En los últimos meses autoridades migratorias y policiales, así como medios de comunicación han informado del creciente éxodo de menores centroamericanos y mexicanos que cruzan la frontera con Estados Unidos. El fenómeno, un componente más del complejo proceso migratorio, se enmarca en una feroz lucha política estadounidense, donde lo que menos importa son los derechos humanos de los menores.

En noviembre próximo habrá elecciones legislativas en Estados Unidos y seguramente sus resultados modificaran la actual configuración del Congreso, por lo tanto definirán el poder legislativo para las presidenciales del 2016.  Por ello, el debate migratorio vuelve a ser un componente esencial en la disputa política del poder.
Según las autoridades estadounidenses, de enero a la fecha, más de 57 mil niños “no acompañados” han llegado a la frontera, procedentes de Centroamérica y México y según sus cálculos podría llegar a más de 90 mil a finales de septiembre y alrededor de 150 mil durante el próximo año.
Para nadie es un secreto que entre los variados componentes que condicionan el  éxodo migratorio, está la pobreza y la violencia que dominan el terrible escenario de los estados fallidos al sur del Río Bravo, donde Estados Unidos ha sido el principal responsable por mantener sistemas políticos corruptos, viciados, sin capacidad para modificar las estructuras de poder que sustentan a oligarquías parásitas, donde florece el narcotráfico.
En un programa televisivo, el representante de UNICEF en Centroamérica, Gordon Jonathan Lewis, informó que en El Salvador fueron asesinados, entre el 2005 y el 2013,  6 mil 300 jóvenes. Asimismo, reveló que en Honduras, el 83 por ciento de las muertes recientes de menores se produjeron con armas de fuego y más de la mitad de las víctimas por crímenes violentos, son jóvenes.
Sin embargo, parece que esto poco importa a los gobiernos, sobre todo al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuyo régimen se encuentra enfrascado en varios frentes.
Obama se reunió con los mandatarios de Honduras, Juan Orlando Hernández; Guatemala, Otto Pérez Molina y El Salvador; Salvador Sánchez Ceren, presuntamente para “trabajar en conjunto” el problema de “responsabilidad compartida”.
Demócratas y republicanos buscan una reforma migratoria adecuada a sus intereses políticos, en un complicado entramado legal que en los hechos poco ayuda a garantizar un trato humanitario a los menores y mucho menos buscar soluciones políticas de fondo que modifiquen escenario regional. Por el contrario se sigue privilegiando la fuerza, la intimidación y la propaganda racista.