Entrevista a Carlos Reyes Gámiz/Diputado del PRD
Moisés Castillo
La corrupción se alimenta de impunidad. ¿Quién debe investigar a quién? El escritor peruano Santiago Roncagliolo advierte que el investigador puede acabar investigado: “La corrupción es el uso privado de capitales públicos. Por ende, tanto el corrupto como el investigador forman parte del Estado”. ¿Cómo se puede garantizar una cruzada real contra este mal endémico en México?
Los corruptos, a la cárcel: Anaya
El presidente del PAN, Ricardo Anaya, propuso la creación de un sistema nacional anticorrupción, que combata de manera seria y frontal este problema. Sugiere la formación de un consejo nacional y de un comité ciudadano que trabajen por un México libre de corrupción.
“Pongamos a los corruptos en su lugar: en la cárcel y lejos, muy lejos, del manejo de los recursos que son de todos los mexicanos. Es necesario empezar a reconocer que si no se castiga a quienes cometen actos de corrupción, de nada sirven las denuncias ciudadanas, auditorías e investigaciones.”
El líder de Acción Nacional explicó que los índices actuales de impunidad son verdaderamente alarmantes: de casi dos mil 500 promociones de sanción en la última cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación solamente cuatro servidores públicos recibieron la máxima sanción administrativa.
Los diputados están listos: Camacho
Por su parte, el presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, dio la bienvenida a la iniciativa del blanquiazul y adelantó que el tricolor “va con todo” para combatir cualquier fenómeno contra la ley y la ética.
“Nos parece que los diputados están listos para hacer el trabajo que corresponde en esta instancia del poder legislativo como lo harán llegar en su momento los senadores de la república, como cámara revisora del Congreso de la Unión. Nos importa mucho porque sumado a las 11 reformas transformadoras que ya están en vigor se forma un ciclo transformador para darle paso a un ciclo operativo, a esta etapa de realizaciones de concreciones que todos los mexicanos deseamos”.
A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, coincidió en que se necesita construir ese sistema nacional y evaluar si éste debe incluir una contraloría social.
Darle “dientes” a la Auditoría Fiscal: Aureoles
“La fiscalía especializada deberá trabajar en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación que depende del Poder Legislativo y con el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Hay que darle más dientes a la Auditoría Superior, porque ha logrado el prestigio y el fortalecimiento institucional suficiente para entregar resultados, pero siempre se queda en la parte informativa porque no hay dientes para proceder cuando haya necesidad”.
Hay que recordar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que en México 12.1% de la población tuvo una experiencia de corrupción cuando realizó algún trámite o servicio público.
Los resultados de la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 muestran que 89.7% de la población percibe a los policías como el sector donde más corrupción hay, seguido de los partidos políticos con 84.4% y el ministerio público con 78.4 por ciento.
No es prioritario para el gobierno federal
Para Carlos Reyes Gámiz, diputado del PRD y secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en San Lázaro, el gobierno federal no tiene entre sus prioridades concretar una ley anticorrupción eficaz, por lo que se aprobará una ley limitada.
“Creo que sí va a salir, quizá muy limitada o acotada, pero tendremos ley en la materia. Si se escatiman condiciones de autonomía para su ejercicio, si no se le dan fundamentos legales importantes para que cuando haya una actuación anómala se finque responsabilidad legal, pues la verdad va a ser como haber hecho un esfuerzo cosmético”.
¿Observa una voluntad política similar del gobierno federal para impulsar esta ley anticorrupción como lo hizo para sacar la reforma energética, por ejemplo?
Son dos años de gestión y dejar en el tintero la lucha contra la corrupción es una muestra clara de que el gobierno federal en esta materia no tenía una prioridad.
¿En qué momento legislativo se encuentra el debate sobre la creación de la fiscalía anticorrupción luego de que el PAN también lanzó su propuesta en la materia?
Después del presupuesto, la última gran reforma que esta legislatura podrá aprobar tiene que ver precisamente con anticorrupción. Hemos recibido del Senado ya la minuta, estamos discutiendo los elementos de esta propuesta que pretende crear una comisión nacional anticorrupción. Vemos con novedad que el PAN ha incorporado una nueva propuesta y seguramente se abrirá el debate de inmediato para tener varias figuras y terminar con este gran problema.
