Petróleo, pensiones y deuda

 

Julio A. Millán B.

Como es bien sabido, las empresas del estado como Pemex y CFE no operan con números negros desde hace ya algunos años, lo que ha obligado a hacer algunas quitas y a que el gobierno asuma algunos de los pasivos, que al ser respaldados por el mismo, tienen el carácter de deuda soberana. Pero no ha sido sólo eso, sino que los legisladores han ido bastante más allá para plantear que el gobierno ahora asuma una proporción de los pasivos laborales de ambas empresas, que juntas suman poco más de 1.6 billones de pesos, cifra que ronda el 10% del PIB.

Es de señalar que se ha planteado, para hacer un poco más atractiva la operación, la condición de que se modifique el contrato colectivo de trabajo para los trabajadores en activo y los de nueva incorporación, entre otras cosas, la edad mínima de retiro, los años de trabajo efectivo para jubilarse, el salario de jubilación, amén de que los nuevos trabajadores entren al esquema del sistema de ahorro para el retiro, con cuentas individualizadas. Con ello se pretende que el pasivo laboral no siga incrementándose de manera insana para las finanzas de las empresas y del Estado.

Ahora bien, aun suponiendo que los sindicatos aceptaran todos los planteamientos, cosa que se ve difícil y por la que habrá que hacer negociaciones muy pesadas, en las que posiblemente la oposición trate de tomar de bandera la lucha y aproveche para manifestarse y causar inconvenientes de todo tipo a la sociedad, el que el gobierno asuma parte de los pasivos, será una enorme carga para varias generaciones por venir.

Para la sociedad, el que se apruebe la operación significaría elevar la deuda pública total, que actualmente representa alrededor del 35% del PIB, generando un costo por su servicio, el cual estaría en función de las tasas de interés.

Muchos programas del llamado gasto programable del gobierno palidecen ante esta cifra y lo peor es que el gobierno seguiría gastando en conceptos que no ayudan al crecimiento. Ante esto, no sería posible mantener un ritmo creciente de inversión pública, necesaria para complementar la inversión privada y que la economía aumente su potencial de crecimiento, se generen más y mejores empleos y la sociedad alcance mejores niveles de bienestar en el futuro.

Hay que encontrar otra salida al problema y, sobre todo, con un planteamiento en el que los trabajadores de las empresas asuman una parte importante de la carga, no toda la sociedad.