Entrevista a Lilia Aguilar/Diputada por el PT
Irma Ortiz
Cuando se revisa la página electrónica de Grupo México —uno de los principales productores de cobre a escala internacional con presencia en México, Perú y Estados Unidos, y cuyo dueño Jaime Larrea es uno de los hombres más ricos de México con una fortuna de cerca de 16 mil millones de pesos, de acuerdo con Forbes—, se observan grandes maquinarias, trabajadores con moderno equipo de protección y donde se destaca el compromiso de la empresa con el medio ambiente, sus empleados y las comunidades aledañas, además de tener ventas en 2010 por más de 8 mil millones de dólares.
Sin embargo, la realidad es muy distinta; el derrame de más de 40 mil litros cúbicos de sulfato de cobre y otros metales al río Sonora y su afluente Bacanuchi, ocurrido el 7 de agosto pasado —el más grande sufrido en la historia de la minería y que se negó en un principio—, puso de relieve, nuevamente, el manejo de la empresa en la región y con sus trabajadores. Imposible olvidar Pasta de Conchos.
Las fotos aéreas —tomadas cerca de un mes después del derrame por la diputada del PT, Lilia Aguilar— muestran la realidad que vive la zona aledaña a la mina de Buenavista del Cobre, las imágenes hablan más que mil palabras.
La realidad que viven los trabajadores la evidencian la falta de equipo; los mineros deben cubrirse con sus camisetas para tratar de evitar vanamente lo abrasivo del ácido sulfúrico; están los testimonios de los más de mil 200 trabajadores que la empresa botó a la calle en 2007, con el apoyo del gobierno calderonista, sin derecho a servicio médico, liquidación, y que hoy, muchos de ellos, sufren de cáncer.
GM: inescrupuloso, irresponsable e indolente
La comisión de legisladores que visitó la zona determinó que se deben entregar 5 mil millones de pesos para incrementar el fideicomiso de desarrollo regional —cuyo aporte inicial era de 2 mmp— ya que fue inescrupulosa, irresponsable e indolente. Recomienda cerrar la mina porque se desconoce el destino que da a los desechos tóxicos.
Grupo México, que en un inicio se mostró soberbia, ya participa en el fideicomiso, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto se negara a tener acuerdos por debajo de la mesa. Sin embargo, en opinión de la diputada petista Lilia Aguilar, es el momento de que el gobierno siente un precedente frente a las empresas nacionales y extranjeras interesadas en invertir en materia energética, y poner por delante el bienestar de la gente.
¿Qué vio en su recorrido por los ríos Sonora y Bacanuchi luego del derrame tóxico provocado por la minera?
En la visita que hizo la comisión nos dimos cuenta de la falta de atención un mes después de la tragedia, no se habían recogido los residuos tóxicos ni tampoco se había dado atención a la ciudadanía. Nosotros estuvimos en tres de los siete municipios afectados y de lo que nos dimos cuenta es de que no había tampoco apoyo a la comunidad como es obligación de la minera.
Nos dimos cuenta de que además de las faltas a la norma que tenía el Grupo México específicamente, porque tienen lo que llaman las tinajas de sulfato de cobre al aire libre, además de que el manejo de los residuos tóxicos está mal hecho y ni siquiera hay un depósito correcto de las sustancias que están manejando.
En el informe que presentamos al pleno solicitamos la ampliación del fideicomiso que ya se acordó entre el Ejecutivo y Grupo México para que cubra cuestiones de desarrollo regional, específicamente el daño que se ha hecho a la marca río Sonora para crear un fondo también que contemple las desgracias posteriores que ya hay específicamente en Cananea.
¿A qué me refiero? A los impactos de salud que no se han medido porque no hay todavía un reporte específico, por el impacto que tienen los metales pesados en el agua del consumo humano y esta situación como puede afectar posteriormente a los ciudadanos. Tenemos varios casos de cáncer ya en Cananea por el manejo inadecuado del sulfato de cobre o del ácido sulfúrico; y de todos esos casos, la mina debe responsabilizarse porque no sólo no se ha hecho responsable sino que les ha negado el servicio médico a casi mil 800 trabajadores, que despidió hace 6 años.