Es necesaria la participación ciudadana
¿Cómo califica las propuestas tanto del Ejecutivo como de Acción Nacional?
Lo que han propuesto tanto el PRD como el PAN y PRI es complementario. Hay un común acuerdo de que se tenga un órgano autónomo y de orden constitucional. Otro gran acuerdo es dotarlo de la capacidad de incidir jurídicamente o penalmente cuando haya lugar. Mucha de la corrupción que se presenta en el sector público tiene carta de impunidad derivado de que terminaba limitándose a hacer sanciones administrativas. Y de lo que se trata es de crear un órgano con carácter judicial, incluso, que pueda aplicar penas económicas y legales a quien en el uso de su responsabilidad pública incurra en un delito.
¿Existen soluciones viables para combatir la corrupción? Los datos de Transparencia Internacional son alarmantes.
Un antídoto, sin lugar a dudas, es estrechar el margen para que el poder político que se expresa en gobiernos, legisladores, tribunales, todos aquellos espacios de la vida pública tengan un órgano que fiscalice y vigile que el ejercicio de los recursos públicos, así como las funciones encomendadas a las personas estén garantizadas.
Peña Nieto dice que para terminar con la corrupción se requieren valores éticos y un cambio de actitud, ¿es suficiente? ¿Qué otras medidas urgen aplicar?
Tenemos que aprovechar la actitud más informada de la sociedad y con ello promover su participación. En la medida en que los ciudadanos se involucren en la vida pública y atiendan esos apartados que les interesa, pues me parece que vamos cerrando pasos a la opacidad y a la falta de transparencia. Se requiere educación y valores que formen parte de una sociedad responsable. En una sociedad donde se coloca un disco que dice “prohibido estacionarse” y a las personas no les importa respetar esa norma de tránsito, pues habla mal de una sociedad que no ha sido concientizada de los valores que tiene el combate a la corrupción. Con la participación ciudadana y los valores al combate a la corrupción, el gobierno tiene la responsabilidad de crear estructuras institucionales que puedan, de manera múltiple, atender los casos de corrupción.
¿Qué balance se puede hacer de los dos años de gobierno de Peña Nieto en la materia?
La verdad es poco alentador, siendo uno de sus compromisos sustantivos que formó parte de la agenda del Pacto por México. Dos años de la famosa ley de combate a la corrupción y no conocemos nada. Quienes nos dedicamos a legislar no entendemos por qué hasta hoy no hay una voluntad clara y precisa de avanzar en la materia.
Un fiscal pulcro y con valores
¿Qué perfil y requisitos tiene que cumplir el fiscal anticorrupción?
Debe ser una figura que en el desempeño de su vida profesional sea pulcro, que meritocráticamente tenga los elementos y valores profesionales en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Desde luego que goce de una autonomía para que no termine siendo funcional al gobierno en turno. Son elementos que, de no tenerlos, imposibilitarían un verdadero combate a la corrupción.
¿Qué aspectos legales se deben reformar para que exista una verdadera reingeniería institucional y se eficiente el combate a este flagelo? Parece que no hay una coordinación adecuada entre la Función Pública, Hacienda y procuradurías de justicia.
Es correcto. Una de las cosas que han permitido que haya impunidad, que quienes hayan cometido delitos se fuguen y se mantengan sin castigo la opacidad o el uso indebido de la función pública tiene que ver con la desarticulación de las instituciones. Es decir, hay instituciones cuya responsabilidad es vigilar el erario, vigilar que las obras y gestión de gobierno se hagan correctamente, pero como es una batalla desarticulada, inconexa, evidentemente se generan lagunas que se vuelven caldo de cultivo para que haya servidores públicos que les parezca que una alternativa viable es robar.
Tras las reformas estructurales, seguramente habrá cientos de licitaciones en el sector energético. ¿No hay temor de que se cometan actos de corrupción ante un Estado de derecho débil como el nuestro?
Es verdad. En este año el gobierno federal está manejando una cantidad inmensa de recursos, esto derivado de la reforma fiscal que le permitió tener, a través de ciertos impuestos, más recursos. Esto es punto y aparte del recurso petrolero. Si este gobierno va a contar con un gran monto para su programa anual de obras, pues claro que a nosotros nos llama la atención que no existan herramientas institucionales vigentes que se hagan cargo de los tramos de control que una licitación publica requiere.