Entrevista a Alba Teresa Estrada/Investigadora del CIICH-UNAM

Nora Rodríguez Aceves

El caso de los normalistas de Ayotzinapa no es el primer acontecimiento de represión que se suscita en Iguala, Guerrero; el presidente municipal de extracción perredistas, José Luis Abarca Velázquez también fue señalado por la esposa de Arturo Hernández, luchador social que fue secuestrado y asesinado junto con otros dos compañeros, entonces éste es un acontecimiento más que se suma a ese clima de represión y de hostigamiento contra los luchadores sociales y contra los estudiantes”, afirma Alba Teresa Estrada Castañón, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (CEIICH-UNAM).

“Estoy clara de que algunos métodos de los estudiantes pueden ser molestos y disgustivos, incluso para la población, pero hay una desproporción flagrante en cuanto al nivel de la respuesta, no se puede responder rafagueando autobuses por esta práctica de los jóvenes, de tomar autobuses, que puede ser cuestionable mas no se equipara el nivel de la agresión con el nivel de la respuesta. Es muy grave que las autoridades y más gobiernos emanados de un partido supuestamente de izquierda respondan de esta manera a los reclamos de la población o de los estudiantes. Entiendo que el presidente municipal estaba molesto porque ellos irrumpieron en el Informe de labores de su esposa —María de los Ángeles Pineda de Abarca—, presidenta del DIF en Iguala, pero no hay proporción alguna; y el hecho que denota el clima de persecución es el acontecimiento de esta agresión contra el autobús en el que viajaba el equipo de fútbol de tercera división Avispones de Chilpancingo que no se encontraba dentro de la ciudad de Iguala y que su única delito fue parecer estudiantes o que su autobús se pareciera a los que fueron tomados por los estudiantes y que como se sabe provocó la muerte del chofer, de un joven de Chilpancingo de 15 años y de la pasajera del taxi que circulaba por ahí, por eso yo no puedo como ciudadana y como estudiosa de los temas de la política en Guerrero menos que condenar enérgicamente este tipo de respuestas”.

De ahí que Estrada Castañón se sienta consternada como ciudadana y como guerrerense “al ver la pasividad de las autoridades para la indagación y para procurar justicia, ya han empezado a aparecer algunos de los estudiantes desaparecidos, yo había comentado con algunos de mis conocidos que lo más probable es que algunos de ellos se hubieran dispersado para huir de la represión y, efectivamente ya han aparecido 14 de los 57 desaparecidos, sin embargo no descartaría que hubiera más gente ajusticiada, y es claro que es una represión desatada, esto lo digo yo a partir de la información que ha fluido en los medios nacionales y conociendo un poco el ambiente político de Guerrero”.

Se criminalizan las protestas

Por eso, la doctora en ciencias sociales con especialidad en sociología por el Colegio de México asegura, “pareciera ser que se tiende, no es la primera vez, a criminalizar cualquier protesta, aunque ahora se instala, además de la incapacidad del Estado para hacer frente a la violencia criminal, un clima de hostigamiento y de provocación, lo cual es muy grave, es como si se quisiera revivir los acontecimientos de los años sesenta y setenta en los que luchadores sociales como Genaro Vázquez Rojas, líder sindical del magisterio guerrerense, que comenzó en el Comité Cívico Guerrerense y luego Asociación Cívica Nacional Guerrerense, reivindicando demandas de carácter social y participando políticamente dentro de los marcos de la ley fue, por la represión, orillado a no encontrar más que la opción de la clandestinidad para continuar su lucha social”.

“No sé si esto es una tónica de todos los niveles de gobierno porque al parecer participaron también agentes federales, pero no es una responsabilidad exclusiva de los policías municipales que son los que están detenidos y a los que seguramente se les querrá imputar toda la responsabilidad, porque es claro que hay una línea de mando y que lo menos que uno puede presumir es la responsabilidad directa del presidente municipal de Iguala y también de parte del gobernador, Ángel Aguirre, y no descartaría que sea una línea política de tono represivo emanada desde los propios niveles de la federación.”

