Entrevista a Adolfo Toledo/Diputado local priista
Moisés Castillo/enviado
Oaxaca, Oax.- El gobierno de Oaxaca se “lava las manos”. Busca eludir confrontaciones con la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y dice que “aquí no pasa nada, no hay vacío legal”. El gobernador Gabino Cué dice que ya cumplió con el pueblo oaxaqueño al entregar su propuesta educativa para armonizar la ley educativa estatal con la reforma educativa federal.
“Ahora el Congreso local tendrá el tiempo que considere necesario para aprobarla o rechazarla. Nuestro proyecto de ley de educación es respetuoso de la ley, no contempla ningún mecanismo que contravenga la constitución ni la ley federal en la materia… Nosotros no vemos visos de inconstitucionalidad”.
Sin embargo, la realidad educativa en Oaxaca rebasa los dichos del gobierno local y de la sección 22: sólo el 60% tiene la educación básica terminada, primero de secundaria es el grado promedio de escolaridad en la entidad, 14% terminó la preparatoria, 10% obtuvo una carrera universitaria, 13% de los oaxaqueños no cuenta con grado de escolaridad.
El presidente Enrique Peña Nieto ha sido enfático en decir que con la reforma educativa estarán sólo los mejores maestros darán clases en las aulas del país.
“En breve se emitirán todos los lineamientos de evaluación del Sistema Profesional Docente para cumplir con la meta más clara de la reforma educativa: dotar de una educación de calidad a todos los mexicanos… Por ejemplo, para asignar recientemente 14 mil 830 plazas de maestros disponibles para el ciclo escolar 2014-2015, por primera vez se realizaron concursos nacionales de oposición para el ingreso a la educación básica y media superior”.
En tanto, el delegado de la Secretaría de Educación Pública en Oaxaca, Jorge Vilar Llorens, aseguró que no tiene conocimiento del Plan de Transformación Educativa de Oaxaca (PTEO) que impulsa la sección 22 y que se opone a la reforma educativa federal.
“En Oaxaca se requieren mecanismos de evaluación a docentes y normalistas para que la educación que impartan sea de calidad como es una exigencia de la mayoría de los oaxaqueños… Este es el momento apropiado para que ello suceda, es necesaria la evaluación de los normalistas de la entidad, pues eso favorecería de manera directa al nivel educativo”.
El hartazgo de la sociedad oaxaqueña se manifestó el pasado fin de semana cuando ciudadanos vestidos de blanco marcharon contra las acciones violentas y la toma del centro de la ciudad de Oaxaca por parte de la sección 22. Además, recolectaron firmas para interponer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por la violación a sus garantías individuales.
Evaluación en el marco federal
Para Adolfo Toledo, diputado del PRI en el Congreso de Oaxaca, la estrategia del gobernador es engañar a todos los actores políticos y eludir responsabilidades.
“Dice que es viable su iniciativa porque lo que está haciendo la sección 22 es complementar y ampliar la reglamentación del artículo 126 de la Constitución local. Además está promoviendo una nueva ley estatal de educación. El PTEO es la ley reglamentaria del 126 de la Constitución local. Pero ninguna Constitución local puede estar encima de la Constitución federal”.
¿Cuál es la postura del PRI ante la iniciativa educativa del gobernador Gabino Cué?
Tendremos que revisarla como una iniciativa de ley más. Actualmente hay en comisiones tres iniciativas de ley sobre la reforma educativa. Una que promovió el PRI, otra el PAN y en lo particular el diputado panista Gerardo García Henestrosa. Las tres iniciativas ya fueron turnadas a comisiones unidas: a la de Educación, de Administración y Justicia y de Programación y Presupuesto. La iniciativa que envió el gobernador —fruto de la Comisión Redactora enunciada por el Ejecutivo, el gremio magisterial y el Legislativo— a final de cuentas es el documento que ya se sabía iba a presentar. Esta iniciativa del Ejecutivo entrará a un proceso legislativo y se turnará a las mencionadas comisiones.
En los puntos más polémicos, la sección 22 propone un sistema alterno de evaluación al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. ¿Está de acuerdo con ese método?