Revisar el retiro de la concesión
Nosotros consideramos importante que conforme a la ley, se revise el retiro de la concesión e insistimos en ese tema porque consideramos que hay elementos legales suficientes para retirar la concesión a GM. El acuerdo básico es que se revise la Ley de Minas, la Ley de Medio Ambiente y que conforme a éstas y a las normas que debe cumplir el Grupo México, haya una consideración legal y un procedimiento para retirar la concesión si es que así procede; y si no, para la suspensión temporal de actividades, en ese punto estamos de acuerdo todos.
Ustedes insisten en el retiro de la concesión cuando ya también existe un acuerdo con el gobierno federal. ¿Eso significaría que se le van a dar facilidades?
No, nosotros nos reunimos la semana pasada con el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud; con el titular de la Profepa, Guillermo Haro, así como con representantes de Conagua, y la impresión que nos da es que evidentemente ellos están privilegiando el tema del resarcimiento del daño, pero nosotros fuimos muy claros en decir que hay fundamentos legales para hacer la revisión del retiro de concesión y que se debe de hacer porque para la comisión está muy claro que es un antecedente muy evidente, sobre todo para quienes van a venir posteriormente a hacer perforaciones, el fracking para extraer gas shell o exploraciones para extracción de petróleo.
Tenemos que ser muy claros —el gobierno mexicano y los poderes Legislativo y Ejecutivo— de que en este país hay normas y éstas tienen que cumplirse; si dejamos pasar de largo el análisis de las recomendaciones de la comisión, el titular del Ejecutivo estaría mandando un mensaje muy equivocado a estas empresas diciendo que hay permisividad, sobre todo en el tema de ecología en México, y en la Cámara de Diputados no estamos dispuestos a hacerlo.
¿Qué viabilidad tendrá la recomendación de cancelar la concesión o suspensión de actividades, cuando Grupo México ha hecho caso omiso de normas y leyes?
El tema de la viabilidad en realidad es muy sencillo. Hay normas específicas que establecen cómo deben manejarse los retiros de concesión, las normas en materia de medio ambiente son muy laxas —ése es nuestro problema—, pero sí establecen las responsabilidades de la empresa y cuándo debe revisarse el retiro de concesión.
Efectos en la salud
No te estoy diciendo que eso vaya a suceder, pero lo que sí creo es que vamos a insistir en que se revise, porque si no, lo que está haciendo el Ejecutivo federal parecería una gran farsa y que en este país pueden mandar los poderes fácticos y económicos y no el bienestar de la gente.
No estamos hablando nada más de 10 mil empleados en la mina de Cananea, estamos hablando de 22 mil sonorenses afectados, y no sabemos realmente a futuro, en 10 o 15 años, los efectos en la salud que esto tendrá. Me parece que es un gran reto el que tiene el gobierno federal y que demostrará la decisión que tiene realmente de aplicar la ley o dejarla pasar, y que sea a través de acuerdos con los grupos económicos dejar las cosas como están.
Al tiempo que sucede este desastre tóxico se descubre que el gobernador Guillermo Padrés cuenta con una presa particular y se da la detención del vocero del pueblo yaqui, Mario Luna, que se ha opuesto a la construcción del acueducto Independencia. ¿Este último hecho sería una cortina de humo para distraer a la opinión pública sobre la situación de Grupo México por parte del gobierno estatal?
La comisión de la que soy miembro tiene la obligación de revisar el tema del desastre ecológico. Lo que Conagua descubre y pone en evidencia, que considero un acto inmoral del gobernador sonorense de tener una presa en su propiedad, pero además de estar deteniendo 40 millones de litros de agua cuando hay una deficiencia de ese vital líquido en 7 comunidades pegados a los ríos Sonora y Bacanuchi, y él tiene la posibilidad de sanear esos problemas. Además de que ilegalmente está deteniendo el agua, porque hay que recordar que un privado no puede realizar actividades de recopilación y detención de agua, sobre todo en estados desérticos como son los casos de Sonora y de Chihuahua, entidad de la que soy originaria.
Lo que hemos dicho es que hay que separar una cosa de otra, y si el gobernador Guillermo Padrés tiene responsabilidades en este tema, que se ponga en manos de la justicia, porque es lo menos que puede hacer una persona que representa una institución ejecutiva en un estado.
