CRÓNICA
Hacia la ruta de la ingobernabilidad
Manuel Nava
Chilpancingo.- Mientras los gobiernos federal y del estado de Guerrero han llevado a cabo acciones que dejan entrever la posibilidad de una solución al conflicto político social que afecta el país a partir de los fatales hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, en la práctica termina de darle nuevas dimensiones al problema.
La convulsión se extiende a todas las regiones de Guerrero, lo mismo a Tierra Caliente que a la zona norte, en la Costa Grande y Chica, en la región centro y en la montaña.
Las movilizaciones, bloqueos, tomas de radiodifusoras y saqueos continúan en el interior de Guerrero y la causa de Ayotzinapa sigue sumando apoyos tanto en los centros educativos como en la comunidad artística a nivel nacional e internacional.
Las consignas de normalistas, cetegistas e integrantes de otras organizaciones sociales que se suman a las marchas van subiendo de tono y de miras: “Si Aguirre cayó, Peña Nieto ¿por qué no?”, corean miles y miles de gargantas de enardecidos manifestantes que no dan muestra de cansancio, y en cambio perseveran en su determinación de seguir su movimiento hasta lograr su objetivo: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”
Hasta el cierre de esta edición, sólo existían versiones contradictorias sobre la permanencia con vida o la ejecución de los 43 jóvenes desaparecidos.
En un principio, aún siendo gobernador, Ángel Aguirre alentó las expectativas de encontrar vivos a los 43 normalistas al decir que los cadáveres encontrados en las fosas no correspondían a ellos.
Luego, en el Foro empresarial en Querétaro fue Miguel Alemán quien también planteo esa posibilidad.
A unas horas de haber rendido protesta Rogelio Ortega, gobernador de Guerrero, dijo en una entrevista que: “Hay indicios de que pueden estar vivos. Los propios estudiantes de Ayotzinapa me han dicho que siguen con vida”.
“Son indicios, pero sí hay una alta probabilidad de que estén vivos, yo confío en ello”, insistió.
Unas horas más tarde se corrigió: “Hay que prepararse para cualquier escenario del desenlace que pueda suceder por el caso de los 43 normalistas desaparecidos”.
Pero todavía la mañana del 5 de noviembre volvió a decir: “Se han acercado a mi jóvenes egresados que me han dicho que los vieron en Telolopan y en Coetzalan y que de ahí se dividieron. Tenemos la idea de que se mueven, es una esperanza”, podrían estar vivos porque hay testigos que los sitúan en dichas localidades.
La detención de José Luis Abarca y su esposa se planteó como una posibilidad de tener certeza sobre el paradero y resolver el conflicto, pero en la conferencia de prensa de la PGR no se dieron datos al respecto.
La obligación de procurar justicia respecto de un caso de desaparición forzada no culmina con la captura de los autores intelectuales, sino con el esclarecimiento del paradero de las víctimas y la sanción de todas las personas responsables”, señaló Amnistía Internacional en un comunicado.
Los padres de familia se aferraron a la exigencia de “los queremos vivos”, y manifestaron su incredulidad ante las ofertas gubernamentales. El argumento fue resumido por los padres de los normalistas en una frase: nos prometen todo pero no tienen nada.
Una lectura inicial de la designación de Rogelio Ortega como gobernador sustituto es que, al provenir de esos grupos de extrema izquierda, pudiera ser un interlocutor válido para plantear vías de solución, pero también se obstaculiza la posibilidad del dialogo.
Luego entonces su tarea sería entablar un diálogo franco, abierto y transparente como mediador en medio del descontento popular se vive en el estado, por lo cual debe tender los puentes necesarios con los normalistas y el magisterio, primeramente para localizar con vida a los 43 normalistas.
El 3 de octubre, Ortega Martínez señaló que hay grupos radicales que obstaculizan las vías del dialogo, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y algunos de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (Ceteg). Ellos han impedido que se realice una reunión y el diálogo con los normalistas, pero es un solo sector el que se opone a las pláticas.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, reviró diciendo que el “linchamiento mediático” contra esa organización es para justificar la falta de acercamiento con los padres de familia, “no es digno de un gobernador que dice estar del lado de la lucha social”.
Al comparar el Centro Tlachinollan con grupos radicales, el gobernador tuvo una actitud simplista, puso en riesgo a los defensores y no ayuda al tema central, que es la presentación de los desaparecidos, dijo.
También René Fuentes Antúnez, integrante de la dirigencia colectiva de la Ceteg, dijo que tanto el gobierno federal como el estatal han estado filtrando a los medios versiones falsas de que miembros de su organización tienen vínculos con los grupos subversivos como el EPR y el ERPI, y rechazaron un diálogo con Rogelio Ortega, a quien acusaron de haber emprendido una guerra sucia en contra de esta agrupación para vincularlos con la guerrilla.
Además afirmó que hasta el momento ni el gobernador ni algún otro funcionario se han acercado a dialogar con ellos, pero aclaró que las organizaciones que están en la Asamblea Nacional Popular (ANP) no quieren un acercamiento con él, según se acordó en la reunión del fin de semana.
A su vez, normalistas de Ayotzinapa aseguraron que desconocen al Gobernador interino de Guerrero como interlocutor en el conflicto estudiantil.
