Por segunda ocasión desde que está en La Moncloa, el presidente de España, Mariano Rajoy, se ha disculpado en el Senado por los casos de corrupción que afectan a su partido.
La otra vez fue hace más de un año, en agosto de 2013, por el caso Bárcenas en el que se investigó a Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, y su papel en la financiación de ese partido, en el periodo posterior a la Transición española
Ahora, el presidente Rajoy se ha visto obligado a pedir disculpas en nombre del PP ante la presión en todos los partidos, incluido al que pertenece, para poner en evidencia su sentencia frente a los escándalos.
Rajoy ha decidido pedir perdón en el día en que el ex secretario general del PP ha declarado ante el juez por una supuesta caja b de la formación, y 24 horas después de conocerse una nueva macrooperación contra la corrupción, “pido perdón en nombre del PP a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos”, dijo en la Cámara Alta.
“Entiendo y comparto plenamente la indignación de los ciudadanos, lamento profundamente la situación creada. Entiendo el hartazgo de los españoles, estas consultas resultan particularmente hirientes cuando los españoles han tenido que aportar tantos sacrificios y esfuerzos para sacar al país de la crisis”, aseguró Rajoy en tono grave.
El PSOE le ha pedido una comparecencia monográfica en el Congreso sobre corrupción e incluso le recordaron que los socialistas han pedido ocho veces a Rajoy que comparezca.
Rajoy no anunció ningún tipo de comparecencia especial y dio la impresión de que la reacción se va a quedar en ese discurso de disculpas leído en el Senado sin más explicaciones sobre los escándalos ni nuevas medidas, por lo que en el hemiciclo se armó un gran escándalo que acabó a gritos entre la bancada del PP, que recordaba el escándalo de los ERE andaluces, que afecta al PSOE, y los socialistas, que a gritos pedían la dimisión de Rajoy.
Rajoy insistió en que la solución es un gran pacto contra la corrupción aunque si el PSOE no quiere sumarse el PP sacará en solitario las medidas que llevan casi dos años en el Congreso; el ambiente de guerra entre PP y PSOE en el Senado augura que eso es lo que sucederá.
El presidente ha recalcado que en la Operación Púnica no hay financiación irregular, sino que “responde a la codicia personal de los cargos públicos y no a las organizaciones a las que pertenecen”, y ha defendido el trabajo de los cargos públicos, “esos comportamientos extienden una sospecha generalizada, pero esa mancha ensucia injustamente la imagen y la reputación de la mayoría de las gentes de los partidos”.
El presidente ha pedido a los españoles que confíen en el Estado de Derecho, ya que los nuevos casos de corrupción se han revelado porque la justicia y las instituciones “funcionan”, por lo que reiteró su compromiso con la “limpieza de la vida pública”.
“La democracia no puede permitir que nadie juegue con la confianza que depositan en los políticos. Por ello vamos a aprobar las dos medidas anticorrupción pendientes, cuanto antes, el Estatuto del alto cargo y la ley del control de la actividad económica y financiera de los partidos”, ha asegurado el mandatario, “si es con el consenso de la oposición, mejor, pero si no es así, sacaremos adelante las medidas anticorrupción con los votos del PP”.
El PSOE ha descartado un acuerdo global con el partido en el Gobierno sobre la corrupción, “ni ha habido, ni hay ni habrá un pacto con el PP”, dijo el secretario de Organización del PSOE, César Luena.
El PSOE ha establecido conversaciones con el PP en la búsqueda de un acuerdo en torno a un listado de leyes contra la corrupción política; los socialistas, con el apoyo de todos los grupos, exigen que Rajoy comparezca la próxima semana antes de poder hablar de un gran pacto.
En el PP hay dirigentes que lo consideran una solución adecuada ante la indignación social, explican, pero después de la petición de excusas de Rajoy la opinión más extendida es que el presidente medirá si esta reacción ha sido suficiente para bajar la presión y si es así decidirá no comparecer; algo parecido sucedió en 2013 y finalmente se vio obligado a convocar un pleno extraordinario.
Contra presunta red de corrupción
La Operación Púnica, con la participación de 150 agentes y desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción ante la presunta red de corrupción en siete municipios que adjudicaban obras y contratos a empresarios a cambio del cobro de comisiones se ha saldado con el arresto de medio centenar de personas.
Entre los 51 detenidos -luego de la operación ordenada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy Velasco, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, así como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a cargo de las detenciones y los numerosos registros- hay políticos, además de alcaldes.
Las actividades investigadas -blanqueo de dinero, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminales- se llevaban a cabo en Ayuntamientos y comunidades autónomas de Madrid, Valencia, León y Murcia; entre los consistorios donde ha entrado la Policía están el de Collado Villalba, gobernado por el popular Agustín Juárez, o el de Móstoles.
Los empresarios implicados habrían logrado, mediante el pago de “comisiones ilegales” a ediles municipales y funcionarios, la adjudicación de obras por unos 250 millones de euros en los últimos dos años; 259 Mandamientos a Registros de la Propiedad eran peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas para iniciar las acciones de recuperación de activos.