Estas declaraciones las hace la especialista en acción colectiva, cambio político y democracia; movimientos sociales, partidos, elecciones y procesos alternativos de construcción democrática en México y América Latina, luego de que la noche del viernes pasado y la madrugada del sábado policías municipales y ministeriales atacaron los autobuses de alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, donde fallecieron tres estudiantes y 56 desaparecieron, de acuerdo al subdirector educativo de la Normal de Ayotzinapa, Bardomiano Martínez.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia en el Estado, en un boletín de prensa, informa que “durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, se registraron diversos hechos en Iguala, en los que perdieron la vida seis personas y 20 más resultaron lesionadas”.

De acuerdo a la información oficial, “aproximadamente a las 21:30 horas del 26 de septiembre, se registró un incidente entre un grupo de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, con elementos de la Policía Preventiva Municipal de Iguala, esto en razón de que los normalistas tomaron tres camiones de la central de autobuses para dirigirse a su escuela, momento en el cual fueron alcanzados por elementos de dicha corporación, quienes presuntamente accionaron sus armas contra los citados vehículos, uno de los cuales llegó hasta las instalaciones del nuevo Palacio de Justicia, donde los estudiantes abandonaron el mismo, al cual se le apreciaban las ventanas rotas con piedras en su interior, además de encontrarse en las inmediaciones 11 prendas de vestir, algunas de ellas con líquido hemático…”

De igual forma, indica que “posteriormente, cerca de las 24:00 horas, se registró otra agresión de sujetos armados contra diversos automovilistas que se desplazaban sobre la carretera federal Iguala, en la que resultó afectado un autobús de una empresa del servicio turístico, en la que viajaban integrantes del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo y dos taxis del servicio público, perdiendo la vida un menor y una mujer…”

Mensaje para la izquierda y el gobierno

Frente a este escenario Alba Teresa Estrada comenta a Siempre! que “tendríamos que haber aprendido las lecciones de los años sesenta y setenta de que éste es un mensaje tanto para la izquierda como para los niveles de gobierno, se deben buscar los canales de la política y que a nada nos lleva instaurar una guerra sucia o salirse de los marcos de la legalidad para optar por la lucha armada, aunque tal parece que se quiere escalar la violencia con este tipo de acciones represivas, a menos de que se trate de una acción aislada, como dice el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, producto de la torpeza y de la intolerancia de un munícipe local”.

No obstante, también hay que recordar que éste no es el primer hecho de violencia contra los normalistas de Ayotzinapa, ya que el pasado 12 de diciembre de 2011, los estudiantes de la normal rural que bloqueaban la Autopista del Sol se enfrentaron con policías. Durante el enfrentamiento murieron por disparos dos jóvenes, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Además, a estos hechos de violencia hay que sumar la muerte y los atentados contra defensores de derechos humanos, defensores de causas sociales, contra la población en general, incluso contra políticos, lo que significa “una muestra de la profunda interpenetración que hay entre las organizaciones criminales, el aparato de seguridad y el propio aparato de Estado, ya no hay una frontera clara entre los grupos criminales, las instancias gubernamentales y algunos políticos, en particular caciques”.

En este punto, la investigadora del CIICH-UNAM expresa que ella quería concederle “el beneficio de la duda al gobernador Ángel Aguirre y pensar que fueron sus mandos subalternos los que provocaron aquella acción represiva contra los alumnos de Ayotzinapa en la Autopista del Sol en Chilpancingo y motivaron la muerte de dos estudiantes que aún no se ha esclarecido del todo y no se ha hecho justicia como debe ser, de ahí que en lo que yo observo —no tengo elementos para hacer una imputación directa al Gobierno del Estado— sí es claro que hay una omisión y una incapacidad, por no decir otras cosas más fuertes, frente a la acción quizá de grupos intermedios o de caciques que estén interesados en provocar un clima también de inestabilidad y de represión”.

