Lamentablemente no podemos dejar el tema
Alfredo Rios Camarena
El tema de la masacre de Iguala no puede abordarse con una perspectiva local o estatal, ni tampoco desde la severa miopía que implica enfocar este asunto desde la óptica electoral; por las repercusiones internacionales de este dramático suceso y la expectativa interna que ha generado, así como la indignación popular, esos cruentos acontecimientos deben ser aclarados de manera urgente y precisa. El gobierno federal se juega su prestigio, por lo que el procurador general de la república debe aclarar, cuanto antes, estos trágicos acontecimientos.
Abordar el tema desde la perspectiva de los partidos políticos —que pronto enfrentarán una contienda electoral para elegir gobernador del estado— es absolutamente equivocado. Poco importa a la opinión nacional quién triunfe en las elecciones locales, finalmente éstas han estado en un vaivén del que no han salido los grupos tradicionales del poder, vinculados a cacicazgos e intereses; el propio Ángel Heladio Aguirre llegó por primera vez a la gubernatura con la crisis de Aguas Blancas, a la caída del gobernador Rubén Figueroa (hijo), después fue senador priista, y más tarde, no pudo obtener la candidatura de este partido por la intervención de Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien era el jefe político de la bancada priista en el Senado y que impulsó la candidatura de Manuel Añorve, entonces presidente municipal de Acapulco, y por cierto, de parentesco cercano con Ángel Heladio Aguirre, al igual que muchos de sus funcionarios estatales.
El PRD y el propio gobernador plantean una figura que no existe en el derecho mexicano, la “revocación del mandato”, con el propósito de evitar la caída de este último, quien afirma que los guerrerenses lo pusieron y sólo ellos lo pueden quitar; el exsenador sabe perfectamente que esto no es verdad, que la gobernabilidad en las entidades federativas está custodiada por las facultades del Senado de la República, específicamente en el artículo 76 constitucional se establece la posibilidad que frente a la ingobernabilidad de algún estado se pueda declarar la desaparición de poderes, ¡y qué más ingobernabilidad!
Sin embargo, independientemente de la salida o no del gobernador, el gobierno federal está obligado a precisar qué fue lo que sucedió aquel nefasto 26 de septiembre, ¿quiénes fueron los criminales materiales e intelectuales que atentaron contra la vida de los jóvenes de Ayotzinapa?, ¿dónde están —ojalá fuera con vida— estos 43 estudiantes desaparecidos? Urgen las respuestas, pues la protesta internacional ha sido de las más intensas. La importancia de resolverlo radica en que los dos primeros años del gobierno federal se han enfocado con éxito a dar una nueva imagen de nuestro país en el ámbito internacional, el trabajo de la cancillería y de otras entidades del sector público construyeron una imagen de un México competitivo y moderno, que promueve eficientemente la inversión y el desarrollo; esta imagen que tanto dinero y esfuerzo ha costado no se debe perder frente a un acto que, si bien no es atribuible al presidente Peña Nieto, sí está obligado a resolver y a llevar ante la justicia a los criminales.
Los acontecimientos que se han desarrollado en Chilpancingo, como la quema del Palacio de Gobierno, la destrucción de una parte del Ayuntamiento, las tomas permanentes de carreteras, no son justificables, pues rompen el Estado de derecho que hoy se encuentra profundamente deteriorado y que frente a esta reacción, fuera de la ley, puede generar mayores conflictos.
La bandera de Ayotzinapa la están levantando los estudiantes de la ciudad de México, tanto en la UNAM como en el Politécnico, que agrega a sus demandas académicas este tema, por lo que, insisto, debe resolverse cuanto antes.
Otra vez Ayotzinapa, lamentablemente no podemos dejar este tema porque representa un estigma que debemos superar con la ley y la Constitución en la mano.