Entrevista a Agustín Torres/Presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política del DF

Nora Rodríguez Aceves

Con la reforma política del Distrito Federal, la ciudad de México “sería un modelo de ciudad distinta, no podría tener el estatus jurídico igual al de los estados, somos la capital de la república y esto lleva una situación distinta al coexistir con los poderes federales, pero además la reforma nos da la oportunidad de crear un nuevo modelo de estado donde aquellas cosas que fallan en otros, que hemos visto que han generado conflictos de carácter social, político y económico, en la ciudad no se repitan porque tenemos prueba de que las cosas se pueden hacer de forma distinta y retomar los aspectos que son funcionales para otros estados”.

“No se puede pensar en una ciudad democrática que tenga gobiernos locales, en este caso delegacionales, donde sólo un individuo mande a todos, determine su estructura, el presupuesto, es un sistema virreinal —diría yo—, autoritario, se tiene que compartir el poder y equilibrar las opiniones vertidas en las urnas a través de la participación de otros partidos. Esto es muy importante, se tiene que cortar el cordón umbilical que existe de las delegaciones hacia el gobierno de la ciudad y el exceso y el desdén que llega a haber de algunas áreas del mismo, me refiero particularmente a la Secretaría de Finanzas, a la Oficialía Mayor, entre otras dependencias, que tienen sujetas a las delegaciones de una manera, tal vez, arbitraria, entonces esto ayudaría mucho a cambiar esta condición, pero sería un estado, un modelo diferente”, afirma Agustín Torres Pérez, diputado local por el PRD.

En este sentido, los grupos parlamentarios del PRD, del PRI y del PAN en la ALDF coinciden con el perredista al señalar que “la reforma política del Distrito Federal debe garantizar un equilibrio entre los distintos órganos de gobierno con la finalidad de mejorar la gobernabilidad en el Distrito Federal, sin ceder al autoritarismo y la concentración de facultades en sólo uno de ellos, al fortalecer en su respectiva esfera competencial, particularmente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF); jefe de Gobierno del Distrito Federal y las delegaciones políticas del Distrito Federal”.

Tendría atribuciones como en los estados

El presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa, Agustín Torres, explica a Siempre! las características generales que tiene esta reforma política: “en términos generales lo que busca la reforma es establecer un estatus jurídico para el DF equiparable con los demás estados de la república, que el jefe de Gobierno y los jefes delegacionales tengan las mismas atribuciones que un gobernador estatal y presidentes municipales, pero también que las delegaciones sean contrapeso, es decir, una representación plural de los otros partidos similar a la que se tiene en los cabildos en los diferentes municipios del país, y de esta manera enriquecer la participación democrática”.

De igual forma, se busca establecer “en estas atribuciones una compensación, en este caso, para las delegaciones de manera equitativa conforme a los impuestos que se recaudan de manera local, se busca que haya una hacienda pública local, que la recaudación de impuestos siga siendo centralizada, eso es un acuerdo hasta donde yo lo entiendo, aunque había un diferendo con el PAN; logísticamente quien tiene la capacidad de recaudar es la Tesorería de la ciudad y lo hace bien porque se han ido estableciendo controles para evitar la desviación de recursos o la corrupción, lo cual sería difícil controlar en las delegaciones, como ya hemos visto en el pasado reciente algunas situaciones de este tipo; entonces la hacienda pública se mantiene centralizada a diferencia de los estados que el impuesto predial se cobra en los municipios”.

“La seguridad pública se tendría centralizada, la policía preventiva, que a diferencia de los diferentes estados los municipios cuentan con su propia policía preventiva, de tal manera de que son dos esquemas distintos dentro de la reforma, sería una ciudad-estado con algunas atribuciones de lo que ya hemos visto que ha funcionado en otros estados y de lo que no ha funcionado; por ejemplo, también se busca que los municipios, las delegaciones, no tengan facultades para endeudarse porque esto ha generado una crisis financiera en todos los municipios del país y con ello se puede evitar una situación de colapso en las mismas; este tipo de situaciones están consideradas en la reforma política”.

Por lo tanto, dice el diputado del PRD, “lo que busca la reforma es una ampliación de facultades para el Gobierno del Distrito Federal con la intención de atender mejor las demandas de los ciudadanos, la distribución de competencias entre gobierno de la ciudad y los gobiernos delegacionales porque aún tenemos un sistema regencial, el andamiaje jurídico que tenemos en la ciudad obedece a un esquema donde el jefe de Gobierno era un jefe del Departamento del Distrito Federal, una unidad administrativa de la Presidencia de la República, entonces todavía se tiene un control exacerbado del gobierno de la ciudad sobre las delegaciones que las estrangula financieramente y operativamente también les complica su funcionamiento; entonces, la distribución de competencias es otra área de trabajo que se tendría que estar revisando ahora que se retomaron los trabajos para la reforma en el Senado de la República”.

