Durante el Gobierno de Obama, las deportaciones han alcanzado niveles extremos de unos 400 mil al año, lo que ha generado críticas entre los activistas defensores de los inmigrantes. El presidente Barack Obama anunció este jueves, la regularización a los sin papeles en Estados Unidos, lo que permitirá a los beneficiarios evitar la deportación y acceder a un permiso de trabajo
Entre marzo y junio pasado, una ola de menores no acompañados, procedentes en su mayoría de Honduras, Guatemala y El Salvador, creó una crisis en la frontera sur del país y obligó a que se habilitaran nuevos centros de detención para acoger a los indocumentados.
Entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre pasado, un total de 68 mil 541 menores fueron detenidos cuando intentaban entrar en Estados Unidos, en comparación a los 38 mil 759 del anterior año fiscal, según el informe de cierre del ejercicio de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).
La reciente llegada masiva de menores inmigrantes comenzó a reducirse notablemente a partir de julio, en parte por las medidas adoptadas por los gobiernos del presidente Obama y de sus homólogos centroamericanos.
Esos menores estarán dentro de las deportaciones consideradas ahora prioritarias, aunque la semana pasada el Gobierno anunció un programa para permitir a los niños de El Salvador, Guatemala y Honduras que tengan un familiar legal en Estados Unidos, poder solicitar refugio desde oficinas situadas en su país de origen.
Dentro de las medidas contempladas por Obama se dará prioridad a la deportación de quienes cruzaron la frontera ilegalmente este año, así como un plan para fortalecer la frontera sur, donde los recursos del DHS destinados a la seguridad están “en su mayor nivel” de la historia, de acuerdo con la Casa Blanca.
Por mandato de Obama, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elaborará una nueva guía de acción para que la política de deportaciones se centre en los criminales, personas con delitos vinculados a la seguridad nacional y aquellos que cruzaron la frontera desde el 1 de enero pasado.
Además, se reemplazará el programa Comunidades Seguras, que permite a las autoridades verificar los antecedentes migratorios y delictivos de los extranjeros que son detenidos, por otra iniciativa centrada en procesos de expulsión de condenados por delitos penales.
Al menos 5 de los más de 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos se beneficiarán de las medidas ejecutivas propuestas por el presidente norteamericano, confirmó la Casa Blanca.
La parte clave del plan de Obama beneficiará a los indocumentados que tengan hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, que demuestren que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y que carecen de antecedentes criminales.
Dreamers esperanzados
Migrantes y activistas que se reunieron en diversas partes de California para ver el anuncio de este jueves del presidente Barack Obama sobre las medidas de inmigración, se mostraban optimistas y emocionados, al permanecer en un estado donde hay mucho en juego en materia migratoria.
“Este es un gran día para los trabajadores agrícolas”, dijo Jesús Zúñiga, de 40 años, quien ha trabajado cosechando jitomates en Central Valley durante 14 años sin la debida documentación, y quien ha regresado a México para visitar a sus familiares sólo en una ocasión, debido a los muchos riesgos que eso conlleva, “vale la pena el dolor y el sacrificio”.
Zúñiga miró el discurso junto a decenas de familias que se reunieron en un centro comunitario de Fresno para escuchar el discurso del presidente. Portaban banderas rojas del sindicato United Farm Worker y miraron la transmisión proyectada en un muro. Vieron el discurso calladamente, y aplaudieron sólo cuando los oradores de la reunión tomaban el micrófono.
María Pérez, de 41 años, dice que vive legalmente en el país, pero que se preocupa por sus sobrinas, de 16 y 18 años, cuya condición migratoria es irregular. Después del discurso del presidente, la mujer tiene esperanzas de que sus sobrinas puedan alcanzar sus sueños.
“Van a tener una oportunidad de ser lo que quieren ser y de recibir una educación”, dijo Pérez, quien trabajó en el campo y ahora estudia para recibir su certificado de secundaria.
Cerca de una veintena de personas se reunieron en San Diego para mirar el discurso. Aplaudieron al final del mensaje del presidente, y después tuvieron la oportunidad de preguntar a asesores legales sobre los cambios anunciados por Obama; los inmigrantes en California podrían ser los más beneficiados por las acciones del presidente.
Aquellos que han estado en el país de manera ilegal más de cinco años y que tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, pueden recibir exención de deportación durante tres años y obtener permisos de trabajo después de aprobar revisiones de antecedentes penales y pagar algunos derechos.
Muchos mexicanos se asentaron en California después que la economía de México colapsó en 1982, y los centroamericanos llegaron en la década de 1980 para escapar de la guerra civil.
Casi 1,6 millones de personas en California serán protegidas de la deportación, comparados con cinco millones a nivel nacional, estimó el organismo independiente Migration Policy Institute.
Las medidas anunciadas por Obama recibieron elogios de líderes demócratas del estado, entre ellos el gobernador Jerry Brown y el alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti.
Brown dijo en un comunicado que el presidente “salió a defender a las familias trabajadoras de Estados Unidos” ante el estancamiento en Washington, pero exhortó al Congreso a “terminar el trabajo” con la aprobación de una reforma migratoria.
Pero, no todos los californianos estaban celebrando. El alcalde de Escondido, Sam Abed, que ha promovido políticas locales para reducir la inmigración ilegal en esa ciudad de 150 mil habitantes, dijo que no vería el discurso de Obama, “éste presidente le ha fallado al país. Le ha fallado a la ley”, dijo, “es abuso de poder. Esto debería ser hecho por el Congreso”.
Abuso de poder: republicanos
También el Partido Republicano salió a replicar contra el presidente Obama luego del anuncio de la regularización masiva de inmigrantes indocumentados. La primera acción ha sido recurrir al poder judicial; una amenaza que llevaba mucho tiempo.
Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han presentado este viernes una demanda contra la Administración de Obama por abusar de su poder ejecutivo al imponer de manera unilateral su reforma sanitaria, Obama Care, reportó el diario The New York Times.
La demanda ha sido presentada contra las secretarías de Salud y Servicios Humanos, mientras que el Departamento del Tesoro acusa a la Administración de aplazar ilegalmente el requisito de que las grandes empresas, aquellas con más de 50 empleados, ofrezcan cobertura sanitaria a sus empleados a jornada completa o paguen multas.
En julio de 2013 se aplazó este requisito hasta 2015 y siete meses después volvió a aplazarse hasta 2016 para aquellas empresas que tuvieran entre 50 y 99 empleados.
Asimismo, la demanda, según el diario, contesta la entrega por parte de Obama de unos 175 mil millones de dólares a las aseguradoras en virtud de la Ley de Atención Asequible, dinero, que según la Oficina de Presupuestos del Congreso, será pagado a las aseguradoras en los próximos diez años, si bien los fondos no han sido asignados por el Congreso. En su denuncia, los republicanos argumentan que se trata de una transferencia ilegal de fondos.
Este punto incluye los subsidios conocidos como reducciones al reparto de costes, que el Gobierno federal paga a las aseguradoras en nombre de las personas de quienes sus ingresos van desde los contemplados como los más pobres hasta dos veces y media ese umbral, es decir, de 11 mil 670 a 29 mil 175 dólares al año.
Según explica el New York Times, si la demanda procede los más pobres no perderán su derecho a la atención médica, ya que las aseguradoras deberán seguir ofreciendo la cobertura, pero sin la ayuda del subsidio del Gobierno, por lo que podrían verse obligadas a subir los costes en otros seguros.