Entrevista aJuan Velásquez/Abogado penalista

 

Nora Rodríguez Aceves

Los soldados son también víctimas de la delincuencia. ¿A cuántos soldados no se ha herido en esos enfrentamientos? ¿A cuántos se les ha matado? Soldados jóvenes que tienen familia, mamá, esposa, hijos, soldados que se tienen que enfrentar a esos delincuentes en condiciones de desigualdad porque no estamos hablando de una guerra, en un cierto tiempo un secretario de Gobernación que de manera, me parece, muy irresponsable, calificó esto como guerra y no es una guerra, es una lucha a la delincuencia y precisamente por eso, los militares están impedidos de utilizar a plenitud su armamento, no pueden arrojar granadas, bazucas, no pueden utilizar un fusil Barrett, si lo hicieran estarían cometiendo crímenes de guerra y estarían sujetos a investigaciones y procesamientos, incluso, hasta de cortes penales extranjeras, internacionales.

Entonces, ¿tienen que enfrentar a la delincuencia? Sí, claro, con su armamento poderoso pero desigual al de los delincuentes, quienes sí les arrojan granadas, sí tienen bazucas, tienen fusiles Barrett que derriban un avión, y entonces lo que queremos es que los militares nos protejan para que protegiéndonos, exponiendo su vida, luego los queramos encarcelar”.

Hay que tomar en cuenta que “a raíz de esta historia de los derechos humanos las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, publicaron protocolos para el uso de la fuerza, no es ya nada más así, como sea, que usen esa fuerza, y han celebrado convenios con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras organizaciones para que a esos militares se les eduque en materia de derechos humanos de la población civil y si nos ponemos a ver las violaciones reales de militares a esos derechos humanos de la población civil, son prácticamente mínimas esas “violaciones” a los derechos humanos, resultado de esas organizaciones, muchas de las cuales están hasta patrocinadas por la propia delincuencia, que tienen justamente el ánimo de perseguir a un ejército efectivo en el combate a la delincuencia”, asegura Juan Velásquez, abogado penalista.

Frente a los hechos ocurridos, el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en donde se habría registrado un presunto enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano y supuestos delincuentes, dejando como saldo 22 jóvenes muertos, Juan Velásquez explica a Siempre! que es importante mencionar el antecedente del caso Tlatlaya, que es, “el de un Ejército, como se ha dicho coloquialmente, afuera de sus cuarteles para hacerse cargo de la seguridad pública en el país. La seguridad pública tiene que ver con los delitos, con los delincuentes, con las víctimas, con los policías que deben investigarlos y descubrirlos para que los agentes del ministerio público los persigan en los tribunales, los jueces los enjuicien, los condenen a penas de prisión que los delincuentes compurguen en las prisiones”.

Tenemos una policía corrupta

El problema es que “en México no tenemos policía, no tenemos una policía científica que investigue y descubra. Hay más de 400 municipios sin policía y más de 800 municipios con policía que apenas cursaron la primaria, es decir, que malamente saben leer y escribir. México tiene una de las diez policías, a nivel nacional, más ineficientes en el mundo, la más ineficiente de América Latina y la segunda más corrupta mundialmente”.

En México “no hay policía que se haga cargo de la seguridad pública y precisamente porque no hay quien se haga cargo de esa seguridad pública, en México la impunidad es del 98.99% de los delitos que se cometen, esto es, que solamente uno o dos de cada cien delitos se investiga, se descubre, se persigue, se enjuicia y se castiga con penas de prisión, y lo peor es cuando luego vemos que esos condenados a una pena de prisión se escapan de la prisión porque no hay alguien encargado de la seguridad pública, y por los cárteles que no nada más trafican drogas sino personas, armas, órganos, lavan dinero, el problema de la seguridad pública se ha convertido en un problema de seguridad interior, es decir, que ya no nada más afecta a las personas en su integridad física, en su patrimonio, sino que afecta las instituciones del Estado en tanto su estabilidad, cientos de miles de personas desplazadas de sus lugares de origen, pueblos sobre todo en las fronteras despoblados, decenas de presidentes municipales asesinados, etc., por ese motivo fue que desde el sexenio pasado el presidente Felipe Calderón ordenó que los militares salieran de sus cuarteles para hacerse cargo de la seguridad pública que ya afectaba, afecta, la seguridad interior, la estabilidad en las instituciones”.

