De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía de Guerrero, al menos 17 normalistas fueron levantados y asesinados, después de ser trasladados “a la parte alta de un cerro de Pueblo Viejo”.
Sin embargo el fiscal Iñaky Blanco Cabrera, señaló que el hallazgo de 28 cuerpos calcinados en las fosas clandestinas de Iguala debe ser comparado con las muestras de ADN de familiares de personas no localizadas, por lo que aún no se puede confirmar que sean algunos de los 43 alumnos desaparecidos de la normal rural Raúl Isidro Brugos de Ayotzinpa.
Las investigaciones que ha realizado la Fiscalía ratifican la participación de los integrantes de la organización criminal “Guerreros Unidos2, Martín Alejandro Maceda Barrera y Marco Antonio Ríos Berber, ambos integrantes de dicho grupo, confesaron su participación en el homicidio de los estudiantes.
Según su declaración ante el Ministerio Público, estas dos personas siguieron a los estudiantes que arribaron den autobuses en Iguala, cuando llegaron al centro de la ciudad, donde también había policías municipales, accionaron sus armas en contra de ellos y para obligarlos a bajar de los vehículos y trasladarlos al cerro del Pueblo Viejo.
Dicha versión, coincide con los testimonios de los normalistas sobrevivientes que aseguran que los policías “desaparecieron” a sus compañeros.
“Los detenidos contestaron que la instrucción de acudir al sitio en que se encontraban los normalistas la dio a quien ubican como el que da las órdenes en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Francisco Salgado Valladares; en tanto , la instrucción de llevárselos y ultimarlos la recibieron de un sujeto apodado -El Chucky-; integrante y líder de los “Guerreros Unidos”.
De acuerdo con los expedientes laborales de los que dispone el Ministerio Público, conviene precisar que Salgado Valladares presta sus servicios como policía tercero de la enunciada corporación, por quien la Fiscalía General realiza las acciones de búsqueda y presentación conduncentes”, comentó el fiscal.
Al contar con esta línea de investigación, las autoridades iniciaron la búsqueda de los estudiantes el 27 de septiembre, un día después de los ataques donde murieron seis personas y 25 resultaron heridas, lo que llevo a la localización el 4 de octubre de varias fosas clandestinas en las faldas del cerro Gordo, en la comunidad de Pueblo Viejo al norponiente de Iguala, donde hasta el momento han sido extraídos 28 cuerpos: “algunos completos y otros fragmentados, que presentan signos de calcinación”.
Por estas acciones José Luis Abarca sea desaforado a través de un juicio de procedencia que el gobierno del estado promoverá, hoy en el Congreso local, para que se le quite el fueron constitucional y sea juzgado conforme al derecho.
“Dado que se desconoce el paradero y ubicación de Abarca y de su secretario de Seguridad Pública, la fiscalía giró un orden de localización y presentación en su contra, además de solicitar la colaboración a las subprocuradurías y fiscalías de todo el país y de la Procuraduría General de la República”.
En la conferencia de prensa en Acapulco, explicó Blanco que han consignado a 29 integrantes de “Guerrero Unidos”, cuatro fueron entregados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO), de la PGR.
Las investigaciones continúan por lo que no descartan la detención de más involucrados.
Entorno a los homicidios de tres estudiantes, un integrante de los Avispones de Chilpancingo, el chofer del equipo de futbol, y una mujer, las autoridades ratificaron que fueron privados de la vida, por policías municipales y sicarios de Guerreros Unidos.
Para corroborar la identidad de los cuerpos hallados, cuyo proceso tardaría entre 15 días y dos meses, participan elementos de la PGR, de la Policía Federal y nueve especialistas argentinos, estos últimos propuestos por organizaciones civiles que respaldan la exigencia de justicia de normalistas.