Desde ayer, miércoles, Argentina se convirtió en un país de “suspensión de pagos” selectiva, según la agencia calificadora de riesgo Standard and Poor’s, es decir, es un país en situación de impago parcial, que no ha podido pagar una parte de su deuda soberana. Sin embargo, el Gobierno argentino lo niega.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, señaló este jueves –en conferencia de prensa- que “decir que Argentina está en default (suspensión de pagos) técnico es una patraña absoluta” y que el Gobierno ha pagado y seguirá pagando el capital comprometido con Repsol y con el Club de París, organización de países acreedores a la que se le abonó este lunes una primera cuota de 642 millones de dólares.
Una parte de los acreedores a quienes el Gobierno llama “bonistas de buena fe”, quienes aceptaron la reestructuración de la deuda impagada en enero de 2002, se están quedando desde hoy sin el dinero que les pertenece, pues deberían haber cobrado 539 millones de dólares ayer 30 de julio. El Gobierno argentino depositó ese dinero el 26 de junio en la entidad estadounidense Bank of New York Mellon (BoNY), por lo que justificó que ya no es parte de su reserva.
Por su parte, el juez, Thomas Griesa, que representa los “fondos buitre” contra el Gobierno argentino, bloqueó los 539 millones hasta que el Ejecutivo de Cristina Fernández no pague los mil 500 millones de dólares que reclaman los “fondos buitre” Aurelius y el NML Capital, que forman parte del 7% de acreedores que no aceptaron ninguna quita en la deuda ni en la reestructuración de 2005 ni en la de 2010 porque exigen cobrarla en su totalidad.
Cristina Fernández, Jorge Capitanich y el ministro de Economía, Axel Kicillof, han acusado en ya más de una ocasión a Griesa de parcialidad y de actuar conforme a los intereses de los “buitres”, y no ejecutar la sentencia que les obligaría a pagar a esos fondos unos mil 500 millones de dólares, aunque el Bank of New York Mello sí lo ha hecho, lo que es clave para valorar la situación.
El BoNY difundió este jueves un comunicado donde aclara que esos fondos están “sujetos a una orden de la Corte”, es decir, a una orden del juzgado de Thomas Griesa. El banco aclaró que “no tiene la obligación de gastar, adelantar o arriesgar su propio dinero porque podría ser objeto de demandas sobre el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de cualquiera de sus funciones”. En principio, los propietarios de bonos que se han visto impedidos de cobrar parte de esos 539 millones depositados por el Gobierno argentino podrían solicitar ahora que se aplique una “aceleración”, es decir, el pago total de la deuda, sin las rebajas que habían aceptado.
Una clave para saber el impacto del “impago selectivo”, será al ver si se hacen efectivos los seguros contra impagos, los llamados Credit Default Swaps (CDS). El juez convocó para mañana viernes a las once de la mañana de Nueva York una nueva audiencia a la que asistirán por lo menos los dos fondos litigantes.