Urge imponer orden
Félix Fuentes Medina
México asombra al mundo por sus masivas ejecuciones como la de 43 estudiantes, prácticas de fusilamientos (22 jóvenes de Tlatlaya) y las de cuerpos decapitados, desollados, cercenados y deshechos en ácidos.
Si horroriza a la comunidad internacional el degüello de periodistas y ciudadanos inermes, hechos por yihadistas del Estado Islámico, son peores los crímenes de nuestro país, desde la “guerra” declarada a la delincuencia por Felipe Calderón, al inicio de su sexenio.
Y debido al creciente número de secuestros, la población de México vive en permanente temor de ser plagiada, extorsionada y muerta, aun en sus domicilios y oficinas, como se ha visto.
Choferes de servicio público elevan protestas por falta de garantías en su desempeño. Cuando suben dos o tres jóvenes a las unidades, saben lo que ocurrirá en seguida y muchos han muerto durante los asaltos a pasajeros.
En este clima de horror, la gente pregunta, exige a gritos, cuándo terminará esta pesadilla y por qué fracasan las autoridades en el combate de tantos años, claramente perdido por ellas.
La población está fastidiada de discursos y afirmaciones sobre reducciones de homicidios, asaltos, secuestros y extorsiones o cobros “de piso”. El poderío de los cárteles es indudable, aun con las capturas de capos como El Chapo Guzmán y Héctor, El H, Beltrán Leyva.
A coro se decía que El Mayo Zambada era jefe del cártel de Sinaloa cuando aún no era detenido El Chapo y éste fue “un obsequio” de la DEA al gobierno mexicano.
El problema es que surgen mafias por doquier. En Iguala opera una nueva, la de Guerreros Unidos y, al parecer, fue un desprendimiento de la Familia Michoacana.
A ese nuevo bando le atribuyen nexos con el alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca, y la policía de ese lugar. Se les culpa de los seis asesinatos del pasado 26 de septiembre, así como de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Se da por hecho que los 28 cadáveres calcinados, descubiertos en seis fosas de un cerro de Pueblo Viejo, corresponden a los estudiantes desaparecidos. Algunos policías confiesan los arteros asesinatos. Apilaron los cuerpos sobre troncos y, tras rociarlos de gasolina, les prendieron fuego.
El gobernador Ángel Aguirre dice tener las manos limpias, pero fue incapaz de descubrir o impedir los nexos del alcalde José Luis Abarca con los Guerreros Unidos.
Se sabe, por otra parte, que los estudiantes de Ayotzinapa, azuzados por algunos de sus maestros, secuestraron camiones el viernes 26 del mes pasado, a fin de trasladarse a Chilpancingo, al día siguiente, y protestar contra la reforma educativa.
De acuerdo a esa versión, agentes del gobernador Aguirre trataron de impedir el traslado de los estudiantes a Chilpancingo, con apoyo del alcalde perredista, Abarca, y los policías municipales de ese lugar se confabularon con los Guerreros Unidos para detener y ultimar a los jóvenes.
Los homicidios de horror, de rostros desollados y cuerpos despedazados en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, entre otras entidades, evidencian el estado de descomposición nacional y la ingobernabilidad.
Con los escasos gendarmes de paseo en algunos estados no se va a resolver nada. Urge que el gobierno federal imponga orden y obligue a los gobernadores a trabajar y dejen de ser los virreyes corruptos, lo cual distingue a la mayoría.