Como parte de los desafíos y retos que la actividad gubernamental enfrenta particularmente en América Latina, encaminados a resolver de manera más eficiente las numerosas demandas sociales, aunado a un entorno globalizador que genera mecanismos internacionales de evaluación acerca del desempeño institucional, se ha concentrado la atención en el planteamiento de fortalecer la noción del gobierno abierto, para incorporarlo como componente de las buenas prácticas gubernamentales, formas de vigilancia y rendición de cuentas sociales.
En este sentido, el pasado miércoles 24 de septiembre en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, México asumió la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) en el marco de la 69 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), es un esfuerzo global de 64 países para lograr que los gobiernos sean más transparentes efectivos y rindan cuentas a sus ciudadanos, se trata de una iniciativa para incrementar la participación de la sociedad en los asuntos públicos y combatir la corrupción.
Los gobiernos de los países miembros de esta alianza asumen una serie de compromisos específicos que buscan una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, y reconocen la importancia de las tecnologías de la información para estos fines.
Aunque nadie puede negar que este hecho se trata de una excelente alternativa para eficientar las acciones de los gobiernos, atender de mejor manera las demandas ciudadanas, y desarrollar la corresponsabilidad ciudadana. Esto no es en absoluto tarea fácil, requiere entre otras cosas de un esfuerzo constante; pero sobre todo de un esfuerzo por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, por lograr que los ciudadanos comprendan y asuman las ventajas del acceso a la información y el sentido de la rendición de cuentas.
México, comparado con otras naciones, tiene poco más de una década, incorporando la transparencia en su quehacer gubernamental. Desde la creación del entonces Instituto de Acceso a la Información Pública (IFAI) en 2002, al menos formalmente hablando, el gobierno ha tenido la intención de transformar la opacidad de su ejercicio y permitir que a través de la transparencia los ciudadanos puedan conocer, desde los recursos hasta los datos y los procesos de su gobierno.
Evidentemente, los ciudadanos manifiestan una tendencia incremental en su interés por saber qué hace, cómo y cuánto gasta su gobierno; sin embargo, no han sido suficientes los canales de escrutinio social disponibles para vigilar, premiar o sancionar la actuación gubernamental en aras de alcanzar mejores niveles de desarrollo social.
Y es que, los aspectos que componen a la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas facilitan el desenvolvimiento de la corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanos, enriqueciendo la esfera pública para la búsqueda de soluciones a las necesidades sociales: son esencialmente de herramientas ciudadanas propias de la vida democrática de cualquier nación.
Un “gobierno abierto”, transparenta la esfera gubernamental, sujeta a los servidores públicos al marco de sus obligaciones, fortalece la confianza por parte de la ciudadanía, a través de su inclusión en los procesos de toma de decisiones, los ciudadanos interesados en participar en los asuntos públicos, brinda información verídica y suficiente. Un gobierno transparente se comunica y recibe retroalimentación de la sociedad, y construye mejores mecanismos distintos a favor de una mejor relación entre gobernantes y gobernados.
Que exista la transparencia no implica por ende que se dé un acto de rendición de cuentas, publicitar y hacer accesible la información, puede, como señalan otros especialistas; equipararse a una “vitrina pública”, pero esto no es suficiente, pues debe someterse a la verificación y revisión de la sociedad.
Tampoco, la rendición de cuentas asegura por sí sola, que las autoridades se responsabilicen ante la sociedad de sus actos, y se vuelve limitativa, si no traspasa la simple idea de ser solamente una obligación de los servidores públicos de reportar, justificar, explicar sus actividades.
Ser responsable ante otros, concepto proveniente del término anglosajón accountability, o rendición social de cuentas, constituye un mecanismo de participación en el que la sociedad se relaciona con el gobierno para ejercer un control sobre la eficiencia, equidad y eficacia de sus acciones, además de vigilar y evaluar incluso, dar seguimiento de la actividad gubernamental.
Es una buena noticia reafirmar que estamos comprometidos con el combate a la corrupción, pero no basta con que los servidores públicos e instituciones estatales cumplan con la normatividad y respeten las reglas, si sus acciones y decisiones no derivan en resultados concretos a favor del bienestar de la ciudadanía.
La consolidación del acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas como herramientas ciudadanas, desde la idea de “gobierno abierto”, requiere del surgimiento de una nueva cultura política.
La nueva relación entre ciudadanos y gobiernos demanda que se institucionalicen la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas de tal manera que se implementen en la ciudadanía como valores propios de la vida democrática.
Tanit Borja, catedrática, UNAM.