En lo que puede ser considerado uno de los períodos más álgidos de las relaciones internacionales en época reciente, se celebró la 69° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en cuyo marco tuvo lugar la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, evento que dio cumplimiento a una resolución de diciembre de 2010 que determinó organizar una reunión plenaria de alto nivel a fin de evaluar las condiciones actuales y los retos de los grupos étnicos originarios del orbe.
El tema es relevante al interior de la ONU desde hace algunos años, específicamente desde 1994, cuando se estableció el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, que fue seguido por un segundo decenio que está concluyendo este año. En época más reciente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), reivindicó varias de las propuestas hechas por el Consejo de Derechos Humanos respecto a las garantías fundamentales de estas comunidades al interior de los Estados donde habitan, aceptando sus diferencias y peculiares formas de organización y convivencia para garantizar su supervivencia, su dignidad y bienestar.
El balance de lo ocurrido hasta ahora respecto a las estrategias o programas que involucran a los pueblos indígenas es favorable. La colaboración entre las Naciones Unidas y los pueblos indígenas se refleja en la creación del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que anualmente sesiona con representantes de los Estados, de los Pueblos Indígenas, Organizaciones No Gubernamentales y Académicos; en el establecimiento del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, encargado de atender violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, y en la operación del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, organismo asesor del Consejo Económico y Social que tiene el mandato de examinar las cuestiones indígenas relacionadas con el desarrollo, la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos.
Actualmente las comunidades indígenas del mundo están conformadas por 5 mil grupos distintos localizados en 90 países. Están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población mundial y, todavía, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables del planeta. Su condición actual está reflejada en grupos que luchan por permanecer en sus tierras y conservar el derecho a disfrutar de sus recursos naturales, en comunidades en riesgo de perder sus lenguas y sus costumbres tradicionales, así como por condiciones generales de pobreza en cualquier parámetro medible de su existencia.
En esta realidad, la Conferencia representaba una gran oportunidad para exponer los consensos logrados en las reuniones realizadas hasta ahora, tanto al interior de los organismos de la ONU de atender estos temas, como en el marco del Grupo Coordinador Global Indígena, organización creado al margen, más no desligado, de la ONU, que aglutina a los representantes de los grupos indígenas de todo el mundo, sosteniendo reuniones periódicas para analizar temas regionales o de interés común.
Uno de los acuerdos previos entre todos los actores involucrados en la conferencia fue la aprobación de una declaración conjunta sucinta, pero precisa en cuanto a mandatos y acciones a desarrollar. En ese sentido, en la resolución final de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas se establecieron, se reiteraron como prioridades:
Fortalecer las labores de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas que la ONU realiza desde hace dos décadas a través de sus órganos subsidiarios y grupos de asesoría.
Garantizar consultas con los pueblos indígenas al interior de los estados antes de adoptar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento
Adoptar, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, medidas legislativas, administrativas y políticas que permitan hacer realidad los compromisos establecidos en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Asegurar el máximo esfuerzo para la realización de encuestas, bases de datos o referencias holísticas que permitan identificar el nivel de bienestar de los pueblos indígenas a fin de identificar y atender sus principales falencias.
Otros aspectos incluidos en los 40 puntos de la resolución incluyen el reconocimiento a sus particulares métodos educativos, de salud, de vinculación con el medio ambiente y de impartición de justicia, así como un destacado interés en la violencia en contra de mujeres y niños, tema que recibirá atención singular. Asimismo, la responsabilidad de las empresas trasnacionales para respetar el punto de vista social, ambiental y de propiedad de estas comunidades.
Aunque el listado de resultados es alentador, es conveniente que los compromisos asumidos tengan un seguimiento preciso en aras de asegurar su cumplimiento en tiempo y forma. Por ello, la labor que desarrollan las organizaciones civiles, tanto las conformadas para defender los derechos de estas comunidades como las que defienden aspectos de acceso a bienes o servicios que representen algún beneficio social, no deben aminorar sus acciones de monitoreo y seguimiento. Si bien es cierto que la responsabilidad mayor recae en los gobiernos de los estados que albergan a estas comunidades, es tarea de toda la sociedad internacional velar porque en la inserción de estas comunidades a cualquier proyecto nacional se garantice el pleno respeto a su cultura y a sus derechos, de otro modo seguiremos confeccionando modelos para armar en un futuro que no llega.
En el rumbo que tome la atención a los pueblos indígenas, América Latina reviste importancia singular ya que alberga a 45 millones de indígenas, que representan el 8.3% de la población de la región. De acuerdo a un reciente informe sobre los pueblos indígenas en la región, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) reporta 826 pueblos indígenas, de los cuales 609 se encuentran en Brasil (305), Colombia (102), Perú (85), México (78) y Bolivia (39). Esta realidad ha motivado cambios trascendentes en los marcos constitucionales de la mayor parte de los países latinoamericanos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos; así, entre las acciones puestas en marcha y que podrían ser emuladas en otras latitudes geográficas destacan: mayor participación política en el ámbito local y nacional -vía parlamentos o partidos políticos-; derechos territoriales diferenciados; elaboración de políticas y programas interculturales; aceptación de usos y costumbres en los ámbitos de la justicia, la educación y la salud. El reconocimiento a la multiculturalidad es ya una realidad en la región; la diferencia y la diversidad son carta común de reconocimiento y, sin la menor duda, sendero a seguir.
Guillermo Gutiérrez Nieto, miembro del Servicio Exterior Mexicano.