Los seis reclusos de la cárcel de Guantánamo, Cuba, que llegarán a Uruguay en los próximos meses acordaron con el gobierno vivir al menos dos años en el país sudamericano y respetar sus normas y leyes, reportó el semanario uruguayo Búsqueda.

Los prisioneros de la base estadounidense “firmaron un documento en el que se ‘comprometen’ a cumplir determinadas cláusulas establecidas por Uruguay”, indicó el semanario , “El acuerdo detalla que deberán residir al menos dos años en Uruguay -aunque tienen permitido viajar al exterior- y respetar y ‘vivir de acuerdo’ con las normas y leyes nacionales”.

El gobierno también acordó con la Cruz Roja que ésta será la encargada de identificar y trasladar a las familias de los prisioneros a Uruguay cuando ellos ya estén instalados, publicó Búsqueda y que a los reclusos se les garantizará el acceso a la salud y la educación, pero “el Estado no los mantendrá económicamente, sino que se limitará a facilitar su reasentamiento en el país”.

Sin embargo, dos de los reclusos ya tienen asegurado un trabajo cuando arriben al país, uno en la construcción y otro en el campo.

El traslado de los presos a Uruguay fue anunciado en marzo por el presidente José Múttttttjica y confirmado en mayo durante una visita en Washington a su homológo Barack Obama.

Mujica dijo a periodistas que no daría detalles sobre el tema, “Sabe que eso lo voy a decidir yo, y no insista porque no le voy a decir nada. Y lo voy a decidir cuando tenga toda la información que precise”, enfatizó el ex guerrillero izquierdista, y agregó que los medios que informan sobre el tema “no saben nada”.

El lunes, The New York Times informó que en agosto Estados Unidos estaba listo para trasladar a los prisioneros, pero cuando todo estaba pronto para el traslado “a Mújica le preocupaba que sería políticamente arriesgado seguir adelante debido a las próximas elecciones en su país”.

El traspaso al país sudamericano será el más numeroso de presos de Guantánamo en los últimos años, que es una cárcel abierta por Estados Unidos en 2002, bajo el mandato de George W. Bush, por la “guerra contra el terror” luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001.