Inmoral interpretación de los ministros
Donde hay poca justicia
es un peligro tener razón.
Francisco de Quevedo
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
El 23 de febrero de 1936, el general Lázaro Cardenas colocó en el predio de la Plaza del Volador la primera piedra del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acto con el que se refrendó la independencia de este poder republicano.
Concebida por el arquitecto Antonio Muñoz García, la ornamentación de los paneles del vestíbulo central se encomendó al muralista jalisciense José Clemente Orozco, quien dedicó dos de ellos a La justicia y los otros dos a Las riquezas nacionales y a Los movimientos sociales, generando en este conjunto muralístico motivos suficientes de reflexión en torno a los valores universales plasmados con el vigor y profundidad que caracterizan la singular obra del prestigiado pintor.
La visión crítica de Orozco plasmó puntualmente los deleznables vicios que enturbian y prostituyen la justicia anhelada por el pueblo, la cual es víctima de oportunistas que desde las tribunas legislativas —como bien lo denunció don Ignacio Ramírez— aprueban leyes que dejan insatisfecho al pueblo, leyes que rehúyen el plebiscito y el referéndum popular como una forma simple para resolver la problemática social, como sentenció el incendiario Constituyente en 1856.
Esta lapidaria frase de El Nigromante adquiere una vigencia irrefutable ante la inmoral interpretación con la que la mayoría de los ministros de la Corte declararon improcedente el derecho popular a ser consultados sobre el fatal destino del patrimonio energético de la nación, sujeto ahora por “reformas estructurales” a leyes del mercado para cuyos depredadores los únicos valores existentes son los que cotizan en las Bolsas financieras.
Resulta más que evidente que el mensaje pictórico plasmado por Orozco, a través del cual se magnifica la expropiación petrolera como un acto supremo de soberanía cobijado por el lábaro patrio y el mítico jaguar de las culturas prehispánicas, soberanía defendida por los vigorosos movimientos sociales surgidos al amparo de la Revolución Mexicana, no calaron en el ánimo de los huéspedes temporales del recinto, esos ministros para los cuales la interpretación literal de las engañosas enmiendas de esta LXII Legislatura son ley inexcusable, a sabiendas de que con ellas se desarticuló el entramado constitucional que desde 1814 se forjó en Apatzingán.
Por este simple hecho, hoy resulta imperativo exigir a los ministros de la Corte que entreguen el emblemático edificio al pueblo, a fin de que nosotros sus mandantes —por decreto del artículo 39 constitucional— podamos ejercer el inalienable derecho de reafirmar los principios y valores plasmados en sus muros, que ellos no han sabido interpretar y mucho menos defender.
Esta exigencia la expresamos a sabiendas de la máxima del genial Quevedo, quien advierte sobre lo peligroso que resulta tener razón donde hay poca justicia, como queda claro que actualmente ocurre en nuestra atribulada nación.