Abulia de las autoridades
Humberto Musacchio
¿Quién cuida los ríos de México? ¿Qué autoridad debe evitar la contaminación de las aguas? Cabe hacer las preguntas porque en cualquier país ocurren accidentes, pero entre nosotros la afectación a vasos y corrientes se ha venido convirtiendo en costumbre.
Lo que pasó en la mina Buenavista del Cobre no es un asunto menor. No se trató de una mera fuga, sino que la indolencia, el afán de ahorrar o la mera incapacidad para manejar una mina ocasionó un desastre de gran magnitud, con una decena de municipios afectados y las aguas de los ríos Sonora y Bacanuchi no aptas para consumo humano ni para la ganadería y la agricultura.
A fines de agosto, en la laguna de Cajititlán, en el municipio de Tlajomulco, Jalisco, se produjo una insólita mortandad de peces. Se teme que las más de 50 toneladas de pescado en descomposición ocasionen el brote de alguna enfermedad. Días después de ocurrido el desastre, las autoridades ni siquiera sabían qué o quiénes lo produjeron.
Pese a estar muy cerca de Guadalajara, Tlajomulco es uno de los diez municipios con más reportes de ordeña de ductos petroleros. Solamente en el primer semestre del presente año se han reportado 33 casos, sin que se conozca a los responsables ni se hayan adoptado medidas para evitar que siga la sustracción.
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, de un ducto de Pemex escapó una gran cantidad de petróleo que contaminó casi 12 kilómetros de la acequia Toma de Agua Santa Isabel y cerca de siete kilómetros del río San Juan. Gente, ganado y cultivos se han quedado sin agua potable y, pese al optimismo de Pemex, lo cierto es que puede tardar, y mucho, la limpieza de las citadas corrientes.
En Tierra Blanca, Veracruz, otra fuga mayor, ésta de gasolina, ocasionó la muerte de aves, reptiles y mamíferos, y en más de siete kilómetros resultó contaminado el arroyo Hondo. Las autoridades de Protección Civil de la localidad alertaron a la paraestatal, pero ésta tardó seis días en intervenir pese al riesgo de que se produjera un incendio de gran magnitud.
Los derrames de combustible se atribuyen a la ordeña de ductos que se practica en forma constante y en gran escala, sin que el asunto parezca preocupar a las autoridades, cuya inacción bien pudiera atribuirse a complicidades con funcionarios y líderes sindicales de Pemex beneficiados por la venta de combustible ilegal.
Pero sea de un modo u otro, las aguas se contaminan sin que la Semarnat, los gobiernos estatales, la Conagua y otros organismos de nuestra abundante y expansiva burocracia atinen a intervenir oportunamente ante el ecocidio ni mucho menos a adoptar medidas preventivas. ¿Para qué?, parecen decir con su abulia.