Deterioro acelerado
Manuel Nava
Iguala.- La crisis de seguridad que estalló en Iguala cobró un carácter político social, irradiando a todo el estado de Guerrero. Y es que no sólo opera el factor de la violencia excesiva de elementos policiacos y sicarios en contra de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, sino una pluralidad de factores que que han ido configurando un estado de crisis y un déficit de gobernabilidad.
Guerrero se ha caracterizado por una agitada vida política producto de movimientos sociales y una tensa y áspera relación con la federación. Desde la formación de la entidad a la fecha, de 33 gobernadores constitucionales sólo 11 han concluido su periodo de mando. La crisis presente constituye una amenaza para romper el breve periodo de continuidad iniciado en 1999 con René Juárez Cisneros. Hoy se cierne la posibilidad del relevo en la gubernatura del estado, aunque por sí sola no resuelve el problema que tiende a tomar dimensiones cada vez mayores.
La agresión a los estudiantes de Ayotzinapa, la desaparición de 43 de ellos y el posterior hallazgo de 28 cuerpos calcinados en una fosa clandestina en Iguala es resultante de una omisión de los tres niveles de gobierno para proceder ante las denuncias sobre la penetración del narcotráfico en diferentes ámbitos de gobierno, no únicamente en el caso de la alcaldía de Iguala.
En los días posteriores a ese hecho fatal se informó que 28 cuerpos fueron encontrados en las fosas clandestinas en Iguala, pero debido al estado en que se encuentran, no se pueden identificar plenamente y que tardará entre 15 días y dos meses en hacerlo. Un juez dictó auto de formal prisión a los 22 policías detenidos.
Uno de los policías confesó que la orden de detener a los 17 normalistas la dio el director de Seguridad Pública municipal, Francisco Salgado Valladares, y una vez hecho esto, un tipo de quien se desconoce el nombre y sólo se sabe que le apodan El Chucky, líder de los Guerreros Unidos, dio la orden de asesinarlos.
El binomio policía y crimen organizado
Martín Alejandro Macedo y Marco Antonio Ríos, dos de los detenidos, declararon que cuando tuvieron en su poder a los normalistas, los llevaron al pie de un cerro de Pueblo Viejo, una zona de difícil acceso, donde excavaron, los asesinaron, les pusieron una cama de ramas y posteriormente colocaron los cuerpos, para después rociarles alguna sustancia inflamable y prenderles fuego para dificultar su identificación. Aseguraron que, en este lugar, la delincuencia organizada acostumbra a sepultar a sus víctimas.
Ello da una mayor certeza de que la Policía Municipal de Iguala actuó en conjunto con el crimen organizado para realizar los ataques.
Los grupos armados se sumaron a la ola de protestas y reclamos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP) mediante un comunicado firmado por el comandante Emilio, hizo un llamado para “para pasar de la defensiva estratégica a la ofensiva generalizada contra el Estado; saben cuáles son los medios para ponernos de acuerdo; no dejemos pasar esto, nuestros hermanos muertos no se lo merecen, es hora de poner en práctica la máxima de ‘Patria o muerte’.”
Por su parte el PDPR-EPR, sólo condenó los hechos y refutó las versiones sobre lo acontecido para manifestar que “recordamos el dos de octubre, no separados de las masas, de las luchas populares, sino con nuestros modestos esfuerzos. ¡Estamos presentes! ¡Dos de octubre no se olvida, se recuerda y en el combate estamos!”.
A su vez la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero-Policía Comunitaria (CRAC-PC) demandó la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Según Bruno Placido, coordinador de la agrupación, hay 17 de Tecoanapa, Ayutla y la Costa Chica, zona de influencia de la Upoeg.
“Son hijos de nuestros integrantes de la Upoeg, y por eso vamos para allá, pero también estamos invitando a todos los padres de los muchachos desaparecidos para iniciar la búsqueda pueblo por pueblo”, agregó.
En un comunicado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que en Iguala hay temor de los habitantes para salir a la calle y realizar sus actividades normales, y pidió al gobierno del estado no revictimizar a las personas que han sido agredidas en los sucesos del 26 y 27 de septiembre.
Por su parte Carlos Reyes Torres, presidente del Comité Estatal del PRD, afirmó que “sería un grave error” que el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, se separara del cargo por unos hechos en los que participó el crimen organizado pues l gobernador “no participó, no dio órdenes para que se hiciera lo que lamentablemente se hizo y sabemos que el gobierno del estado está trabajando en las investigaciones, prueba de ello es que están detenidos los policías por autoridad estatal”. Dijo también que si así fuera entonces estarían abriendo la puerta para que hechos de este tipo ocurrieran en cualquier lugar para cambiar autoridades.
Además trascendió que Pablo Eduardo Morrugares, asesor político del primer edil, organiza un baile en la plaza de toros con la presentación de cantantes de corridos como Gerardo Ortiz y Régulo Caro.
