Una escuela
Teodoro Barajas Rodríguez
Contamos con una clase política proclive al disenso permanente, que suele defender propuestas articuladas en muchos de los casos en dogmas para asegurar ganancia electoral, se extravían más en la forma que en el fondo, lo cual ilustra un cuadro decadente anclado en la coyuntura.
Hace meses, algunos diputados panistas fueron acusados de exigir los famosos moches a determinados presidentes municipales, dicho escándalo mediático no pasó de ello, no se aplicaron sanciones, lo cual nos lleva a toparnos de nuevo con la impunidad de quienes dicen combatirla.
Se acusa a los legisladores, al menos se mencionan diversos nombres, de pedir una especie de diezmo o soborno como gratificación a sus servicios de gestoría en materia de recursos entregados a municipios, ello indica la escuela de corrupción en la que suelen matricularse.
En Michoacán se registró recién un nuevo escándalo en el que se involucra un presidente municipal así como un diputado federal, Juan Carlos Campos y Ernesto Núñez, respectivamente, a quienes la promotora cultural Verónica Loaiza señala mediante audios de pedir dinero en la manipulación de programas culturales, entre ambos, según la quejosa se quedarían con 4.5 millones de un total de seis, Loaiza debería comprobar los gastos de todo el dinero.
Este caso suponemos que será investigado por las instancias correspondientes, si apelamos al debido proceso toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Aunque el presidente de Zitácuaro y exdiputado por el PRI, Juan Carlos Campos señaló que todos los diputados cobran el diezmo.
A confesión de parte relevo de pruebas, dicen los juristas, el presidente de Zitácuaro fue claro, como evidente resulta la irregularidad que les sitúa al margen de la ética.
Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación de Autoridades Locales de México, Ricardo Baptista, declaró que si los alcaldes “entran” en la dinámica de los moches es porque requieren “sacar adelante” sus municipios. El coordinador de los presidentes municipales del PRI en Michoacán fue más lejos porque aseguró que algunos diputados piden entre un diez o veinte por ciento de los recursos gestionados e incluso imponen constructoras si se trata de contratar obra pública.
Así las cosas, se presume toda una cadena de corrupción, aunque los legisladores deberían dedicarse fundamentalmente a su trabajo que es, en teoría, hacer leyes, sólo que en nuestro sistema de hondas raíces antidemocráticas se opta por el clientelismo de cara a la siguiente elección.
Aunque la transparencia ha ganado terreno lentamente aún estamos rezagados y no se diga en materia de rendición de cuentas.
La realidad supera la ficción, tenemos muchos cuentos como dijera León Felipe, la clase política provoca cada vez mayor irritación en amplios sectores de la sociedad, se pierde la credibilidad y se gana más repudio como consecuencia natural. En este caso debe prevalecer la justicia, lo cual implica que se despoje de la venda.