Gobernabilidad, rompimiento y disolución social
Miguel Barbosa Huerta
La disolución social significa la relajación y el rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre varias personas; se trata de la destrucción abrupta y violenta del tejido social.
Los lamentables acontecimientos de Iguala del 26 y 27 de septiembre, en los cuales 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa aún poseen el estatus de “desaparecidos”, ponen un juego muchas cosas: el prestigio del país, la capacidad del Estado para enfrentar situaciones de esta naturaleza y la imposibilidad de que la sociedad confíe mínimamente en la clase política.
El PRD debe convertirse en el principal aliado de la investigación. Aliado de la verdad, del fincamiento de responsabilidades de servidores públicos y de las personas involucradas, sean quienes sean. La izquierda debe ser aliada del reclamo social que ha desbordado los límites de Guerrero, del país, y que ha generado una reacción en varias partes del mundo.
Los días pasan y la tensión social se acumula. La ausencia de los jóvenes normalistas pesa cada vez más. Mientras esto ocurre, aparecen testimonios y se multiplican las especulaciones del posible paradero de los jóvenes desaparecidos.
La movilización estudiantil aumenta. Los integrantes de la Normal Rural de Ayotzinapa exigen la aparición con vida de los suyos. Una demanda que ha sido arropada por los estudiantes de centros de enseñanza pública y privada, como UNAM, UAM, UACM, UPN, UACH, y, por supuesto, el IPN, que se encuentra en paro en demanda de cambios de fondo en su institución.
Estos movimientos estudiantiles han creado la Asamblea Interuniversitaria, con el propósito de manifestar su solidaridad a los 43 de Ayotzinapa y apoyar a los estudiantes del IPN en sus exigencias de abrogar el reglamento y de su lucha en contra de los nuevos planes de estudio.
Mientras se escriben estas líneas, en el plan de la Asamblea Interuniversitaria se encuentran acciones como una marcha de antorchas del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino; un paro de labores de 48 horas que puede volverse indefinido; el cierre de acceso a la ciudad de México; la convocatoria a todas las escuela del país a realizar bloqueos y cerrar calles. Además, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional anunció que se sumaría a estas protestas.
En días pasados, la quema parcial de las instalaciones del gobierno de Guerrero fue la expresión de la enorme tensión social que se desató. El problema de fondo no se localiza únicamente en el municipio de Iguala, ni en el estado de Guerrero. Se trata de un tema del país y ahora de la opinión pública internacional. Resulta preocupante ver cómo la percepción del país se deteriora y cómo los signos de ingobernabilidad se multiplican y aumentan en intensidad.
Para decirlo con claridad: las expresiones de disolución social ya están en la realidad mexicana y debemos tener una posición ante éstas y construir una estrategia para enfrentarlas.
En el tema de Guerrero, no veo al gobernador, Ángel Aguirre, vinculado a responsabilidades penales o a relaciones con grupos delictivos, pero su eventual separación del cargo contribuiría a la distensión social y a que la presión pública disminuyera.
Con su separación, el gobernador Aguirre demostraría su disposición para llegar a fondo en la investigación. Serviría para esclarecer su probable responsabilidad y la de todo su gobierno por el caso Iguala.
La investigación se ha prolongado por semanas. Esto no aguanta más, si no se resuelve, podemos ver pronto la multiplicación de hechos de disolución social. La ausencia de resultados de la investigación ha ido cambiando de connotación momento a momento. A partir del 4 de octubre, cuando se produjo el hallazgo de las fosas clandestinas, comenzó a dimensionarse la gravedad de los hechos, hasta llegar al nivel actual, y el problema seguirá en aumento mientras la autoridad no determine el paradero de los 43 normalistas desaparecidos.
Se trata de un asunto del Estado mexicano que requiere de la atención de los tres órdenes de gobierno, porque si alguien piensa que la investigación podría quedarse a medias, se equivocaría garrafalmente.
Desde la izquierda debe contribuirse a la creación de un escenario que favorezca la estabilidad y la gobernabilidad. En México existe una marcada tendencia a favor de la paz. La sociedad rechaza tajantemente cualquier forma de violencia.
Los que ocupamos una responsabilidad pública tenemos que comprometernos con la solución de los conflictos y el cumplimiento de la ley, que en el caso de Iguala consiste en determinar el paradero de los estudiantes desaparecidos y la presentación ante la justicia de sus captores, sean quienes sean.
@MBarbosaMX
Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República