Inseguridad, impunidad, corrupción y pobreza
El poder se ejerce, no se comparte
Refrán popular
Alejandro Zapata Perogordo
La lucha por el poder político en las últimas décadas ha sido férrea, no se constriñe únicamente a los partidos políticos, también participan los grupos de interés, los poderes fácticos y en ocasiones se ha visto la injerencia de la delincuencia organizada.
Las pasiones en ocasiones se desbordan, dando pauta a guerras sin cuartel que culminan transgrediendo las reglas de competencia impuestas, vulnerando los incipientes avances democráticos que se han logrado y, con ello, de nuevo volver a lo andado, reconstruyendo el camino.
Si bien no constituyen batallas permanentes, en tanto que cuentan con periodos de tregua, de diálogo y acuerdos, estos en términos objetivos por sus resultados son insuficientes para dar solución a la problemática de fondo que padecemos: inseguridad, impunidad, corrupción y pobreza.
Hay en contrapartida signos positivos, pues es obligado reconocer la existencia de avances y mayores equilibrios en el sistema político, aunque persisten señales de tendencias autoritarias, regresivas y contrarias al desarrollo democrático y a la cultura del pluralismo, circunstancia que da pie al sospechosísimo, al atrincheramiento y a la desconfianza.
Uno de los elementos fundatorios de lo anterior es la creciente corrupción e impunidad de los últimos años. Desde el inicio de la presente administración se desmanteló la Secretaría de la Función Publica, con la intención de sustituirla por un órgano anticorrupción, cuestión aún pendiente y el hecho real es la inexistencia de una fiscalización adecuada que traiga como consecuencia un eficaz combate a ese flagelo, por el contrario, se aprecian acciones bajo valores entendidos, complicidades y manga ancha para operar sin ningún rubor.
Otro más se localiza en la utilización de los programas sociales de manera selectiva, aprovechando la necesidad de la gente, con propósitos corporativistas y electorales. El sistema de justicia no termina de aterrizar y las comisiones defensoras de derechos humanos, particularmente las oficiales, trabajan a medio gas.
Las elecciones intermedias, que se avecinan, prácticamente ya arrancaron y pondrán a prueba la capacidad institucional del país, como la madurez del sistema político, ambos aún frágiles y dependientes del ánimo, voluntad y carácter de sus liderazgos.
El desafío que enfrentan y la forma en que lo aborden y procesen será definitorio en el destino de la nación. ¿Superar las tentaciones que implica manejar el poder para favorecer a un grupo o estar conscientes que el país requiere de todos?, ¿concluir la etapa transicional y aterrizar en la consolidación democrática o concentrar el poder en un solo hombre? Estas son algunas de las disyuntivas que están presentes y esperan respuestas con actitudes.