Por esa falta de policía, “es que los militares se han visto obligados a ejercer funciones de policía, pero yo me pregunto ¿Qué no una cosa es un policía, con esa vocación y que se da de alta en un cuerpo policiaco y que dizque tiene una educación y un entrenamiento policiaco para investigar, para descubrir los delitos, y qué no otra cosa absolutamente diferente es un militar que con esa vocación se da de alta en un plantel militar y al que se le enseña, no a investigar, a descubrir, no a leerle derechos a uno, no a tomarle huellas digitales, a un militar se le enseña a destruir al enemigo, ésa es la función de un militar, ir a una guerra para enfrentar a un enemigo, aun a costa de la vida del propio militar, y para ganar esa guerra destruyendo al enemigo, nosotros sacamos a los soldados de los cuarteles para que hagan algo que no les corresponde, ser policías, y para que cuando no son policías sino soldados y actúan como soldados nosotros les reclamemos y, entonces, los queramos encarcelar”.

Juan Velásquez continúa con su exposición y señala que “se reformó absurdamente el fuero de guerra… Un día y por una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el caso muy conocido de Radilla Pacheco se ordenó a la Corte que modificara esta historia del fuero de guerra y para que entonces se reformara y fuéramos nosotros los civiles los que castiguemos a los militares cuando nos afecta, pero yo me pregunto, cómo es que los vamos a castigar con nuestro 98% de impunidad y para que entonces sin esos castigos inmediatos y ejemplares esa disciplina se relaje”.

Las víctimas eran delincuentes

El abogado retoma el caso Tlatlaya y afirma que, efectivamente, “hubo 22 víctimas de las cuales 18 resultaron positivas a mariguana y cocaína, pero que además estaban involucradas en secuestros y tenían asolada a la población. Los militares pasaban, vieron, se bajaron, siete, ocho, militares para que los recibieran a tiros, hirieran muy gravemente a uno de los militares y se suscitara un enfrentamiento, dejando ese número de muertos, a los que malamente se dice que los soldados ejecutaron”.

Hasta donde tengo entendido, “no hubo una ejecución, pero lo que sí hay, y por grupos interesados, es toda una embestida a las fuerzas armadas y particularmente de ésos que habitan en ciertos lugares en los que las Fuerzas Armadas han tenido el mayor éxito en la confiscación de armas, en el aseguramiento de dinero, de drogas, ¡ah, no, no, no!, pero eso los soldados lo han logrado violando nuestros derechos y como han violado nuestros derechos queremos que los soldados salgan y nos dejen, y nos dejen ¿qué? Nos dejen hacer lo que se nos pegue la gana; entonces, sin policías y sin soldados, ¿quién cuida a la población civil expuesta cada vez más a esa delincuencia?”

“Está más que probado por la Procuraduría del Estado de México, por la Procuraduría General de la República, por la Procuraduría de Justicia Militar, que esas víctimas, aparte de estar drogadas, tenían armas, todas tenían armas, y todas las armas fueron disparadas, todos los muertos resultaron positivos a las pruebas, a los reactivos químicos, por lo tanto está demostrado que le dispararon a los soldados con esas armas y tan les dispararon a los soldados que los vehículos militares tenían impactos y hasta hubo un soldado herido y casi a punto de morir.”

En ese mismo tenor, el abogado Velásquez se refiere a lo publicado por la revista Esquire Latinoamérica y a la agencia The Associated Press, sobre el testimonio de un mujer —una de las tres secuestradas por los presuntos delincuentes— que presenció los hechos ocurridos y quien dice que esa noche 21 de los sospechosos fueron ejecutados por los soldados después de que se rindieran y salieran con las manos en la nuca luego de que les fuera prometido que su vida iba a ser respetada… “Hay una testigo que era la mamá de una joven, 15 años, novia de uno de los delincuentes y que murió cuando el enfrentamiento, y de ese enfrentamiento hubo tres mujeres vivas, dos prostitutas que estaban con los delincuentes y la mamá que desde un día anterior había llegado para, digamos, rescatar a su hija, a la que de pronto ya no dejaron salir para que no fuera y los denunciara”.

“Cuando el enfrentamiento, los delincuentes le dicen a las dos prostitutas que las van a amarrar, las van a cobijar, y que cuando los soldados entren ellas griten que están secuestradas, que son víctimas de los secuestradores, para hacerlas aparecer como víctimas. La mamá se queda en una camioneta y después del enfrentamiento corre a ver a si hija, la mamá dice que tiene una cierta experiencia como enfermera, ve a su hija muerta y grita: ¡mataron a mi hija!, ¡mataron a mi hija! en el enfrentamiento; yo me pregunto si esa mamá dolida, naturalmente, por la muerte de su hija no tendrá un motivo de animadversión hacia esos militares a los que ahora acusa”.

Un oficial y siete soldados detenidos

Frente a este escenario cabe mencionar que el pasado 25 de septiembre la Secretaría de la Defensa Nacional informó en un comunicado de prensa que “fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar, internos en la Prisión adscrita a la Primera Región Militar, en el Campo Militar No.1-A, D. F., un oficial y siete elementos de tropa”.