Inestabilidad y provocación son el escenario

“Sabemos que dentro del PRI hay diferentes tendencias y grupos y en específico el grupo de Rubén Figueroa siempre se ha caracterizado por ser proclive a las soluciones violentas, si no es directamente una línea de mando que provenga del gobernador, sí hay la intervención de políticos interesados en crear un clima de inestabilidad y de provocación, que como decía yo, quisieran revivir este clima de represión, de confrontación y de escalamiento de la violencia de los años setenta, porque nosotros sabemos que la adscripción social de los jóvenes de Ayotzinapa los hace explosivos, los hace usar métodos que a veces pueden ser cuestionables para la búsqueda de justicia y de solidaridad con causas sociales, pero están tratando de sofocar el fuego con gasolina”.

La estudiosa en temas políticos relacionados con el estado de Guerrero agrega que “la experiencia que nos muestra el periodo de la guerrilla y la guerra sucia es justamente que la represión no hace sino llevar a un escalamiento de la violencia, por lo tanto, si no podemos señalar con claridad y con elementos contundentes una responsabilidad del gobernador de Guerrero como el artífice de este tipo de respuesta, sí tiene una gran responsabilidad en términos de omisión, de su tibieza y de la falta de claridad que ha habido para resolver estos antecedentes. La acción del gobernador y del procurador de Justicia tendría que ser más contundente, más oportuna, más rápida, más expedita, y lo que vemos es una tibieza y discursos que están francamente fuera de lugar. Me siento consternada e indignada y no puedo más que expresar mi pésame a las personas que han sido víctimas de esta agresión clara, de esta persecución, no se le puede llamar de otra manera”.

Además, hay que destacar que Guerrero no es la única entidad que vive en un clima de inseguridad, de violencia, que hay otras entidades en donde igual secuestra, extorsionan, hay masacres, matan a políticos, reprimen y hostigan a luchadores sociales y defensores de los derechos humanos, a la población en general, es decir, es un clima generalizado en el país, y que seguiremos viendo más aún ahora que ya comenzó el proceso electoral de 2015 y que siempre un proceso electoral contamina y enrarece más el ambiente.

Guerrero, estado de caciques

En el caso de Guerrero, “es un clima que ha tenido una violencia latente, recordemos que ha habido una serie de asesinatos, que es algo que no ha parado, que hubo una especie de “detente”, pero el clima político en torno a los procesos electorales es un elemento que puede estar incidiendo en el escalamiento de la violencia. Guerrero es un estado de caciques, eso no ha dejado de ser, y muchos de estos caciques están en el PRI, pero también están en el PRD y que en torno a la disputa por las posiciones de elección pueden estar creando este clima que hace ver muy mal estos gobiernos perredistas, los exhibe no sólo como incapaces sino también como represores en sí mismos y están cayendo en este clima si es que no está emanado de su mismo seno”.

Por lo tanto, “el clima de las elecciones que se avecinan en 2015 es un elemento más para escalar el clima de violencia que se está produciendo y que por una parte, como digo, exhibe la ineptitud, la omisión, la complicidad de los gobiernos de “izquierda” pero también crea un clima de represión que busca justificar el retorno de un régimen autoritario que ya se ha posicionado en la Presidencia de la República, en donde tenemos una clara restauración autoritaria, un neopresidencialismo, un centralismo político, y que se daría también en torno a los otros niveles de gobierno, entonces sí, no dudo y no descarto en absoluto que sí se trate también de un elemento más que busca agitar este clima para favorecer gobiernos que tengan mano dura, la idea de que el autoritarismo puede ser la solución y el autoritarismo viene de la mano del PRI, aunque desde luego el PRD no canta mal las rancheras”.

Y frente a este escenario, “no veo una salida en el corto plazo, lo que veo hacia el futuro es una balcanización del Estado nación mexicana tanto en los niveles del gobierno federal como en los niveles de gobierno estatal y municipal. Veo no sólo ineptitud sino también complicidad y con una corrupción desatada, que el sistema de partidos está llevando a la gente más oportunista y menos preparada. Lo que tenemos hoy son políticos que buscan su beneficio personal, que el sistema de partidos en México ha llevado más bien a una descomposición de la política, que no es la solución, que eso no es una democracia, que desgraciadamente la ciudadanía está desposeída de todo poder decisorio y en estas circunstancias lo que veo hacia el futuro es la necesidad de construir, de crear, un poder social”.