Asimismo, mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras en las que las autoridades han acordado bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos; aunados a 30 Embargos preventivos de Vehículos que, de acuerdo con la Fiscalía, son de alta gama y pertenecen a los principales investigados.
Un operativo de 150 agentes. La Guardia Civil ha desplegado un total de 150 efectivos entre agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de las unidades de Seguridad Ciudadana territoriales para llevar a cabo la macrooperación
Entre los principales implicados figuran:
Francisco Granados fue secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011 y durante años la mano derecha de la ex presidenta Esperanza Aguirre (senador, consejero de Presidencia, Justicia e Interior y Transportes, también fue presidente de la comisión del Tamayazo), que dispuso de una cuenta en Suiza de 1,5 millones de euros entre 1999 y 2013, lo que reconoció pero negó que hubiera realizado depósitos en ella durante sus años de dedicación a la política. Tras el escándalo de su dinero en Suiza, dimitió de sus cargos públicos.
El presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, del PP, solo lleva cinco meses en el cargo. Tomó posesión del puesto el pasado 30 de mayo para sustituir a la fallecida Isabel Carrasco, que murió asesinada a tiros dos semanas antes en León mientras caminaba por la calle. Martínez Barazón ha desarrollado su carrera política de la mano del PP en León y es también alcalde de la localidad de Cuadros.
El alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE), sucedió en 2008 a Tomás Gómez como regidor de la localidad madrileña, con casi 125 mil habitantes. A pesar de una imagen de amistad inseparable, los dos ediles se fueron distanciando con el paso del tiempo; a mediados de septiembre de 2014, Fraile, que está procesado por dos delitos de prevaricación administrativa y un delito de desobediencia por la destitución del jefe de la Policía Local en 2009, anunció que no se presentaría a las próximas elecciones municipales.
José Carlos Boza Lechuga (PP) asumió el cargo de alcalde de Valdemoro el 11 de junio de 2011; se forjó como político de la mano de Francisco Granados, como recordó el propio Boza en su discurso de investidura agradeciéndole el haber sido “el responsable” de que él se “hiciera en política”. Obtuvo el respaldo del 45,16% del electorado de Valdemoro.
El alcalde de la localidad de Collado-Villalba, Madrid, Agustín Juárez, tomó posesión como alcalde con mayoría absoluta en junio de 2011, en unas últimas elecciones municipales que pusieron fin a cuatro años de gobierno local socialista.
Gonzalo Cubas Navarro es alcalde de Torrejón de Velasco por el PP desde febrero de 2011 por una amplia mayoría: ocho de los 11 concejales.
Antonio Sánchez Fernández del Valle, de Unión Demócrata Madrileña (UDMA), dirige Serranillos del Valle, localidad de 4 mil habitantes, con el apoyo de la única concejal del PSOE. La formación del regidor y el PSOE denunciaron en 2011 a la anterior alcaldesa, Olga Fernández (PP), por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad de documento público.
David Rodríguez Sanz, del PP, ocupa la alcaldía de Casarrubuelos gracias a una agrupación independiente, a pesar de tener un edil menos que Izquierda Unida. La coalición de izquierdas perdió en 2012 la alcaldía a manos del PP y de Rodríguez Sanz después de una moción de censura.
Alejandro de Pedro Llorca es director general de la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO), una de las empresas registradas por la Guardia Civil, y que de acuerdo con su blog personal, dirige la consultoría EICO, con sede en Valencia, desde 2010. También ha desempeñado cargos de responsabilidad en Open Ideas, Grupo Demini, Libertas Consultores, Web to web, Tissat y Telecomunicaciones de Levante.
El empresario David Marjaliza logró adjudicaciones de contratos públicos en las localidades madrileñas de Valdemoro y Parla, según fuentes de la investigación. Amigo de la infancia del ex alcalde de Valdemoro y secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, el empresario declara en su web personal que es gestor de las sociedades mercantiles Centro Médico Valdemoro Plaza y Centro de Radiología y Resonancia Magnética abierta de Valdemoro, entre otras.
La directora del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Mariola Martínez, ha sido concejal del PP de Educación, Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Molina de Segura, y asumió su puesto en Turismo desde 2011. Los agentes de la Benemérita habrían intervenido un documento del Instituto de Turismo de la Región sobre un contrato de una cuantía “no muy elevada”.
José Fidel Saura, actual jefe de gabinete de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de Murcia, fue concejal de Turismo y Urbanismo en el Ayuntamiento de Cartagena durante dos legislaturas, desde 1999 a 2007.
Y José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, quien ya ha sido detenido sin conocer su grado de implicación en este caso de corrupción, confirmó este martes el consejero de Presidencia del Gobierno regional, Salvador Victoria.
Martínez Nicolás fue nombrado para este cargo en el año 2007 y formó parte del equipo del ex consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados; desde entonces ha seguido ocupando este cargo ya que la Agencia de Informática está adscrita a Presidencia.