Nadie sabe nada en Guerrero
Félix Fuentes
Entre las historias malignas que corren en poblaciones de Guerrero, una es de pavor: los secuestrados son llevados a pie y junto a las tumbas recién excavadas se les ejecuta e incinera con diesel.
Lo dicho por Crisóforo García, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, evidencia el infierno en que ha caído México. Afirmó que de cuatro tumbas clandestinas “ya ocupadas” no han sido extraídos los restos humanos y dos están abiertas “para uso reciente”.
Algunas de las víctimas fueron secuestradas y tras los pagos de rescates por sus familias, los criminales las ultimaron, sin escuchar clemencias.
A causa del impresionante número de homicidios y entierros en la clandestinidad, lo cual manifiestan habitantes de Tierra Caliente al unísono y pueblos atrapados por la delincuencia, es obvio que el gobernador Ángel Aguirre y los funcionarios bajo su mando estaban al tanto de cuanto sucedía en Iguala, por mencionar el municipio de graves sucesos y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
¿Ignoraba Aguirre que su compañero de partido, el alcalde perredista José Luis Abarca, estaba relacionado con el cártel Guerreros Unidos y ordenó los crímenes?
Aguirre debió ser enterado, el 26 de septiembre pasado, de la desaparición de los normalistas. Hace ocho días fue detenido el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, y arguyó que tampoco sabe nada de los desaparecidos.
Casarrubias dijo a la PGR que no ordenó la desaparición de los normalistas y lo supo por sus secuaces.
A su vez, la PGR detuvo y envió al penal federal El Rincón de Nayarit, a 34 policías de Iguala y Cocula, “por estar implicados en la desaparición de los 43 normalistas”. A siete se les consignó por el delito de delincuencia organizada.
El escenario es insólito: la PGR interrogó a Casarrubias y éste confirmó que pagaba 600 mil pesos mensuales al subdirector de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado, lo cual exhibe los nexos entre policías y delincuentes… Y el capo no sabe nada de los desaparecidos.
De los normalistas se dijo que fueron capturados por narcos y policías de Iguala y éstos confesaron la ejecución de algunos. Pero la PGR tampoco sabe nada.
El procurador general Jesús Murillo Karam dijo que aún están investigando “¡el móvil de este secuestro colectivo!”
Murillo agregó: “La investigación que hoy tenemos es el principio de una nueva ruta de investigación que nos puede acercar mucho más pronto a la verdad”.
Y si la tribu de Los Chuchos rechazó que el gobernador Aguirre renuncie y no reconozca su responsabilidad política sobre los hechos violentos de Guerrero, es claro el encubrimiento del PRD al mandatario estatal.
Los senadores Miguel Barbosa y Alejandro Encinas propusieron la separación inmediata de Aguirre de su cargo, pero la mayoría de los 294 consejeros perredistas se opuso, por consejo de Los Chuchos.