Indignación popular
Alfredo Ríos Camarena
La violencia, la barbarie, la crueldad más inverosímil por irracional y absurda se ha venido desarrollando desgraciadamente en nuestra nación; las narcofosas, las masacres colectivas que han sucedido en Coahuila, en San Fernando, Tamaulipas, y en Veracruz son la señal de que nuestra sociedad sufre una patología grave y que sólo una política inteligente y decidida puede recuperarnos de esta enfermedad nacional.
Lo acontecido en Iguala es verdaderamente dramático y tiene que ver con la corrupción y la tolerancia del crimen organizado, pues para nadie deberían ser un secreto los vínculos que José Luis Abarca Velázquez y su familia política mantenían con el cártel de Beltrán Leyva y más tarde con los Guerreros Unidos.
La explicación —si puede haber alguna— está en que el día de los hechos, el 26 de septiembre, el presidente municipal celebraba un baile y un acto para festejar el Segundo Informe de Labores como presidenta del DIF municipal de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, por lo cual, los aguerridos y revoltosos estudiantes de la Normal de Ayotzinapan pretendían llegar a estos eventos en camiones que habían secuestrado; por tanto, la orden del presidente municipal a su director de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, fue que impidiera, a como diera lugar, la presencia de los jóvenes normalistas.
Más tarde, las patrullas confundieron el camión del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo y también dispararon a mansalva, ocasionando la muerte de un joven de 15 años y del chofer del autobús.
Pero no era suficiente para la bestialidad de quienes participaron en estos hechos proditorios; secuestraron cuando menos a 44 jóvenes a quienes —según los inculpados— los entregaron a un sujeto apodado El Chuky quien ordenó ultimarlos. Lo anterior emana de la declaración ministerial de José Gaspar, quien aceptó pertenecer a la organización Guerreros Unidos. Hasta el momento han sido detenidos 22 policías municipales; los cadáveres calcinados que se encontraron en Pueblo Viejo es probable que sean los estudiantes sacrificados.
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, debería estar informado de las relaciones delictivas de las autoridades de Iguala; pues si no lo sabía, peca de ingenuo, por decir lo menos, aunque recordemos que las autoridades municipales de Iguala eran parte del mismo partido que postuló al gobernador; si lo sabía y lo toleraba, resulta cómplice por omisión y debería tomársele la palabra para que presente su solicitud de licencia indefinida al Congreso local.
Contrasta este crimen absurdo y brutal con la solución inteligente y tolerante que se dio al tema del Instituto Politécnico Nacional, donde el secretario Miguel Ángel Osorio Chong desempeñó un papel preponderante —aun cuando todavía no está resuelta la huelga al momento de escribir estas líneas—, sin embargo, el tema del IPN puede contaminarse con los hechos en Guerrero, donde puede estallar una protesta nacional, por lo que el gobierno federal debe actuar con gran rapidez para esclarecer los hechos de Iguala.