Carlos A. Flores
Ayotzinapa desnuda a México por no cumplir a cabalidad las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, además, por establecer en su propia Constitución reservas a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano, en noviembre de 2009, por graves violaciones a los derechos humanos en el paradigmático caso de Rosendo Radilla Pacheco.
Uno de los puntos resolutivos de dicha sentencia tiene que ver con las obligaciones de México de asumir estándares de derecho internacional en la investigación y sanción del delito de desaparición forzada y, en particular, actualizar el contenido del artículo 215-A del Código Penal Federal.
La Corte de San José consideró que el mencionado artículo es defectuoso dado que su autoría se restringe sólo a la actuación de servidores públicos, lo cual impide castigar a todas las personas o grupos de personas que actúen con el apoyo, autorización o aquiescencia del Estado. Hasta el momento, México reporta el incumplimiento de esta obligación internacional.
Por otra parte, el Estado mexicano forma parte integrante del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El Estatuto contiene el tipo penal denominado “crímenes de lesa humanidad” y en particular clarifica los conceptos de “ataque a la población civil”, “exterminio”, “desaparición forzada de personas”, “persecución” y “tortura”.
Es muy grave que México haya omitido actualizar su legislación interna para adoptar el amplio catálogo de conductas punibles especificadas en el Estatuto de Roma.
Pero es un escándalo que el párrafo séptimo del artículo 21 de la Constitución mexicana reserve al Ejecutivo Federal, con la aprobación del Senado “en cada caso”, la atribución de reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Si bien es cierto que la jurisdicción de la Corte de La Haya es complementaria de la jurisdicción penal mexicana, también lo es que nuestro sistema jurídico no es el óptimo para castigar las violaciones graves de derechos humanos.
México exhibe la cara de una nación que promete prosperidad económica a raíz de sus reformas estructurales; pero también deja ver, por otra parte, el rostro siniestro de un país que no protege, ni le importan, los derechos humanos de su población civil.
@CarlosAFlores