¡Nadie impide la anarquía!
Félix Fuentes
Casi cuatro meses tardó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en ofrecer su veredicto sobre la cruenta matanza de Tlatlaya, Estado de México. E hizo saber que 15 de las 22 víctimas fueron ejecutadas por miembros del Ejército mexicano.
La masacre asombra al mundo y sucedió la madrugada del 30 de junio pasado. La CNDH hizo público su dictamen el 21 de octubre anterior.
El escalofriante suceso pudo ser investigado en dos o tres semanas a lo máximo y no esperar que un medio nacional y dos extranjeros lo dieran a conocer en toda su magnitud.
En ese lapso, mucha gente supuso que autoridades locales, de la PGR y la propia CNDH retardaron las pesquisas para evitar culpas a las fuerzas armadas. Incluso afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que para el Ejército constituía un caso “excepcional”.
Casualmente, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, dio a conocer los resultados de su investigación horas antes de que concluyera su mandato al frente de ese organismo, e intentara su reelección.
Plascencia enfatizó que 15 de los 22 civiles fueron ultimados cuando ya se habían rendido o estaban desarmados.
El ombudsman no informó a qué se dedicaban las víctimas. Un informe extraoficial indica que la mayoría, alrededor de 40, procedía de Tierra Caliente, tanto de Guerrero como de Michoacán, y durante dos años se dedicaron a secuestrar, asesinar y violar a mujeres de todas edades.
Señala la CNDH que dos mujeres se salvaron y estaban amarradas de pies y manos cuando los militares irrumpieron en la bodega donde se encontraban más de 20 delincuentes. El supuesto jefe de ellos soltó su arma, se llevó las manos a la nuca y, se supone, salió ileso del local.
Una de las mujeres gritó llena de horror al ver el cuerpo inerte de su hija, cerca de ella. Los ilícitos cometidos por la banda de facinerosos fueron ignorados, pero a dichas mujeres se les consignó para obligarlas a guardar silencio.
La CNDH ha sido omisa en mucho. O sus investigaciones son lentas e incompletas, o se abstiene de señalar a determinadas autoridades en sus recomendaciones.
En el caso de Tlatlaya fue evidente la lentitud de Raúl Plascencia y por ello era culpado de encubrimiento. De por sí, en México son aplicados los derechos humanos a discreción. A soldados de tropa y policías rasos les dictan las sentencias en juicios penales y los jefes de ellos quedan a salvo.
El mismo gobierno federal soslaya actos de autoridad para no ser acusado de violador de derechos humanos. Ejemplos sobran.
En la toma de posesión del presidente Peña Nieto aparecieron de 30 a 40 encapuchados que se dicen anarquistas y se inmiscuyen en las manifestaciones, sean de profesores holgazanes, de paristas del Politécnico, de electricistas jubilados o de normalistas.
Los anarquistas abren casetas en las autopistas y cobran 50 pesos a cada conductor “para la causa” de los desaparecidos de Ayotzinapa, y nadie, ¡nadie! impide esa anarquía… por temor a los derechos humanos.