Desprestigio de representantes populares
Félix Fuentes Medina
Debe darse fin a la práctica perniciosa de los diputados de asignar cada uno de entre 10 y 40 millones de pesos a los municipios. Ese manejo dio lugar, en esta nación de corruptos, a los moches.
Luis Carlos Ugalde, expresidente consejero del Instituto Federal Electoral, dijo que debe frenarse la facultad de los diputados de repartir a discreción fondos públicos a los alcaldes.
Debió pronunciarse Ugalde, como coordinador de la investigación realizada de asunto tan conflictivo, por el final del reparto que en mala hora se asignaron los diputados, no sólo aplicarle freno.
Reveló el senador panista Ernesto Cordero que a cada uno de los diputados influyentes se les permite la distribución de 40 millones de pesos y quienes no son amigos de los coordinadores de San Lázaro sólo pueden repartir 10 millones en cada ejercicio presupuestal.
A juicio de Cordero, se ha generado un mercado secundario en la Cámara de Diputados, a donde llegan los alcaldes a gestionar partidas presupuestales con los legisladores de sus respectivas entidades.
El mismo senador, famoso por sus disputas en el seno del PAN, advirtió que algunos diputados “empiezan a ser generosos y otros son muy generosos en ese mercado de corrupción profunda”.
Cordero, miembro principal del bando de Felipe Calderón, libra un pleito como no se recuerda otro en el seno del PAN contra el líder Gustavo Madero, a quien ha acusado de brindar protección al coordinador Luis Alberto Villarreal, quien fue obligado a renunciar a esa posición por pactar moches con presidentes municipales.
Miguel Barbosa, coordinador senatorial del PRD, se ha pronunciado también por que termine el reparto de dinero realizado por diputados, dado que lo hacen a cambio de recibir una parte del dinero que gestionan.
De ahí se derivó el calificativo de moche, invento de los mismos diputados que ya se convirtió en vergüenza nacional y desprecio del Poder Legislativo.
Esa modalidad de sobornos, en la cual destacan algunos panistas, se agrega al desprestigio de los representantes populares debido a los gastos que se asignan en viajes, aguinaldos, seguros y otras prestaciones, incluidos premios por leyes aprobadas.
A los legisladores les pagan pólizas de gastos médicos, de vida, de funerales para ellos y sus familias, de daños por robo, de inmuebles e instalaciones. Los seguros de vida pasan de 119 millones de pesos.
Debido a tantos beneficios a diputados y senadores no se les reconoce su desempeño en periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones. Fueron necesarias numerosas y largas jornadas para sacar once iniciativas enviadas por el gobierno federal.
Debieran los legisladores revisar sus ingresos y conductas, sin caer en corruptelas como la de los moches, como primer paso de combate a la corrupción y borrar el desprestigio que pesa sobre ellos.