Ha salido a los medios Gustavo Madero, presidente del PAN, a defender al gobernador Padrés y en nombre del federalismo ha pedido que el gobierno federal no analice el tema de la presa que Padrés tiene en su propiedad. Me parece que el PAN debería ser más cauto en tratar de defender los actos de corrupción en los que se han visto inmiscuidos, remitámonos desde el desvío de recursos para las fiestas particulares del coordinador de diputados, que ya fue removido; el problema que tiene el coordinador Jorge Luis Preciado con lo que se consideran actos de corrupción para la construcción de un hotel en su estado natal. Ahora esto que nos parece inaceptable, que es la acumulación ilegal de agua que hace el gobernador en una represa particular; nos parece que sí puede ser una cortina de humo, pero el gobernador debe separar los asuntos, no hacer de esto un tema político, y debería también aceptar que GM debe de cumplir con su responsabilidad, porque al final es el grupo empresarial quien está en el centro del debate.
Cortina de humo
¿Y esta detención del líder del pueblo yaqui, cuando se señala que la creación del acueducto obedece más que atender a los habitantes de Hermosillo, es para favorecer a refresqueras y otras empresas?
El tema de la corrupción en Sonora y los manejos que ha hecho el gobernador, sobre todo con un bien tan importante como es el agua para un estado como éste, quedaron en evidencia, como también —y lo digo a título personal— el gran autoritarismo que hay en el gobierno de Sonora. Esto no solamente es una cortina de humo por parte del gobernador, sino que me parece que los mexicanos deberíamos solidarizarnos con el pueblo yaqui, pues lo único que están pidiendo es que haya una distribución equitativa del agua y no se privilegie a unos cuantos que resultan amigos del gobernador porque pagan una campaña.
¿Situación que viven los trabajadores mineros con las afectaciones que sufren por la contaminación, por el ruido?
Reportan algunos medios de comunicación que se les dan máscaras de papel para la operación, pero lo que nosotros vimos es que ni siquiera máscaras se les estaban dando, incluso tenemos fotografías que muestran a los mineros que usan sus propias camisetas para cubrirse de lo abrasivo del ácido sulfúrico, y las condiciones en que viven los trabajadores, que no cuentan con ningún régimen de seguridad y existe un tratamiento completamente inhumano.
Además el GM tienen un problema laboral desde hace años con mil 200 trabajadores que despidió cuando se disolvió a la sección 65 del sindicato de la minera, a quienes simplemente desechó y no les dio ninguna liquidación, y ni siquiera les cumplió con parte del contrato colectivo, que es ofrecerles servicios médicos. Los trabajadores del GM no tienen ni siquiera Seguro Social porque la empresa les prometió que les va a dar servicio médico particular, pero no les ha cumplido.
Condiciones laborales inhumanas
Las condiciones para los trabajadores no solamente son paupérrimas sino también inhumanas, además de ilegales, porque este país tiene una ley que protege el derecho de los trabajadores, que se hizo laxa después de la reforma laboral, pero que sigue teniendo claros los derechos de los trabajadores y que no son cumplidos por parte del GM.
No hay seguridad social, no hay retiro, no hay pensiones y, sobre todo, hay una gran discriminación; el GM no contrata gente de Cananea, ni de los municipios de la región. La gran pregunta para nosotros es qué beneficios realmente le trae a Sonora esta empresa que se dedica a la minería si ni siquiera contrata a la misma gente del estado.
¿De dónde vienen los trabajadores?
No lo pudimos saber porque la minera tiene tanto miedo a la población de Sonora que tiene cerca de mil 200 elementos de seguridad alrededor de la mina que no permiten el acceso, sobre todo a ningún habitante de Cananea. Lo que sí sabemos es que hay 10 mil trabajadores, de los cuales hay una clara discriminación, tenemos fotos de los cartelones donde dice que se contratan mineros siempre y cuando no sean de Cananea y no tengan relación directa con algún minero que haya participado en el sindicato. Esta empresa ha roto la ley en todos los niveles y en todos los aspectos: en los temas ecológico, económico, resarcimientos y ahora en lo laboral.
¿Es el momento idóneo de que, si el gobierno quiere sentar un precedente, exija a empresas como GM atender realmente a los trabajadores activos y a los que despidió?
Ése es parte del informe que presentamos, donde señalamos que debe revisarse la situación laboral específicamente para la gente de Cananea y sobre las prestaciones que está dando en su cumplimiento con la Ley Federal de Trabajo. La revisión que se haga del tema laboral para GM será un gran ejemplo no sólo para las nuevas empresas energéticas que vengan, sino para todas las empresas en el país porque hay una gran violación de derechos de los trabajadores de estos consorcios, sobre todo en la minería, donde hay muchos problemas de seguridad que no están cubiertos.