Ley de la infancia y adolescencia
Mireille Roccatti
En los últimos tiempos, hemos atestiguado cómo una descomposición social inexplicable o bien explicable desde una innegable pérdida de valores se ha cebado en nuestros niños y adolescentes. La lucha incansable de activistas sociales y algunas instituciones por protegerlos acaba de rendir frutos.
El pleno del Senado recién aprobó la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La nueva legislación, producto de una iniciativa preferente del titular del Ejecutivo fue enviada a la Cámara de Diputados, la cual tendrá 30 días para analizarla y avalarla en tanto cámara revisora.
Con regular frecuencia, la sabiduría popular afirma que los niños son el futuro de los pueblos, que en ellos se depositarán las más grandes responsabilidades, que en sus manos estarán las riendas que conducirán el destino de la patria; frases acuñadas a través del tiempo para ilustrar la importancia que tiene la etapa infantil del ser humano, por tal virtud resulta importante brindar a la niñez un ambiente propicio para el desarrollo integral de su personalidad.
Para el logro de ese desarrollo, el niño debe crecer en el seno de la familia, considerada como el núcleo básico para su protección; sin embargo, en la época actual, la desintegración familiar es una realidad evidente, en la que el menor se enfrenta a situaciones difíciles que en muchas ocasiones no comprende.
Uno de los fenómenos sociales que merece atención especial es la abundancia de niños en la calle, en donde su principal preocupación ya no es la de atención, cuidado, afecto, educación propia de su edad, sino la supervivencia.
La mayoría de estos niños son víctimas de enfermedades, desnutrición, intemperie, maltrato, soledad, drogadicción, hambre, entre otros males que continuamente les aquejan.
Los menores, dadas las circunstancias en que viven, son susceptibles de ser vulnerados en sus derechos, por lo tanto, deberán recibir un trato justo y humano, quedando prohibidos el maltrato, la incomunicación, la coacción psicológica o cualquier otra acción contra su integridad física o mental.
Por ello, tenemos la sociedad en su conjunto de estar atentos al proceso legislativo a fin de que la ley sea un paso firme en la supervisión del bienestar de la niñez y garante de los derechos de los menores.
En México, el Estado está obligado a garantizar la debida protección de los derechos de los niños; para ese fin deben establecerse nexos y acciones conjuntas con todas las instituciones del Estado, así como con la sociedad en general.
La responsabilidad de propiciar el debido respeto de los derechos de los niños es de todos y debemos estar interesados en que todos los menores tengan la debida protección legal, en la teoría como en la práctica, para que los niños puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente, así como en condiciones de libertad y dignidad.
La mera emisión de esta ley no resolverá el problema, es necesario un cambio cultural y sobre todo un mayor involucramiento de la sociedad en su conjunto, porque si resulta inadmisible la enorme desigualdad social lo es más aún que la sufran nuestros niños. Es hora de construirles un mejor futuro.