incluso de ámbitos prioritarios para el bienestar social, se recurrió al asesoramiento del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para paliar una crisis financiera común en varias coordenadas latinoamericanas de la época.
Esos organismos financieros internacionales pusieron como condición para refinanciar la deuda externa nuevos empréstitos y aplicar un formulario de acciones ya conocidas: elevar impuestos, achicar la nómina gubernamental, continuar con la venta de las empresas estatales y recortar o suprimir programas sociales. Los cambios frecuentes de los titulares de la cartera de Economía en Argentina atizaron la crisis y no obstante que se aplicaron recortes a la educación superior, a la nómina de los maestros y a las trasferencias de las provincias, la crisis detonó, llevando como relato fundamental la moratoria de un adeudo internacional que alcanzaba los 82 mil millones de dólares.
La llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía motivó un cambio de rumbo y alejó al país de la tormenta, sin embargo el costo fue alto: se agregó un impuesto a las transferencias bancarias, se aplicó una disminución de las contribuciones patronales a las contribuciones en seguridad social, se promovió la ley déficit cero (gasto nacional=ingresos) y se ajustó radicalmente el programa de pensiones. Lo fundamental fue un canje de deuda para postergar pagos hasta 2012, pero a cambio se elevaron los intereses por más de 30 mil millones de dólares y el capital en más de 2 200 millones de dólares.
El tiempo confirmó que las acciones del gobierno argentino solo estimularon la recesión y motivaron una ingente salida de capitales del país, estimada en 15 mil millones de dólares, además de una aguda crisis política que motivó el tránsito fugaz de presidentes en un breve periodo de tiempo y protestas masivas en las calles. En esta coyuntura, aún perdura en la memoria el famoso “corralito”, que se tradujo en la congelación de millones de cuentas bancarias en dólares a fin de obtener aproximadamente 66 mil millones de dólares para afrontar la suspensión de pagos foráneos que se había decretado, así como la deuda pública (asumida en dólares) y la devaluación de la moneda nacional. ™
Desde entonces, el ciclo deuda, ajuste, negociación, nuevos compromisos es algo con lo que convive Argentina. En 2005 y 2010, durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se logró una reducción en el capital original de la deuda, aunque en términos reales, por el peso de los intereses y los plazos, el beneficio fue relativo. Del total de los adeudos, 93% fue canjeado por nueva deuda. El 7% restante no fue renegociado y los poseedores de los bonos de ese adeudo fueron los iniciadores de un litigio contra Argentina en Estados Unidos, logrando que a finales de junio pasado un juez de Nueva York determinara bloquear los pagos de Argentina a los acreedores de la deuda reestructurada hasta que no les paguen a ellos.
El veredicto del magistrado Thomas Griesa es abonar primero 1330 millones de dólares a los tres fondos que no quisieron entrar en la reestructuración de la deuda de 2005 y 2010. El juez determinó que el pago de la deuda reestructurada era “ilegal” mientras no se pagara a los poseedores de tales fondos y aunque no embargó los 539 millones depositados por Argentina en el Banco Mellon de New York para atender sus adeudos con quienes sí aceptaron la reestructuración, tampoco aceptó el pago y conminó al Gobierno argentino a negociar con los tres fondos litigantes de inmediato.
Esta decisión colocó a Argentina en un dilema ya que si no ha pagado los 1300 millones de dólares a los 3 fondos referidos antes del 1 de agosto, tampoco puede continuar acreditando pagos a los acreedores con los cuales logró en años previos acuerdos sobre la reestructuración de su deuda. De este modo, si se niega a pagar los denominados fondos “buitres” (que en inglés se conocen como “holdouts”, refiriendo adeudos morosos), automáticamente caería en una situación de impago técnico con el resto de sus acreedores.
Independientemente del acuerdo final a que consigan los poseedores de los fondos “holdout” y el gobierno argentino -se prevé un prepago del adeudo total y un plazo de hasta 2 años gracia para pagar la diferencia- lo único cierto es que el tema despertó simpatía a favor del país sudamericano. Internamente, de parte de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba) y de diversos legisladores; en el exterior, desde países vecinos hasta agrupaciones (Mercosur), incluso de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos.
Una lectura más amplia de este problema trasciende el rol de los gobiernos y remite al tema de la ética y la trasparencia en las operaciones financieras realizadas por instituciones e individuos a quienes su único valor es el dinero. De esto la sociedad internacional es consciente y ha llamado la atención para actuar en consecuencia, siendo el movimiento con mayor alcance el denominado Occupy Wall Street, que ha denunciado el poder omnímodo de las empresas y las evasiones fiscales sistemáticas que practica el 1% de la población mundial que concentra la riqueza. En esta tendencia y ante la voracidad exhibida por los propietarios de los fondos “buitres” en Argentina no queda más que reiterarlo: urge normar esas operaciones; si la opacidad en la que actuaban ciertos gobiernos fue traspasada, es tiempo de contener el actuar de estos actores, sean nacionales o internacionales.
Miembro del Servicio Exterior mexicano.