Asamblea o Congreso

Siendo así, “primero, es una reforma constitucional para darle ese estatus jurídico al Distrito Federal, y segundo, realizar una Asamblea Constituyente o un Congreso Constituyente, según la modalidad que determinen en el Congreso de la Unión para que ahí se definan las reglas de convivencia, la distribución de competencia, derechos y obligaciones de los ciudadanos en el marco de nuestra Constitución general y pensando que somos una ciudad diferente, una ciudad progresista donde hay un gobierno de izquierda y, por lo tanto, también hay programas, hay acciones políticas de gobierno orientadas en ese sentido; que todo esto se reconozca”.

Sin embargo, hablando como diputado local del PRD, Agustín Torres explica que lo que su grupo parlamentario busca “es que sea una constitución, ahí hay un diferendo con el PRI porque lo que ellos dicen es que sea un estatuto de gobierno o estatuto constitucional que tenga una disposición parecida en su marco normativo, pero que siga existiendo un estatuto que rija los poderes federales en la ciudad, que eso ha sido la gran disputa y el mito de que no pueden coexistir poderes federales con local; entonces ellos —los priistas— dicen que se mantenga un estatuto de gobierno que establezca la forma en que el gobierno federal está en la ciudad de México y sus atribuciones, pero también un estatuto constitucional donde ya todos los ciudadanos de manera soberana a través del constituyente y sus representantes populares puedan determinar sus reglas de convivencia”.

Para el presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal existen más coincidencias que diferencias entre las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, estamos de acuerdo en que “la reforma política del DF significa la oportunidad histórica de encaminarse hacia la construcción de una ciudad mejor que cuente con los adecuados instrumentos jurídicos que posibiliten la optimización de la gobernabilidad, la administración pública y la participación ciudadana en el Distrito Federal”.

Por eso, frente a la posibilidad de que el Congreso de la Unión apruebe la reforma política para el Distrito Federal en este periodo ordinario de sesiones, Torres Pérez comenta: “nosotros entendemos que había otros temas prioritarios en la agenda legislativa y había un forcejeo en torno a la situación, particularmente de la reforma energética, la reforma educativa y la reforma hacendaria. Eso lo que generó es que hubiera un forcejeo con la izquierda para obligarla a apoyar estas reformas a cambio de la reforma política de la ciudad, eso es lo que pasó realmente, pero ahora con la toma de la Presidencia por la izquierda tanto en el Senado —la toma concertada— como en la Cámara de Diputados nos lleva a que el tema se pueda poner en el centro del debate en este periodo”.

La reforma no fue moneda de cambio

“Ya pasaron los momentos más álgidos de las reformas estructurales, se descontaminó el ambiente y el tema y creo que ahora sí con responsabilidad actuarán los grupos parlamentarios. Ya no nos dirán lo mismo del año pasado o de este año, de que ya estaba, ya merito, ya la tenemos en la puerta, y luego se olvidaban y la escondían, la echaban debajo, perdón por la expresión, bajo la alfombra y entonces ya el tema lo sumían a la coyuntura política en el momento en que eran las reformas estructurales”.

En ese mismo tono y ante la interrogante de si la reforma política del DF fue moneda de cambio entre las fuerzas políticas, el diputado local responde: “la reforma de ninguna manera es una moneda de cambio, yo creo que sí hubo consideración en el sentido de que un sector del PRD también apoyó el Pacto por México y ciertas reformas, eso es cierto, pero la situación no degeneró en un condicionamiento porque nuestra posición en la reforma energética sigue siendo la misma, y la entendieron los priistas y la entendieron los panistas, y saben que el costo que pagarán en 2015 si no aprueban la reforma política para la ciudad será muy alto”.

De igual forma niega que el proceso electoral de 2015 que está por comenzar la primera semana de octubre contamine el ambiente para el análisis, la discusión, dictaminación y votación de la reforma política del DF, “porque algo que hicieron intencionalmente fue que si la reforma se aprueba en estos momentos, se aplicará no en 2015 sino hasta 2018, porque habría que hacer el Congreso Constituyente, si se acuerda así, o la Asamblea Constituyente, pues eso no se hace muy pronto, se tiene que preparar bien y acordar los términos y condiciones, entonces creo que no contaminaría o enrarecería el ambiente político que hay en el país”.

Pero lo que sí reconoce el diputado perredista es que, de aprobarse la reforma, sería “un logro para la izquierda y no sólo un reconocimiento para el jefe de Gobierno sino para todos los que han luchado por esta posibilidad que no tiene 10 o 20 años, sino que tiene casi 30 años esta lucha política por el reconocimiento de un estatuto jurídico equivalente a un estado de la república”.