Ante la exigencia de partidos políticos de endurecer y agregar requisitos como exámenes toxicológicos, o declaración patrimonial a los candidatos para el 2015, el presidente del INE, Lorenzo Córdova advirtió que dicho órgano electoral no suplantará acciones policiacas por lo cual no adicionará reglas adicionales que van más allá de lo que obliga la ley ya que el “oportunismo político” no puede estar por encima de un derecho.
Los requisitos para los candidatos están establecidos en la ley, en la Constitución y no creo que sea conveniente desde aquí ir más allá en términos normativos, lo que está en juego es el ejercicio de un derecho político fundamental y nosotros tenemos una misión de proteger esos derechos, esto quiere decir que todas las restricciones que se hagan a las candidaturas tienen que ser razonables, idóneas y necesarias, lo demás son consideraciones respetables, sin duda pero de oportunidad política que son válidas pero que no pueden estar por encima de un derecho”, estableció Córdova pidió no politizar el tema de la inseguridad de cara a las elecciones del próximo año pues ello puede llevar ese proceso electoral “por derroteros indeseables”.
“El tema de la inseguridad pública es un tema de Estado, y es transversal a gobiernos y partidos políticos,no caigamos en la tentación de que de cara a las elecciones politicemos un tema tan delicado si ello ocurre podemos encauzar la elección por derroteros indeseables”, advirtió Durante la discusión del proyecto para los criterios que regirán para el registro de candidaturas en el próximo proceso electoral, el representante del PAN ante el INE, Francisco Gárate Chapa solicitó a los consejeros exigir a los aspirantes a un cargo de elección popular entregar su declaración patrimonial y un exámen toxicológico para determinar el uso o consumo de drogas.
Sin embargo los consejeros rechazaron esa propuestas al explicar que viola la ley y los más elementales derechos humanos como explicó el consejero Enrique Andrade al recordar que ese tipo de requisitos no se establecen en la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), normatividad a la cual está sujeta nuestro país.