Hay que estar pendiente de los hechos. Aquí tenemos que partir de que hay un rompimiento del Estado de derecho en Oaxaca, cada quien hace lo que quiere. No hay un respeto a la autoridad estatal. Cada quien hace lo que quiere y nadie reacciona, nadie impone el orden, no hay Estado, el Estado de derecho está roto. Por un lado, se puede aprobar y armonizar la ley federal en la materia respecto a los artículos 3 y 73 constitucionales, pero eso no quiere decir que se vaya a cumplir, porque no se cumple con el Estado de derecho. Lo que hay que hacer, y es una responsabilidad del estado partiendo del Estado mexicano y de la corresponsabilidad del gobernador de Oaxaca, es cumplir la ley.
¿Los maestros de Oaxaca tienen que ser evaluados por los lineamientos federales?
Tendrán que ser evaluados en el marco de la reforma federal.
¿Cómo se debe obtener una plaza magisterial?
Tendrá que apegarse a la ley. No pueden ser ofertas patrimoniales o hereditarias, ni situaciones de coyuntura de compromisos políticos, vengan de donde vengan. Y se tendrán que obtener a partir de los procedimientos que la ley señale.
La 22 provee votos a Cué
¿Cómo dialogar con la sección 22? ¿Qué tan complicado es llegar a acuerdos?
No se tiene que negociar nada y se debe cumplir la ley. Los agremiados de la sección 22 son el 2% de los habitantes de Oaxaca, no puede ese 2% poner en una esquina al 98% de los oaxaqueños, y poner en una esquina a un gobernador que está en una actitud sumisa y de compromisos electorales a corto y mediano plazos. La sección 22 funciona como un proveedor de votos para los intereses políticos-particulares que tiene Cué.
¿Qué propuestas impulsará el PRI?
Lo que está aprobado en los otros 31 estados y lo que se aprobó en el marco del 3 y 73 constitucional. Por ejemplo, las evaluaciones se tienen que dar en el marco de la regulación que implica el INEE; los temas que tienen que ver con la asignación de plazas que no sean heredadas; los temas que tienen que ver con la administración del Instituto Estatal de Educación que no sea por componendas políticas; que el ejercicio del los recursos presupuestales que se hagan en materia de infraestructura educativa sean ejercidos y ejecutados por las autoridades municipales y por el Instituto de Infraestructura Educativa a nivel federal y con representación en Oaxaca.
¿Qué cambios urgen en Oaxaca para que salga del rezago educativo?
El tema de la educación es complejo no sólo en Oaxaca, sino en México y en América Latina. Lo que tenemos que hacer es asumir una responsabilidad de que la educación se vea como un compromiso de quienes gobiernan, de los padres de familia, de los alumnos. No vale la pena autoengañarnos: la educación debe ser pertinente, debe servir para algo, no para engañarnos todos.
Finalmente, en el mercado laboral los jóvenes que salen de educación media o universitaria vienen arrastrando rezagos de la educación básica, no van a tener opciones de desarrollo, y al Estado mexicano le costó muchos recursos económicos.
¿Oaxaca será la “piedra en el zapato” de Enrique Peña Nieto?
No podemos estar en dobles juegos o dar señales encontradas. Lo que está especificado en la reforma educativa tendrá que cumplirse en todo el país. No podemos aceptar que haya un Estado dentro de otro Estado.
Según PRD y PAN van por la armonización de la ley. ¿El PRI apoyará esta postura?
Lo que estamos viendo es un discurso político de la sección 22. La CNTE va más allá del magisterio, es un ente político y pretende abanderar causas de pobreza-desigualdad, pero que van más allá del tema educativo.
¿Cuándo se acabará con el plantón del centro de Oaxaca que lleva más de un mes?
Eso hay que preguntárselo a Cué y después a Miguel Ángel Osorio Chong. Hay que aplicar el Estado de derecho.
A partir de la detención de Elba Esther Gordillo, la reforma educativa avanzó, ¿hay posibilidades de que los maestros de la CNTE acepten ser evaluados conforme a la ley federal?
No es un tema de aceptación o discusión. En Oaxaca se aplicará la ley, no es un estado de excepción.