Llegar a la verdad
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dicha instancia buscará garantizar imparcialidad en las investigaciones que lleve a cabo la PGR sobre la muerte de 6 estudiantes, la desaparición de 43 jóvenes, el hallazgo de fosas clandestinas con 28 cadáveres, así como “llegar a la verdad”.
Entre tanto, al cierre de este trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplicó medidas cautelares sobre incidentes de Iguala mientras que, tanto a nivel nacional como en, por lo menos, seis países, se registraron numerosas marchas en demanda de justicia para los normalistas.
La escalada de la masacre de Iguala pone en entredicho los logros de la actual administración y sus repercusiones no sólo alcanzarían lo social sino también lo económico, lo que a su vez se traduciría en un fuerte deterioro institucional.
Será poco menos que imposible encontrar con vida al resto de los normalistas pero es muy importante tener la certeza de que los cadáveres encontrados corresponden a algunos de ellos.
Es fundamental que ocurra no sólo el desafuero sino además la detención de José Luis Abarca, alcalde que hoy se encuentra prófugo.
Será importante que la presencia de la gendarmería se traduzca en la detención El Chucky y se apliquen sanciones al personal policiaco involucrado en los hechos.
Una vez que se ha visto la capacidad de cooptación que tiene el crimen organizado sobre políticos y estructuras de gobierno y policiacas, deben atenderse los mecanismos de coordinación en materia de seguridad pública pues sus alcances están siendo rebasados.
La separación del gobernador guerrerense contribuiría al esclarecimiento del caso pues si bien no fue participe, su omisión y lentitud derivó en estos excesos.
Las lamentaciones, excusas, condenas y exigencias sólo abonan para la generación de un escenario peor.
Un ángel de lágrimas negras
Ángel Heladio Aguirre Rivero, economista egresado de la UNAM, nació en la política bajo la protección de Alejandro Cervantes Delgado, quien lo hizo su secretario particular, posteriormente fungió como secretario de Desarrollo Económico durante el periodo de mando de José Francisco Ruiz Massieu de 1987 a 1990.
Fue Coordinador del Programa Nacional de Solidaridad en la Costa Chica, durante 1990 y 1991 y después fue diputado federal por el VI Distrito Electoral Federal de Guerrero a la LV Legislatura de 1991 a 1994. De 1993 a 1996, presidente estatal del PRI en Guerrero.
A consecuencia de la matanza de campesinos en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, el 12 de marzo de 1996, el entonces gobernador de Guerrero. Rubén Figueroa Alcocer, solicitó licencia para separarse de su cargo y pasó a ser gobernador sustituto.
El 9 de octubre de 1997 Acapulco fue azotado por el Huracán Pauline que causó destrozos en las zonas urbana y rural del municipio. Los mecanismos de reconstrucción fueron poco claros.
Bajo su periodo hizo una aparición el autollamado Ejército Revolucionario del Pueblo (EPR) en el marco del I aniversario de esa masacre y el 7 de junio de 1998 tuvo lugar la matanza de El Charco, municipio de Ayutla, a partir de lo cual apareció el autollamado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Durante su periodo se generaron diversas manifestaciones por reclamos sociales y se creó el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN) que no sólo aglutinó organizaciones sociales sino que también fue el puente para una alianza guerrillera nacional.
Aguirre Rivero concluyó su periodo e intentó una reforma política a la ley local para ser gobernador electo, pero no lo logró. Fue diputado federal entre 2003 y 2006.
A este personaje se le vinculó, siempre, con los sectores más retrógrados del PRI y fue identificado durante largo tiempo como cómplice o autor directo de actos de persecución, hostigamiento y represión en contra de los perredistas.
Llegó al Senado, de donde quiso lanzarse, ahora por las urnas, en 2010. Pero su partido eligió como candidato a su primo, Manuel Añorve Baños, dos veces presidente municipal de Acapulco, y diputado federal por el PRI en la actual legislatura.
El rompimiento fue drástico. Añorve y Aguirre, familiares, se convirtieron en acérrimos rivales. Y tras más de 30 años de férrea militancia priista, Aguirre cambió de bandera política, y se unió a las filas del PRD para competir por la gubernatura. Obtuvo la gubernatura en enero de 2011.
El 12 de diciembre de ese año se registró una balacera entre federales y estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa en el bulevar Vicente Guerrero, en el punto conocido como Parador del Márquez con un saldo de dos estudiantes muertos.
El 16 de septiembre de 2013, las tormentas Manuel e Ingrid azotaron Guerrero, dejando uno de los mayores desastres naturales en la historia del país.
Aguirre Rivero propició que le llamaran “el cacique de la Costa Chica”. Acostumbra a contar que le gusta la vida campirana, tocar la guitarra y cantar, especialmente, el bolero Lágrimas negras.