El citado personal militar, señala la Secretaría, participó en los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, en Tlatlaya, Estado México.

Además agrega que “estas acciones las realiza la Procuraduría General de Justicia Militar por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa; independientemente de las investigaciones que lleven a cabo las autoridades civiles conforme a su competencia en el referido acontecimiento”.

Ante esta situación que enfrentan los militares detenidos, el pasado día primero de octubre se lanzó por parte de la sociedad civil, familiares de los militares y amigos, una campaña en las redes sociales de apoyo a la liberación de los militares implicados en el caso Tlatlaya… “Basta de críticas”, y de darle prioridad a los delincuentes.

Además, de que este mismo grupo está convocando a familiares, amigos, víctimas del delito o de la delincuencia organizada y a la ciudadanía en general a la Primera Marcha Pacífica Nacional en Apoyo a los Militares, el sábado 11 de octubre a las 11:00 de la mañana saliendo del Zócalo a Los Pinos.

Los militares son héroes

Aun cuando Juan Velásquez desconoce esta campaña, eso no le impide comentar que “la regla general respecto de los militares es que son héroes, héroes, muchos de ésos que integran las fuerzas especiales son jóvenes adiestrados en el combate y por eso luego se ve que un solo soldado puede abatir a siete, ocho delincuentes, sin él ser herido; muchas veces los otros están drogados, alcoholizados, enfiestados, sin condición física, con armamento poderoso, pero no sabiéndolo usar, en fin, esos jóvenes a los que mandamos para que expongan su vida, creo que ganan siete mil pesos, ocho mil pesos, y ¿sabe por qué en general no desertan y se alían con los delincuentes?, porque se les han enseñado, se les han inculcado, porque tienen valores, y no obstante los matan y ahora nosotros los civiles los queremos encarcelar, lo cual naturalmente desmoralizaría al resto: a ver, a ver, ustedes civiles me están pidiendo que salga de mi cuartel a defenderlos, aun exponiendo mi vida, porque no hay policías por culpa de ustedes, por la ineficiencia y la corrupción, voy hacer algo para lo que no tengo ni vocación… pero para que ya haciéndolo, después ustedes me encarcelen; ¿voy a hacerlo? O en una de ésas me voy a resistir, es un verdadero absurdo de la sociedad civil el que se persiga a los militares, bueno, claro, si hay un militar que va y asesina, y toma ya un poblado, ni modo que por ser militar se le deje impune, pero a ese militar se le castiga, en el ámbito militar, en el 95% de los casos la impunidad en el Ejército es del 5%, nuestra impunidad es del 98%, desconocemos todo ese mundo militar y porque lo desconocemos no lo sabemos enjuiciar”.

En este sentido, agrega “porque al final de cuentas son instituciones integradas por humanos y en todas las instituciones hay excepciones, excepciones que confirman una regla, yo le tengo el mayor respeto al Poder Judicial de la federación, nunca jamás, nunca, me han pedido un centavo, nunca lo he dado y todos mis juicios los he ganado, pero a veces resulta que hay un juez o un magistrado corrupto que se vendió; la Iglesia —soy abogado del señor cardenal y de la Arquidiócesis, de don Norberto—, y en una de ésas por ahí en una iglesia hay un cura pederasta… sí, igual un soldado… pero son excepciones que confirman una regla de honorabilidad”.

En este contexto se le pregunta al abogado penalista si habría que hacer nuevamente cambios al Código de Justicia Militar, a lo que responde: “tendríamos que promulgar, que no hemos promulgado, una ley que permita esa actuación de los soldados con una mayor seguridad legal; sí, ya sacamos a los militares de los cuarteles, sí ya los llevamos a que realicen actividades de policías, vamos a darles una seguridad legal para que justamente el día de mañana no los veamos perseguidos y encarcelados”.

Juan Velásquez niega que haya el riesgo de un golpe de Estado por parte de los militares, “no, no, no, déjeme decirle, ya el Ejército fue probado en eso, cuando la Guerra Fría, cuando la polarización, cuando la Unión Soviética, el comunismo, los Estados Unidos, el capitalismo, el imperialismo, el mundo dividido, todos los países de América Latina, todos, tuvieron golpes de Estado y dictaduras militares y el único país que no, fue México, porque el Ejército mexicano es un ejército salido del pueblo, no es un ejército de elites como en otros países, es un ejército absolutamente institucional porque nació de una revolución, porque ellos no le responden a un presidente en tanto que sea del PAN o del PRI o del PRD, le responden a la institución presidencial, el valor supremo de los militares es la lealtad a las instituciones”.