Luego de diez días del atentado que dejó a 14 heridos en un centro comercial cercano a una estación de metro en Santiago de Chile, la policía detuvo a tres personas sospechosas de ser autores intelectuales y materiales del artefacto explosivo. Desde que se produjo el atentado del 8 de septiembre, se registran diariamente cerca de siete avisos falsos de bombas.

“Este hecho representa un paso muy importante porque nos muestra que un trabajo coordinado, profesional y permanente es el camino para aclarar los hechos y castigar con todo el peso de la ley a quienes resulten responsables”, expresó la presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de La Moneda, al participar en el te deum de la catedral de Santiago con motivo del día nacional de Chile.

Los sospechosos tienen entre 22 y 26 años y cuentan con un historial de delitos. El presunto autor material del bombazo se llama Juan Flores Riquelme (22), con antecedentes por desórdenes en espacios públicos, hurto y robo con intimidación.

Los otros dos detenidos son Nataly Casanova Muñoz (26), que está siendo investigada por dos hurtos simples en 2012, y Guillermo Durán Méndez (22), también con antecedentes por hurto y desórdenes. Los tres fueron apresados en la madrugada en una casa de la comuna de La Pintana, una zona popular y humilde del sur de Santiago, en el marco de un amplio operativo policial que involucró a unos 220 agentes.

El jefe de la Fiscalía Sur, Raúl Guzmán, indicó que los sospechosos forman parte de “una célula bastante compacta y hermética”; así mismo puntualizó que se realizaron pruebas científicas para llegar hasta los sospechosos y que el Ministerio Público pedirá el máximo de penas. El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, dijo al respecto que se trata de “una célula anarquista acotada que puede tener mayores vínculos” y que “pueden tener relación con una serie de atentados”.

La Fiscalía no ha descartado que haya más involucrados y, durante toda la jornada, se realizarán nuevas diligencias. Las medidas de seguridad se han extremado en estas fechas en que Chile celebra sus fiestas patrias, debido a que las autoridades temían que los grupos anarquistas actuaran en el te deum que se celebra este 18 de septiembre o en la tradicional parada militar de este 19 de septiembre, en que las Fuerzas Armadas desfilan frente a la Presidenta.

Los grupos antisistema, a los que se les atribuye la responsabilidad de los atentados, han instalado unos 209 artefactos explosivos desde 2005, de acuerdo a la estadística oficial con la que trabaja el Ministerio Público. De ellos, 29 se han colocado este año.

El 13 de julio, una bomba estalló de noche en un vagón de metro de la estación Los Domínicos, sin reporte de heridos. Fue una señal importante para las autoridades: por primera vez los autores atentaron en un lugar público y en un horario todavía hábil. Luego, el 12 de agosto, instalaron una bomba cerca de la primera comisaría de Carabineros, en el centro de Santiago, sin que nuevamente se registraran víctimas. Pero la explosión del 8 de septiembre en el Subcentro, una galería comercial a metros de la estación Escuela Militar, traspasó todos los límites: explotó en un basurero de metal a las dos de la tarde, en pleno horario de comida y en una zona altamente transitada.

Por estos tres hechos, el Gobierno buscó ejecutar la Ley Antiterrorista, una normativa que está siendo estudiaba en Chile por considerarse deficiente y obsoleta. Al mis tiempo, el Ejecutivo anunció un proyecto de reforma a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) para dotarla de mayores atribuciones que permitan adelantarse y evitar los atentados; se ha abierto un intenso debate sobre la conveniencia de tener agentes encubiertos que permitan infiltrarse en los grupos antisistema.

La principal interrogante frente a estas detenciones es si la Fiscalía cuenta con las pruebas suficientes contra los sospechosos para que no se repita lo que ocurrió en 2012, cuando seis inculpados por el llamado caso bombas fueron absueltos por la Justicia por investigaciones poco contundentes.

Dos de esas personas, Francisco Solar y Mónica Caballero, luego viajaron a España y el 2 de octubre de 2013 atentaron con una bomba contra la Basílica del Pilar de Zaragoza. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, los imputó por terrorismo y señaló en su auto que los chilenos habían eludido un proceso en su país por un error en el procedimiento.