Durante su mitin informativo efectuado en Acapulco lamentaron que el mandatario los acuse de ser manipulados por grupos cuando ni siquiera se ha acercado para dialogar. Asimismo, amagaron con continuar con protestas más radicales si no aparecen con vida los 43 normalistas.
Si se pensaba que con el relevo en la gubernatura del estado y la aprehensión de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, habría condiciones propicias para el dialogo, la realidad pinta por el lado contrario.
El 5 de noviembre maestros y normalistas realizaron bloqueos simultáneos en diferentes carreteras del estado de Guerrero, como la autopista del Sol (México-Acapulco); Acapulco-Zihuatanejo (Costa Grande), Acapulco Pinotepa Nacional (Costa Chica) y Chilpancingo-Tlapa.
Un día antes, alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) e integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) cerraron los centros comerciales de Galerías Acapulco y Galerías Diana. La toma duró alrededor de seis horas.
Ese mismo día en Chilpancingo, Integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) tomaron la tienda de autoservicio Comercial Mexicana por más de cuatro horas, y dos camiones de empresas privadas —uno de la Coca Cola y otro de Marinela—, los cuales vaciaron para repartir los productos entre transeúntes que esperaban el transporte público, a unos metros de la Comercial Mexicana.
El 3 de noviembre, luego de más de dos horas de reunión entre funcionarios federales, encabezados por Monte Alejandro Rubido García, comisionado nacional de Seguridad Pública, y los padres de familia de los 43 jóvenes normalistas, los tutores salieron molestos y sólo dijeron: “otra vez nos hicieron perder el tiempo y no hay avances”.
La reunión comenzó cuatro horas después. Luego de advertir que ellos mismos podrían ir contra la delincuencia organizada para localizar a sus hijos, padres de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa se levantaron de la mesa de diálogo con autoridades federales, porque no les presentaron avances de la investigación sobre su localización.
Uno de los señores, que se identificó como un padre adolorido, denunció: “es triste y vergonzoso lo que hacen con nosotros por ser pobres y campesinos, exigimos que nos los regresen, o nosotros mismos vamos a hacer justicia con nuestras propias manos”.
El 2 de noviembre, normalistas y maestros cerraron durante 7 horas la plaza comercial Galerías Chilpancingo y los centros de autoservicio Aurrerá y Comercial Mexicana.
Ante el temor de la llegada de maestros y normalistas, las tiendas comerciales bajaron las cortinas de sus principales accesos y reservaron una puerta para la entrada y salida de los clientes, donde los trabajadores colocaron tarimas listas para impedir el acceso de los manifestantes y evitar que sacaran los productos y los regalaran, como ocurrió el 25 de octubre.
Además el 1 de noviembre, alumnos de la Metropolitana tomaron tres radiodifusoras en la capital del estado para pedir a la población que se levante y alce la voz contra la impunidad, la corrupción y los narcogobiernos, como lo han hecho desde hace 30 días los estudiantes de Ayotzinapa.
A las 11:30 de la mañana, cerca de cien universitarios ingresaron a Radio Universidad Autónoma de Guerrero, Capital Máxima y ABC Radio, pero sólo en la última estación, después de su mensaje de unos 50 minutos, hicieron un mesa de diálogo con los micrófonos abiertos durante casi tres horas. La mayoría de las llamadas fueron de apoyo al movimiento estudiantil.
El 31 de octubre, en Acapulco, unos 8 mil ciudadanos de diversas organizaciones sociales marcharon con la demanda adicional de la libertad de los presos políticos, como Nestora Salgado, comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, y Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop).
El 30 de octubre, a Chilpancingo llegó un contingente de San Salvador Atenco. El líder Ignacio del Valle Medina acudió a un acto político en el plantón de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac.
En los machetes que caracterizan su lucha en defensa de la tierra, escribieron “Ayotzi somos todos”, “fuera Peña asesino”, “vivos los queremos”, y el dirigente destacó que los normalistas de Ayotzinapa los han acompañado en el Estado de México, junto a las demás normales rurales de la Federación de Estudiantes de Campesinos Socialistas de México (FECSM).
En actividades separadas en los municipios de Atoyac y Tecpan, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaron la caseta de peaje del libramiento Tecpan, e instalaron un retén informativo con boteo en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en Atoyac.
En Zihuatanejo, maestros cetegistas y de la Coordinadora de Exalumnos de Ayotzinapa se manifestaron en el aeropuerto internacional de esta ciudad, como parte de las actividades que llevan a cabo para exigir a los gobiernos estatal y federal la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
Durante dos días, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y policías ciudadanos del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) bloquearon la carretera federal, en la entrada de Xaltianguis.
Al momento del cierre de la edición, el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) mantiene la toma de 22 palacios municipales. Se trata de los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Tecpan, Iguala, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Metlatónoc, Alpoyeca, Copanatoyac, Huamuxtitlán, San Luis Acatlán, Tlapa, Chilapa, Tixtla, Xalpatláhuac, Xochichuehuetlán, Cualac, Olinalá, Ayutla, Mártir de Cuilapan, Atoyac y Malinaltepec.
En el caso de los normalistas, encontrarlos vivos sería la salvación de los involucrados. Lo contrario es, por poco que se desee, la ruta de la ingobernabilidad.