Iguala, crimen de lesa humanidad
Raúl Jiménez Vázquez
La masacre de los alumnos de la normal rural de Ayotzinapa ha causado una verdadera conmoción cuya expresión más elocuente son las sentidas palabras vertidas por el rector de la UNAM: “Se trata de un hecho que nos horroriza. Se trata de algo que duele, que lastima, que afecta la dignidad de las personas. México necesita conocer la verdad, requiere que se imparta justicia, lo que se requiere es combatir la impunidad. Nada puede ser igual después de Ayotzinapa en este país”.
Humberto Muñoz, Herlinda Suárez, Adolfo Gilly, Alfredo López Austin y otros distinguidos investigadores de nuestra máxima casa de estudios también hicieron público su repudio a este acto de barbarie; en su calidad de ciudadanos y educadores demandaron a las autoridades “la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos, el esclarecimiento de los crímenes y el castigo a los responsables materiales e intelectuales”.
En el plano internacional prevalece el mismo sentimiento. El secretario general de la OEA hizo patente su consternación por este crimen aseverando que “enluta no sólo a los mexicanos, sino a todos los países de América”. Un vocero de la ONU declaró: “lo ocurrido en Guerrero es absolutamente inadmisible e inaceptable”.
Se trata, sin duda, de una brutal regresión a los tiempos aciagos de la mano dura y depredadora de los derechos humanos imperante en déca- das anteriores. El resurgimiento de este atroz desprecio a la vida humana tiene que ver con tres graves patologías políticas. La primera de ellas es la impunidad crónica en la que está inmerso el país a raíz de que nadie está pagando culpa alguna por los trágicos sucesos de Tlatelolco, el Halconazo del 10 de junio de 1971, la “guerra sucia”, Acteal, Aguas Blancas, El Charco, El Bosque y otros más.
La segunda proviene de la falta de atención a los delicados señalamientos hechos por el Consejo de Derechos Humanos y los relatores de la ONU en materia de desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y torturas. La tercera es el afloramiento de la gorgona del narco Estado, en el que el control de las funciones inherentes al aparato gubernamental es puesto en manos de personeros del crimen organizado.
Por consiguiente, estamos en presencia de crímenes de Estado y, más aún, de crímenes de lesa humanidad, tal como fue calificado por los investigadores de la UNAM, a los que les son aplicables los siguientes atributos: I) ofenden o agravian a la humanidad en su conjunto, II) se rigen por el derecho penal internacional, III) son imprescriptibles, IV) no son susceptibles de amnistía, perdón o indulto, V) no admiten el beneficio del asilo o el refugio, VI) los autores mate- riales no pueden escudarse en el argumento de la obediencia debida, VII) los superiores jerárquicos tienen responsabilidad por cadena de mando.
Peña Nieto aseguró que no habrá impunidad y que se investigará “tope donde tope”. Más vale que así sea pues de lo contrario, para vergüenza de la nación, el caso podría ser asumido por la Corte Penal Internacional.